La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresó preocupación ante la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que afectaría al Parque Nacional Jaragua, una las áreas protegidas más importantes, ordenando la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas y disponiendo, en los hechos, la exclusión de ciertas parcelas.
Más allá del fallo jurídico, debemos alertar que esta decisión corre el riesgo de validar históricas pretensiones dirigidas a la apropiación irregular de terrenos en zonas de conservación estricta.
Nos enfrentamos a lo que constituye un entramado sistémico que, a lo largo del tiempo, ha logrado articular a sectores políticos, empresariales y particulares en maniobras orientadas a distorsionar la realidad documental de estos territorios.
Esta persistencia representa hoy la principal amenaza para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y requiere ser frenada con contundencia para evitar la enajenación del patrimonio público.
La Coalición consideró que la decisión judicial plantea riesgos para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y para el cumplimiento de los compromisos constitucionales y ambientales asumidos por el Estado dominicano.
Según la Coalición, de confirmarse el criterio en discusión, se estaría permitiendo que omisiones administrativas de carácter técnico o cartográfico prevalezcan sobre áreas protegidas creadas por ley, lo que supondría una vulneración directa al marco legal que rige el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).
“La protección de las áreas protegidas no puede depender del grado de actualización de un mapa o de un registro administrativo. Las áreas protegidas existen porque han sido creadas por ley y porque cumplen una función ambiental y social esencial para la sostenibilidad”, sostuvo la Coalición en un comunicado.
Las organizaciones advirtieron que esta interpretación, que califican de temeraria, podría abrir la puerta a una judicialización masiva del Sinap, generando incertidumbre jurídica, presión sobre ecosistemas frágiles y una regresión ambiental incompatible con los principios establecidos en la Constitución de la República y en acuerdos internacionales suscritos por el país, particularmente el derecho colectivo a un medio ambiente sano.
Asimismo, reiteraron que el desarrollo económico y turístico debe ser compatible con la conservación ambiental y subrayaron que cualquier revisión del régimen de áreas protegidas debe realizarse exclusivamente por la vía legislativa, con sustento científico, participación pública y pleno respeto a la Constitución y a los compromisos internacionales del Estado dominicano.
En ese contexto, la Coalición manifestó su disposición de constituirse en interviniente voluntaria en los procesos judiciales pertinentes, con el objetivo de revertir lo que consideran un desatino jurídico.
También hizo un llamado a las instancias judiciales competentes para que, al conocer los recursos correspondientes, ponderen los derechos colectivos, el principio de no regresión ambiental y el interés público.
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