El presidente Luis Abinader declaró de utilidad pública e interés social varios terrenos ubicados dentro del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, en la provincia San Cristóbal, con el objetivo de facilitar su adquisición y fortalecer la protección de uno de los principales patrimonios arqueológicos y ambientales del país.
La medida, contenida en el Decreto 393-26, ampliar el control sobre un área protegida, dispone que los terrenos comprendidos dentro de la parcela 405 del distrito catastral número 2 del municipio San Cristóbal puedan ser adquiridos por el Estado mediante los mecanismos previstos en la legislación vigente.
Según la disposición, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispondrá de los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de compra y, en caso de no alcanzarse un acuerdo con los propietarios sobre el valor de las propiedades, podrá iniciar los procedimientos legales correspondientes para concretar la adquisición.
La normativa también instruye a la Dirección General de Bienes Nacionales, al Abogado del Estado y al Registro de Títulos a ejecutar las actuaciones administrativas y jurídicas necesarias para materializar la disposición presidencial.
Un enclave de alto valor arqueológico y ecológico
Las Cuevas del Pomier constituyen uno de los complejos de arte rupestre más importantes del Caribe, con cientos de pictografías y petroglifos atribuidos a poblaciones prehispánicas. Además de su relevancia histórica, el área forma parte del sistema nacional de áreas protegidas por su riqueza ecológica y científica.
Durante años, organizaciones ambientales y sectores académicos han advertido sobre los riesgos derivados de actividades extractivas y otras intervenciones en el entorno del monumento natural, lo que ha generado debates sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de conservación.
Expropiación bajo el marco legal vigente
El Decreto 393-26 fundamenta la declaratoria de utilidad pública en la Ley 492 de 1969 y en las disposiciones que reconocen las Cuevas del Pomier como patrimonio nacional.
La figura de utilidad pública permite al Estado adquirir bienes considerados necesarios para un interés colectivo, siempre mediante los procedimientos legales establecidos y garantizando las indemnizaciones correspondientes cuando procedan.
La emisión del decreto se produce en un contexto en el que diversos sectores han reclamado mayores acciones para preservar las Cuevas del Pomier frente a las amenazas ambientales y garantizar la integridad de un espacio considerado fundamental para el estudio de las culturas originarias de la isla y la conservación de la biodiversidad de la zona.
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