Anular un premio es anular la confianza

Hay decisiones que, más allá de su efecto inmediato, erosionan la credibilidad de las instituciones y dejan una marca indeleble en la memoria cultural de un país. La anulación del premio otorgado al artista David Pérez Karmadavis, por su obra Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer, en la Bienal Nacional de Artes Visuales de la República Dominicana, pertenece a ese tipo de decisiones que hieren no solo a un creador, sino a toda una comunidad artística. Se trató de un gesto innecesario, inconsulto y, sobre todo, contrario al espíritu mismo de la Bienal: reconocer la libertad, el riesgo y la independencia del arte.

Un premio bien otorgado —como lo fue este, avalado por el jurado y enmarcado en las reglas del certamen— constituye un acto de legitimación simbólica. No es solo dinero o diploma: es confianza, es validación del proceso, es respeto al criterio técnico y estético de los que juzgan. Por eso, anular un premio sin consultar al Comité Organizador ni convocar a una discusión pública es una forma de romper el pacto de confianza que sostiene cualquier certamen cultural. Y lo grave no está solo en el hecho, sino en el modo: en la manera opaca, administrativa y vertical con que se procedió, sin la transparencia que exige un evento de la envergadura de la Bienal Nacional.

Yo no hablo aquí desde la cólera, sino desde la preocupación. Porque si el arte es un territorio de libertad, la institución que lo acoge no puede comportarse como un tribunal sumario. La decisión de revocar el premio a David Pérez Karmadavis no fue un acto de justicia, sino de desconfianza hacia los propios mecanismos que el Ministerio de Cultura había establecido. ¿De qué sirve convocar un jurado, un comité, un reglamento, si al final una autoridad externa puede revertir el veredicto sin rendir cuentas? Esa pregunta, incómoda pero inevitable, debería resonar en todo el ámbito cultural dominicano.

El caso tiene un matiz simbólico casi trágico. La obra de Pérez —Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer— habla, justamente, de la capacidad de regeneración, de lo que insiste en brotar incluso después de no haber sido arrancado. Y fue precisamente eso lo que hizo la institución: arrancar de raíz el reconocimiento, como si temiera el crecimiento de lo que había germinado. Ironías del destino: el mensaje de la obra se volvió una profecía involuntaria del propio destino del premio. La pieza hablaba de persistencia, y fue el poder burocrático el que no soportó esa persistencia.

La Bienal Nacional de Artes Visuales es, o debería ser, el espacio más alto del arte dominicano. Un laboratorio simbólico donde convergen generaciones, estéticas, debates y memorias. Su legitimidad no proviene de los premios en sí, sino del respeto que despierta el proceso que los otorga. Por eso, cuando una autoridad política o administrativa irrumpe y decide anular una decisión sin consultar al Comité Organizador, sin una rueda de prensa que explique los motivos, sin un diálogo con los jurados, lo que se anula no es un premio: es la credibilidad del sistema entero.

Lo que más duele en este episodio no es solo la injusticia cometida con un artista, sino el precedente que deja. Desde ahora, cualquier creador que participe en la Bienal podría preguntarse: ¿será respetado el fallo del jurado? ¿O bastará un cambio de criterio ministerial para borrar lo decidido? Ese tipo de incertidumbre es letal para la confianza, que es la materia invisible con la que se construye toda institucionalidad cultural. Y sin confianza no hay sistema, ni jurado, ni futuro.

El Comité Organizador de la Bienal, al ser ignorado, fue simbólicamente despojado de su autoridad moral. Y eso es grave, porque ese comité representa la columna vertebral del certamen: los que piensan su curaduría, los que articulan los criterios, los que establecen las bases de legitimidad. Pasar por encima de ellos equivale a desmontar el andamiaje profesional sobre el que descansa la Bienal. Una Bienal sin autonomía es apenas una exposición tutelada por la burocracia, y eso no le sirve ni al arte ni al país.

Yo he insistido muchas veces en que el problema del arte dominicano no es de talento ni de creatividad —sobra de ambos—, sino de institucionalidad. Hay una fragilidad estructural en el modo en que se toman las decisiones culturales, una tendencia a la improvisación y al manejo discrecional de los procesos. Lo ocurrido con el premio de David Pérez Karmadavis no es una excepción, sino un síntoma: la ausencia de una cultura de consulta, de deliberación y de responsabilidad pública. En vez de construir sobre el consenso, se actúa desde el decreto; en vez de explicar, se impone; en vez de dialogar, se calla.

Una Bienal que se respete a sí misma debe asumir su propia autoridad. Y el Ministerio de Cultura, que es su garante, debe proteger su independencia, no intervenirla. Cuando las decisiones artísticas se subordinan a las lógicas del poder político o a los temores administrativos, el arte deja de ser libre y el Estado se convierte en su censor involuntario. Lo que necesitamos es lo contrario: instituciones que amparen la libertad, que no teman al disenso ni a la experimentación. Porque el arte, por naturaleza, incomoda. Y si la Bienal no soporta la incomodidad del arte, ¿para qué existe?

Anular un premio es anular también un tiempo de trabajo, un esfuerzo creativo, un proceso de reflexión. Es borrar el rastro de una legitimidad que ya había sido ganada. Pero es, sobre todo, una forma de decirle al artista que su esfuerzo no tiene garantías, que su mérito puede ser invalidado por una decisión unilateral. Eso, en términos simbólicos, equivale a desmantelar la confianza en toda una comunidad. Y la confianza, cuando se pierde, no se decreta: se reconstruye lentamente, con hechos, con transparencia, con humildad institucional.

Por eso insisto: no bastará una rectificación formal o un comunicado tardío. Lo que debe nacer de este episodio es una reflexión estructural sobre la gobernanza cultural en la República Dominicana. Debe establecerse, con claridad, la autonomía de los jurados y comités de selección. Debe haber un protocolo público para casos de controversia. Debe existir la obligación de informar —en conferencia de prensa, no en nota administrativa— cualquier decisión que modifique el fallo de un jurado. Solo así la Bienal podrá recuperar su autoridad y su prestigio.

El daño causado no es irreversible, pero sí profundo. El arte tiene esa condición paradójica: es frágil y resistente a la vez. Lo que no se intenta arrancar,  en este caso, paradójicamente,  puede volver a crecer, como sugiere el título de la obra premiada y luego negada. Pero el proceso será más lento, porque ahora el terreno está herido. Recuperar la confianza tomará tiempo, y ese tiempo debe ser aprovechado para reconstruir la ética de nuestras instituciones culturales.

El arte dominicano merece un entorno más serio, menos voluble. No se puede pedir excelencia a los artistas y mediocridad a las estructuras que los juzgan. No se puede exigir entrega y luego traicionar la palabra dada. No se puede llamar Bienal Nacional a un evento que no respeta sus propios reglamentos. Porque una Bienal, más que una exposición, es una promesa: la promesa de que la creatividad será escuchada y valorada con justicia. Y cuando se rompe esa promesa, no solo se pierde un premio; se pierde una parte de la fe en la cultura.

Este episodio —triste, torpe y evitable— debería quedar como una advertencia para el futuro. Que nunca más se repita un acto semejante. Que se devuelva a los jurados su voz y a los artistas su dignidad. Que se entienda, de una vez por todas, que anular un premio es anular la confianza, y que sin confianza ninguna Bienal, ningún ministerio, ninguna institución cultural podrá sostenerse. Porque la raíz de todo sistema artístico no es el dinero, ni el poder, ni la firma de un funcionario: es la fe en el proceso. Y si esa fe se arranca, nada vuelve a florecer del todo.