Rafael Ramírez (Caracas, 1963) fue durante años uno de los hombres más poderosos de Venezuela.
Designado presidente de la petrolera estatal, PDVSA, por el entonces presidente Hugo Chávez en 2004 y ministro de Petróleo el año siguiente, fue una figura clave en la época de mayor bonanza económica del chavismo.
Chávez hizo de PDVSA una de las banderas de su gobierno y gracias a los altos precios del petróleo y los ingresos de las exportaciones petroleras, pudo financiar ambiciosos programas sociales que contribuyeron a sus éxitos electorales.
Pero aquel castillo acabó desmoronándose, en medio de acusaciones de mala gestión y de corrupción.
La compañía acumuló deudas que no pudo pagar, sufrió el éxodo de su personal cualificado y la producción se desplomó de los 3,7 millones de barriles diarios que generaba antes de la llegada del chavismo al poder a los menos de 400.000 que fijaron su mínimo histórico en 2020.
Ramírez presidió PDVSA hasta 2014 y fue uno de los ministros más duraderos de Chávez. Después de morir este, se enfrentó con su sucesor, Nicolás Maduro, y en 2017 renunció a su cargo de embajador de Venezuela ante la ONU "a solicitud del presidente", en medio de una ola de detenciones de altos funcionarios de la petrolera acusados de corrupción.
Desde entonces, ha vivido exiliado en Italia, donde se mantiene a salvo de las órdenes de arresto emitidas por las autoridades venezolanas.
Él dice que no tuvo "ninguna responsabilidad" en el mal manejo de la compañía, del que culpa a Nicolás Maduro y sus gobiernos, y asegura que todas las acusaciones son impulsadas desde Venezuela por sus rivales políticos.
Desde Roma conversó con BBC Mundo sobre el reciente acuerdo alcanzado entre Donald Trump y Delcy Rodríguez por el que Venezuela cede a Estados Unidos por 100 años los derechos de 17 yacimientos petrolíferos venezolanos con unas reservas estimadas de unos 65.000 millones de barriles, según anunció la Casa Blanca.
La explotación la llevará a cabo la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), una petrolera privada hasta ahora controlada por Alejandro Betancourt, un polémico empresario venezolano que hizo su fortuna en los años de Maduro en la presidencia y que es investigado en España y Suiza por supuesto lavado de dinero y malversación de fondos de PDVSA.
Según anunció la Casa Blanca, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa de Estados Unidos pasará ahora a tener una participación en NABEP y se asegurará la compra de crudo venezolano a precio de coste.
El acuerdo ha sido cuestionado dentro de Venezuela por quienes aseguran que viola la Constitución venezolana, que reserva al Estado la propiedad de los hidrocarburos, y quienes creen que la presidenta interina Delcy Rodríguez ha cedido un recurso estratégico solo para mantenerse en el poder.
Ramírez es uno de ellos.
¿Qué opina de lo que hemos conocido hasta ahora del acuerdo sobre el petróleo alcanzado por los gobiernos estadounidense y venezolano?
Es un acuerdo lesivo, muy malo para nuestro futuro como país petrolero, porque se está cediendo la soberanía sobre más del 23% de nuestra reserva.
Y se está otorgando a una empresa recién creada y sin ninguna experiencia el manejo de una parte que ahora es mayor a la producción petrolera venezolana.
Está claro que hay que verlo en el marco del tutelaje norteamericano sobre nuestro país que se inicia tras la intervención militar del 3 de enero. Como no hubo respuesta del ejército venezolano y el gobierno que quedó le dijo a Trump que haría lo que ellos dijeran, inmediatamente los Estados Unidos comenzaron a controlar el petróleo.
Lo primero que hizo Trump fue tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano y nadie sabe a cuenta de qué se lo tomó. Luego, el 9 de enero hicieron la orden ejecutiva, por la que todos los recursos provenientes de la venta del petróleo venezolano irían a un banco del Tesoro norteamericano. A mes de julio se han vendido 222,7 millones de barriles, lo que significa que US$16.200 millones están en ese fondo.
El gobierno de Rodríguez, que es un gobierno transitorio y, de acuerdo con la Constitución, ha debido convocar elecciones en los seis meses posteriores a la falta absoluta del presidente, está tomando estas decisiones. En enero derogó la ley del petróleo de 2002 e hizo una ley a la medida de Estados Unidos en la que Venezuela renuncia al control de la producción, procesamiento y mercadeo de su petróleo.
Es decir, en términos de política petrolera, retrocedimos a la época de Juan Vicente Gómez de principios del siglo XX, en la que el dictador para mantenerse en el poder, le entregó el país a compañías como la Standard Oil y la Shell.
Entonces es muy malo.
Efectivamente, el acuerdo ha sido criticado por quienes ven en él una cesión de soberanía, pero ya desde la época de Chávez, en la que usted fue ministro, se vendía petróleo a bajo precio a países aliados como Cuba a través de esquemas como Petrocaribe. ¿Eso no era entregar los recursos de la nación?
No, mire, cuando yo llegué a ministro el petróleo se vendía con descuento de 40% a Estados Unidos, sencillamente porque Venezuela había adquirido Citgo y nosotros establecimos que el petróleo venezolano se vendía a precio de mercado. Todo el petróleo se vendía a ese precio, incluido el de Cuba y Petrocaribe.
Luego el gobierno venezolano le dio facilidades de pago a Cuba y a Petrocaribe. Eso es un problema del gobierno, pero el petróleo se vendió siempre a precio de mercado.
¿No había descuentos para Cuba?
Ninguno. Se le vendía al mismo precio que a Estados Unidos o a otros compradores.
*Análisis económicos independientes cuestionan esta afirmación. Cuba y Venezuela firmaron en 2000 un acuerdo energético cuyos detalles nunca se han hecho públicos y ambos países forman parte de Petrocaribe, un acuerdo regional que permitía a los estados adheridos obtener crudo venezolano mediante préstamos a largo plazo y bajo interés. Según informes publicados por la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, un centro de análisis con base en Estados Unidos, en la práctica se tradujo en un descuento del 16% para los importadores y Cuba se benefició de un esquema de trueque por el que compensó a Venezuela principalmente mediante el envío de personal médico y deportivo.
Numerosos reportes han informado durante años que Cuba recibía petróleo de Venezuela con descuentos. De otra manera, hay dudas de que hubiera podido conseguir petróleo. De hecho, tras la detención de Nicolás Maduro y la interrupción de las exportaciones venezolanas, vive una crisis energética total.
La situación de Cuba es distinta y ahora hay un bloqueo por el que nadie le puede vender. Este acuerdo nos arrebata el control de nuestras reservas. Ningún país petrolero del mundo, ni Canadá, ni México, ni Estados Unidos, ni los del Golfo, aceptarían que otro país tome el control de esa cantidad de reservas.
Esto ya no es un tema, ni siquiera político, de si eres chavista o antichavista; es un tema nacional.
Vamos a ponerle números. Dice Delcy Rodríguez y la declaración de la Casa Blanca del día de hoy (martes) que se van a obtener US$200.000 millones en ingresos fiscales en 25 años.
En mi gestión, nosotros entregamos US$500.000 al fisco venezolano solo en 10 años. Y eso es lo que permitía que la economía venezolana se mantuviera a flote, porque Venezuela es un país petrolero. (Es una cifra que Ramírez ha dado en otras entrevistas y se acerca a los US$480.000 millones de ingresos fiscales que el economista Francisco Monaldi, de la Rice University, estima para el periodo 2004-2014)
Lo que está pasando en Venezuela es muy similar a lo que pasó en Irak. Cuando la invasión, Estados Unidos estableció el fondo de reconstrucción de Irak.
Desde entonces, Estados Unidos controla todas las exportaciones iraquíes, cuyos ingresos van a un fondo del Tesoro en Nueva York y eso se mantiene hasta ahora, 23 años después de la guerra. Entonces es terrible porque ves como quedan los países. Irak es un país dividido con milicias y conflictos, y eso que produce 4 millones de barriles.
Para los países petroleros es fundamental el control sobre el petróleo. Más para Venezuela, donde tenemos por delante inmensas tareas para tratar de reconstruir nuestro país.
Llama la atención que durante los años en los que usted estuvo al frente de PDVSA el país tuvo ingresos petroleros extraordinarios por el alto precio del petróleo entonces y ahora nos encontramos con que una compañía que era un referente mundial no tiene la capacidad para extraer el petróleo que hay en el país. ¿En qué medida son usted y los gobiernos de Hugo Chávez responsables de la situación actual?
Venezuela estuvo produciendo 3 millones de barriles de petróleo hasta el 2013. Cuando yo le entregué la empresa a Nicolás Maduro, producía tres millones de barriles y exportábamos 2.400.000. En 2019, cuando se imponen las sanciones norteamericanas, PDVSA estaba produciendo 770.000.
Es decir, en solo unos años había perdido 2 millones de barriles de capacidad y ese es el origen de la terrible crisis económica de Venezuela.
Eso es lo que se conoce en el medio petrolero como el colapso de la producción petrolera. Yo no tuve ninguna responsabilidad en ello. De hecho, yo fui víctima de eso. Nicolás Maduro nos persiguió y metió a más de 150 trabajadores presos.
En 2018 privatizó PDVSA con el decreto 368, en el que entregó sus campos a privados sin capacidad alguna. Entonces la producción era ya solo del 30% de lo que producíamos en mi época.
Hay otros datos de su gestión al frente de PDVSA. En esos años, la deuda de la compañía se multiplicó por más de 20 y llegó a los US$65.000 millones. Tal vez el derrumbe definitivo de la compañía se produjo cuando ya no estaba usted al frente, pero la opinión generalizada es que su gestión contribuyó a que esto pasara. Ha sido acusado de mala gestión y de corrupción en diferentes instancias. La Asamblea Nacional venezolana dijo que durante su gestión se produjo un desfalco de US$11.000 millones de PDVSA, la Fiscalía venezolana lo acusó de dilapidar recursos de la compañía y su nombre ha aparecido en casos de desvío de fondos de la compañía que se investigan en Andorra. ¿De veras no tiene ninguna responsabilidad en la situación actual?
No, para nada. Mis acusadores son los elementos responsables de la violación masiva de derechos humanos en mi país, gente como Tarek William Saab (fiscal general de Venezuela) que ha sido un instrumento de persecución política del gobierno de Nicolás Maduro.
No tengo conflicto con nadie en el mundo en el ámbito judicial. Los únicos perseguidores míos han estado en Venezuela porque es un tema político.
El tiempo me ha dado la razón porque advertí que sucedería lo que está pasando.
El país ha sufrido las consecuencias de la pésima gestión del gobierno de Maduro y de Delcy Rodríguez, que fue su mano derecha durante todos estos años.
Sea como sea, el hecho es que PDVSA no está en condiciones de extraer el crudo que hay en Venezuela. Washington ha anunciado una cifra de US$100.000 millones de inversión que llegaría con la empresa propiedad de Alejandro Betancourt. ¿Cree que de veras va a llegar esa inversión con el acuerdo?
No, Alejandro Betancourt es una persona que no tiene ninguna trayectoria en el sector petrolero, ninguna.
Si los estadounidenses hubieran hecho este trato con la Exxon o con la Chevron, te diría que hay alguna posibilidad, pero NABEP es una empresa de maletín. Ahora es el segundo productor de petróleo en Venezuela, con solo 200.000 barriles, porque tomó control de áreas que eran de PDVSA.
No han incrementado ni un barril la producción, sino que, como pasó después de la caída de la Unión Soviética, han surgido oligarcas que han tomado el control de áreas de la economía que estaban bajo control del Estado.
Betancourt es uno de los operadores del madurismo. No tenemos a los grandes actores como Chevron, ENI o Repsol. No hay detrás un trasfondo petrolero para recuperar nuestra producción.
¿Cree que el acuerdo le servirá a Delcy Rodríguez para consolidarse en el poder pese a las dudas que hay sobre su legitimidad?
No hay dudas; no la tiene. Su gobierno se origina en el fraude del 2024 (Se refiere a las polémicas elecciones presidenciales de ese año, en que Nicolás Maduro fue proclamado ganador sin mostrar las actas electorales, como le exigía una oposición que denunció fraude).
Se robaron las elecciones y luego ella fue designada por Maduro como vicepresidenta.
Luego se llevan preso a Maduro. Si hay ausencia absoluta del presidente, la Constitución dice que tiene que convocar elecciones en 180 días.
Entonces, un gobierno que está en esa transición no puede tomar decisiones tan importantes y determinantes para el futuro del país. Cambiaron la ley del petróleo, cambiaron la ley de oro. Permitieron que los ingresos del petróleo fueran a un fondo administrado por Estados Unidos y ahora hacen esto.
¿Por qué nos van a comprometer si ellos van a salir del poder? Ella intenta quedarse, claro.
¿Está seguro de que van a salir del poder?
Van a salir, sin duda. El pueblo venezolano no aguanta más. No hay forma de que el madurismo gane una elección con un mínimo de condiciones. El problema es que una ley aprobada de esta manera no tiene ninguna legalidad. Por eso las empresas no acudieron cuando Trump les hizo la llamada. Se está comprometiendo nuestro futuro y el próximo presidente, sea del signo que sea, va a tener que manejar esto.
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