Es una decisión que genera polémica y divide opiniones en Argentina, y que llega en un momento especialmente delicado para el país, sumido en una crisis económica.
El presidente Javier Milei firmó un decreto el pasado 29 de septiembre que permite la entrada de contingente militar estadounidense a territorio argentino.
El documento señala que el objetivo de la autorización es la participación de tropas del país norteamericano en la denominada Operación Tridente, "a llevarse a cabo en territorio argentino, en las Bases Navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano y en los espacios destinados para instrucción militar, marítimos y terrestres, entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre de 2025".
La acción del mandatario genera polémica, no solo por las implicancias geopolíticas que este movimiento pueda tener, sino también porque lo hizo sin el aval del Congreso Nacional.
El permiso que se concede al Ejército de Estados Unidos se da mediante un instrumento administrativo, pese a que, según la Constitución argentina, una medida de esa naturaleza requiere previa autorización del Poder Legislativo.
La administración de Milei justifica su decisión en una supuesta "naturaleza excepcional" de la situación que "hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".
El momento en el que es firmado el decreto también genera suspicacia en Argentina. Ocurre a pocos días de que se conociera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comprometió a Milei un contundente plan de apoyo financiero para enfrentar la crisis económica que aqueja a la nación sudamericana.
"Un recurso invaluable"
En el decreto -firmado además por los ministros de Defensa, Luis Petri, el ministro del Interior, Lisandro Catalán y el canciller Gerardo Werthein, entre otras autoridades del Ejecutivo-, establece a que esta es una oportunidad en términos estratégicos y militares para Argentina.
"El Ejercicio Tridente comparte la experiencia acumulada por las Fuerzas Navales Especiales de los Estados Unidos de América en operaciones combinadas, tanto en contextos de combate como en asistencia humanitaria, constituyendo un recurso invaluable para potenciar nuestras capacidades nacionales", detalla el documento.
Y agrega: "Los intercambios de adiestramiento y los entrenamientos combinados ofrecen beneficios tangibles en el fortalecimiento de las capacidades nacionales, la consolidación de alianzas internacionales, la optimización de recursos y la mejora en la interoperabilidad y la integración doctrinal".
El gobierno de Milei recalca que la participación de Argentina en la Operación Tridente "señala su compromiso con la estabilidad regional y la seguridad internacional, mejorando su reputación como socio, y ayudando a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las fuerzas argentinas en futuras operaciones multinacionales".
El decreto, además, enfatiza que "la no participación en el mencionado ejercicio afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos de América".
Según la prensa local, la Armada de Estados Unidos enviaría una dotación del equipo Navy Seal, una de sus unidades militares mejor equipadas.
Por parte de Argentina, según La Nación, intervendrán dos unidades de Fuerzas Navales Especiales, la Agrupación Comandos Anfibios y la Agrupación de Buzos Tácticos; el patrullero oceánico ARA Bouchard, una lancha rápida o patrullera y un helicóptero SH-3 Sea King.
Las críticas
Uno de los primeros en reaccionar a la medida de Milei fue el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien advirtió que "Tierra del Fuego AeIAS (Antártida e Islas del Atlántico Sur) no es moneda de cambio para sus fines electorales. Es la puerta de entrada a la Antártida, es el territorio que protege nuestra reivindicación sobre las Malvinas y sobre todo, es nuestra casa".
"No vamos a permitir que se use para fines que vulneren nuestros derechos y nuestra historia. No se lo vamos a permitir. Vamos a ponerle un freno. No vamos a entregar nuestra soberanía", dijo en un comentario en X.
La percepción de Vuoto también es mencionada en la prensa local.
El diario La Nación señala que "la autorización para el ingreso de las tropas norteamericanas se aprobó en momentos en que se reactivó el interés del gobierno de Trump en el avance de la Base Naval Integrada y un polo logístico antártico en el extremo sur del continente".
Otro elemento que ha sido cuestionado es el costo que estas operaciones supondrán para el Estado.
Según la información disponible, los ejercicios militares que planea el gobierno le costarían unos 60 millones de pesos argentinos (US$ 42.000), los que -en todo caso- serán cargados a partidas presupuestarias ya aprobadas del Ministerio de Defensa.
Durante 2025, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, visitó Argentina dos veces.
En abril estuvo en la Base Naval de Ushuaia y más tarde, en agosto, manifestó su preocupación por la "creciente amenaza de las organizaciones criminales transnacionales.
Según Estados Unidos, estos grupos alcanzan ingresos anuales de US$ 358.000 millones gracias al tráfico ilícito de drogas, armas, personas, recursos naturales y vida silvestre", reportó la agencia de noticias Efe en aquel momento.
En esa misma visita, Holsey alertó sobre la necesidad de una "cooperación decidida" contra la influencia china en el Cono Sur y la región de América Latina en general.
La operación en Chile
El decreto también aprueba la participación del Ejército de Argentina en el Ejercicio Solidaridad, que tendrá lugar en la ciudad de Puerto Varas, en el sur de Chile, entre los días 5 y 11 de octubre de 2025.
Este ejercicio se realiza cada tres años entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones y tiene como objetivo "consolidar la cooperación de ambos países en simulacros de catástrofes naturales, a fin de brindar la ayuda humanitaria correspondiente", según el Ministerio de Defensa argentino.
"La ejercitación binacional está enmarcada en el denominado Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Catástrofes, que Argentina y Chile suscribieron en el año 1997, con el compromiso de trabajar articuladamente en las acciones que emprendan las respectivas naciones en caso de catástrofes de origen natural o provocadas por el hombre", agregan.
El último ejercicio de esta naturaleza tuvo lugar en 2019, en las ciudades de Concepción y Talcahuano, en Chile.
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