El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves por mayoría al expresidente Jair Bolsonaro por participar en un intento de golpe de Estado.
La sentencia aprobada con el voto de 3 de los 5 jueces significa que el exmandatario, de 70 años de edad, podría recibir una pena superior a 40 años de prisión.
Se trata de un fallo histórico, pues nunca antes un exmandatario brasileño había sido condenado por golpismo.
El proceso contra Bolsonaro se vincula con el asalto contra las instituciones brasileñas realizado el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro tomaron por la fuerza el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal y el Palacio del Planalto, en un intento desesperado por hacer inviable el gobierno recién inaugurado de Luiz Inácio Lula da Silva.
Aquel día, Bolsonaro no estaba en Brasil, pues había marchado el 30 de diciembre hacia Estados Unidos para no estar presente durante la toma de posesión de Lula, realizada el 1 de enero.
Bolsonaro ha negado haber tenido alguna relación con esa suerte de alzamiento civil. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Federal vieron ese suceso como parte de un plan más amplio para derrocar a Lula.
De hecho, durante el proceso el exmandatario derechista fue acusado de liderar una conspiración para desacreditar el sistema electoral, atacar las instituciones y desconocer los resultados de las votaciones.
El objetivo final de estas acciones quizá puede resumirse en algunos de los delitos por los que Bolsonaro fue juzgado: tentativa de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho.
De la libertad de Lula a las críticas a las elecciones
De acuerdo con la Procuraduría General de Brasil, el complot golpista empezó a gestarse en 2021, después de que Lula recuperara su libertad y, con ella, su capacidad para postularse a elecciones gracias a que el Supremo dejó sin efecto una condena por corrupción en su contra debido a fallas procesales.
A partir de ese momento, Bolsonaro empezó a criticar de forma sistemática el sistema electoral de Brasil y a poner en duda, sin ofrecer pruebas, la fiabilidad de las máquinas de votación.
Posteriormente, durante sus pesquisas, las autoridades policiales encontraron evidencias de que algunos colaboradores de Bolsonaro evaluaron formas de generar dudas sobre el sistema de votación.
Pese a los esfuerzos por desacreditar las elecciones, las votaciones se llevaron a cabo con normalidad en octubre de 2022 y Lula logró imponerse al obtener en la segunda vuelta el 51% de los votos frente al 49% conseguido por Bolsonaro.
Entonces, el aún mandatario en ejercicio se encerró en la residencia presidencial, donde permaneció por 40 días sin hablar en público. Cuando finalmente se pronunció, lo hizo a través de un breve comunicado en el que autorizó el inicio de la transición, pero sin hacer ningún reconocimiento de su derrota electoral.
Entre el complot y las sanciones de Trump
Durante las semanas en las que Bolsonaro estuvo recluido, sus seguidores empezaron a armar acampadas frente a los cuarteles pidiendo una "intervención militar".
Las investigaciones judiciales vinculan a varios de los colaboradores del exmandatario con esas protestas. Uno de ellos, Mário Fernandes, admitió ante el Supremo que redactó un plan para asesinar a Lula y a su vicepresidente electo Geraldo Alckmin, así como a Alexandre de Moraes, uno de los magistrados de ese tribunal.
Aunque Fernandes negó que fuera a presentar ese documento ante alguien, la fiscalía determinó que lo imprimió en noviembre de 2022 antes de reunirse con Bolsonaro en el palacio presidencial.
De acuerdo con las investigaciones, Bolsonaro también estudió el borrador de un decreto que ordenaba la detención de los jueces del Supremo y que permitía convocar a nuevas elecciones.
A inicios de diciembre de 2022, Bolsonaro se reunió con los comandantes militares del país para presentarles un proyecto de decreto para declarar un estado de sitio, pero, según concluyó la Policía Federal, la falta de apoyo de los jefes de militares de tierra y aire hizo naufragar la presunta conspiración golpista.
Durante las investigaciones, Bolsonaro admitió haber analizado con oficiales de las Fuerzas Armadas las "posibilidades" que tenía tras las elecciones, pero dijo que todas estaban dentro de la Constitución.
Luego de su eventual regreso a Brasil, Bolsonaro empezó a denunciar las investigaciones en su contra como una persecución política, mientras su hijo, el congresista Eduardo Bolsonaro, se mudó a EE.UU. para hacer lobby ante el gobierno de Donald Trump, quien ha sido un fuerte aliado del expresidente brasileño.
El efecto de esas gestiones se hizo visible en julio pasado, cuando Trump anunció que impondría aranceles de 50% a los productos de Brasil debido a lo que calificó como una "caza de brujas" contra Bolsonaro.
El gobierno estadounidense, además, sancionó a Alexandre de Moraes, el magistrado del Supremo que lidera la causa contra Bolsonaro, mediante la Ley Global Magnitsky, creada para castigar a extranjeros acusados de graves violaciones de derechos humanos o corrupción.
Esta semana, al ser preguntada por una posible condena a Bolsonaro, una portavoz de la Casa Blanca dijo que Trump "no tiene miedo de usar el poder económico y el poder militar de EE.UU. para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo".
*Con información de Gerardo Lissardy y Caio Quero.
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