Sin sorpresa, pero con consecuencias que aún están por verse dentro del panorama político español, el Congreso de los Diputados de España votó este viernes en contra de los decretos de vivienda aprobados esta semana por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
Los textos no consiguieron los votos necesarios para su aprobación y promulgación.
Contaron con el respaldo del PSOE y Sumar, la coalición de partidos de izquierda en el poder.
Ya se conocía el voto en contra del conservador Partido Popular y de la formación de extrema derecha Vox. A ellos se sumó este viernes Junts per Catalunya, partido independentista catalán de centroderecha.
En concreto, uno de los decretos tuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo tuvo 166 votos a favor y 184 en contra.
Desde la noche del jueves se esperaba este resultado, cuando Junts anunció su rechazo a los decretos y pidió al gobierno la redacción de un nuevo texto basado en una propuesta presentada por este grupo parlamentario.
La redacción de estos decretos se hizo esta semana en medio de un fuerte movimiento de protestas que derivó en la instalación de una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid el pasado 26 de septiembre.
La chispa que detonó la protesta y ha expuesto la crisis de vivienda que vive el país europeo fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años.
Tras ser sacada de su casa, tuvo que ser ingresada en el hospital por problemas de salud, si bien luego se le permitió regresar a la vivienda en la que ha vivido de alquiler durante siete décadas.
Entre otras medidas, el primer decreto limitaba la subida del precio de los alquileres, contemplaba la prohibición de los desahucios hasta 2030, regulaba el alquiler de temporada, prohibía la compra especulativa por parte de los llamados "fondos buitre", prorrogaba algunos contratos de alquiler y contenía incentivos para que los propietarios bajaran el precio de los arriendos.
El segundo contenía un solo artículo: la renovación automática de los contratos de alquiler.
A la vez que se desarrollaba este viernes el debate en el Congreso de los Diputados, miles de manifestantes se trasladaron hasta allí para exigir la aprobación de los decretos, convocados por el Sindicato de Inquilinas.
Tras ser rechazados los dos decretos, en la bancada de público del hemiciclo algunas personas empezaron a protestar, gritando "los fondos buitres gobiernan el Congreso".
Los principales medios en España señalan que el fracaso de los decretos de vivienda podría hacer que el presidente Sánchez convoque elecciones generales adelantadas.
Pedro Sánchez en el hemiciclo
Este viernes, Sánchez se subió por sorpresa a la tribuna del Congreso e intervino durante el cierre del debate para alentar el voto a favor de los decretos.
"Me gustaría pedirles que se olviden del argumentario y que piensen en la gente de a pie. Les ruego que sean valientes", les dijo a los diputados.
También reconoció que los decretos "no van a resolver el problema de la vivienda, pero ayudarán a mitigarlo".
En ningún momento se refirió a la opción de adelantar elecciones en caso de que los decretos no salieran adelante, tal y como ha sucedido.
Junts, partido que ha sido clave para que finalmente no se aprobaran, se ha quejado de recibir "chantaje ideológico de los extermos", en palabras de su portavoz, Miriam Nogueras, y aseguró que con los textos propuestos no se solucionaría la crisis de vivienda y "los especuladores podrán seguir especulando y no se frenarán los desahucios".
Desde el PP, han argumentado que, con estas medidas, el Gobierno buscaba "cargarse" el mercado de la vivienda, poniendo el foco en que el problema es el déficit de construcción de nuevas casas.
"Han decidido actuar e intentar arreglar en cuatro días lo que llevan destrozando ocho años. El problema es que nos han traído las mismas políticas que nos han llevado hasta este momento", reprochó Juan Bravo, del PP.
Similar argumento dio Vox, que dijo que los decretos solo agravarían el problema de la vivienda con la retirada "significativa" de oferta del mercado.
Las críticas a la medida
La mayoría de las criticas a los decretos del gobierno de coalición se centraron tanto en el contenido como en la vía elegida para aprobarlos, es decir, mediante una medida de urgencia, el real decreto, y no mediante una ley que requeriría más tiempo.
Por el lado de los convocantes de las protestas y la acampada en la Puerta del Sol, el Sindicato de Inquilinas argumentó que, aunque consideraban los decretos como un "avance en el derecho a la vida" frente a la especulación inmobiliaria y los alquileres elevados, también se trataba de una "medida de mínimos".
"Estamos ante un Parlamento puramente rentista que defiende la especulación por encima de la vida", dijo la portavoz del sindicato, Alicia del Rio, durante la protesta en los alrededores del Congreso.
Del otro lado, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) hizo una de las críticas más contundentes. Desde la asociación dijeron que los decretos vulneran la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos.
Por otro lado, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, advirtió esta semana que los decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno de coalición podían tener efectos negativos sobre un mercado ya tensionado.
Una crisis con muchas aristas
El problema de la vivienda en España es multifactorial y afecta a muchas capas de la sociedad.
Por un lado, a pesar de haber miles de viviendas vacías en todo el país, la mayoría no están en los centros urbanos donde más se necesitan, como Madrid o Barcelona. Se estima que faltan alrededor de 750.00 viviendas.
Por otro lado, los niveles de construcción de nuevas viviendas son bajos, entre otros motivos por la falta de suelo en las grandes capitales, el aumento de los costes de los materiales y la falta de mano de obra.
Mientras, el precio de la vivienda no para de aumentar: en el segundo trimestre de 2026 subió más de un 12% con respecto al mismo periodo de 2025, según el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE). La subida afectó tanto a la vivienda nueva como de segunda mano.
El precio de los alquileres también sube sin parar: aumentaron un 4,2% en el segundo trimestre de 2026.
También hay escasez de oferta de vivienda pública. En España solo representa el 2% del parque inmobiliario, muy por debajo de la media europea, que es del 7%.
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