El empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas este martes ante una corte federal de Miami.
Saab, quien llegó a ser ministro del gobierno de Maduro, cambió su declaración anterior de "no culpable" a "culpable", tras lograr un acuerdo con la Fiscalía en el cual también se comprometió a colaborar aportando información relevante a las autoridades, así como a entregar US$195 millones que habría obtenido a través de operaciones ilícitas relacionadas con una trama de corrupción.
Las autoridades no revelaron los detalles del acuerdo suscrito entre Saab y la Fiscalía. Sin embargo, la agencia EFE informó que él se habría comprometido a ofrecer información sobre "altos funcionarios venezolanos".
De acuerdo con información divulgada por la Fiscalía cuando fue imputado inicialmente, Saab podría enfrentar por lavado de dinero una pena máxima de 20 años de prisión.
No obstante, la Fiscalía habría accedido a recomendar que su condena sea menor en caso de que su cooperación en contra de los otros acusados por el caso demuestre ser valiosa, según informó la agencia AP.
Saab, de 54 años, fue deportado a Estados Unidos en mayo pasado, cuatro meses después de que Maduro fuera detenido en Caracas en una inusitada operación militar de EE.UU. que dejó a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina del país.
Dos días más tarde, el 18 de mayo, Saab compareció ante un tribunal federal de Miami, donde fue notificado de las acusaciones en su contra por presunta conspiración para lavar dinero y ocultar el origen y control de fondos vinculados a Venezuela, según informó la agencia EFE.
El caso también incluye referencias a supuesto fraude electrónico, sobornos y desvío de fondos públicos.
Un aliado clave
Saab se convirtió en una pieza importante en Venezuela durante el gobierno de Maduro, al vincularse inicialmente a proyectos de construcción de viviendas.
Posteriormente, estuvo al frente del programa CLAP, un mecanismo creado por las autoridades para centralizar la importación de alimentos que luego eran distribuidos a la población bajo el esquema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Su participación en ambos negocios ha sido cuestionada por supuestos actos de corrupción.
El portal de investigación periodística venezolano Armando.Info reveló que Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero supuestamente solo entregó productos por el equivalente de US$3 millones.
Por su parte, las autoridades de EE.UU. aseguran que las viviendas a cargo de Saab no se construyeron y, si lo hicieron, fue con sobrecostos.
En el caso de los alimentos, investigaciones periodísticas publicadas en 2018 revelaron que Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se beneficiaron de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAP.
Las acusaciones presentadas contra Saab en Miami se relacionan con su participación en este programa de alimentos.
En 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Saab y a Pulido de haber lavado hasta US$350 millones por medio del sistema de control cambiario en Venezuela.
Saab fue detenido en 2020 cuando el avión en el que viajaba hizo una escala para repostar en Cabo Verde.
El gobierno venezolano aseguró entonces que se encontraba en una misión humanitaria de alto nivel con destino a Irán.
En ese momento, Saab estaba acusado de lavado de dinero y otros delitos por EE.UU., mientras que en varios países, incluido Colombia, era señalado como uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.
El gobierno de Maduro hizo enormes esfuerzos para lograr su liberación: denunció la detención como un "secuestro", organizó una campaña de solidaridad internacional. Además, intentó darle protección diplomática nombrándolo embajador.
Esos esfuerzos no lograron evitar que fuera extraditado a EE.UU., donde pasó dos años preso hasta ser liberado en diciembre de 2023 gracias a un canje de detenidos acordado con el gobierno de Joe Biden, que incluyó la liberación de una veintena de personas, entre los que había 10 estadounidenses presos en Venezuela.
Tanto el gobierno de Maduro como el propio Saab siempre rechazaron todos los señalamientos en su contra.
Tras su regreso a Venezuela, Saab fue nombrado ministro de Industria.
La captura de Maduro en enero pasado, sin embargo, trajo poco después la caída en desagracia de Saab, quien fue detenido en Caracas en febrero durante una operación conjunta de las autoridades estadounidenses y venezolanas.
Y, tres meses más tarde, fue nuevamente extraditado a EE.UU., donde ahora hace frente a la justicia.
¿Puede esto afectar a Maduro o a Cilia Flores?
La declaración de culpabilidad de Alex Saab se produce en un momento en el que Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan también un proceso judicial en Estados Unidos, lo que ha generado la duda sobre si puede existir algún vínculo entre ambos casos.
El proceso contra Saab incluye a otras personas que ocupan u ocuparon altos cargos en Venezuela, según se desprende del documento de relación de hechos que forma parte del proceso firmado por el propio Saab.
El texto menciona expresamente como parte de la trama a José Gregorio Vielma-Mora, un diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que fue superintendente del Servicio Tributario, gobernador del estado Táchira (en el occidente de Venezuela) y ministro de Comercio Exterior.
No hay ninguna mención expresa a Maduro ni a Cilia Flores.
Sin embargo, entre los investigados por el caso hay otros cuatro acusados que no están identificados y entre los cuales debería haber, al menos, otro alto funcionario público pues la acusación habla de varios, pero hasta ahora el único identificado es Vielma Mora.
De acuerdo con ese texto, Saab y su socio Álvaro Pulido Mora junto a "funcionarios venezolanos de alto nivel" montaron una trama para obtener a través de sobornos contratos lucrativos para importar alimentos y medicinas relacionados con el programa de asistencia social CLAP.
El documento agrega que en ese contexto hubo "otros conspiradores" que no cumplieron íntegramente los contratos y, en lugar de ello, empezaron a usar empresas ficticias, facturas falsas y registros de envío fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares.
"El esquema tuvo un éxito extraordinariamente lucrativo porque los conspiradores contaban con la aprobación, participación y protección de algunas de las más altas autoridades del gobierno venezolano, entre ellas un individuo identificado en este documento como Funcionario Gubernamental 1A, así como Vielma-Mora y el Coacusado 3", señala el texto.
¿Quién es este "Funcionario Gubernamental 1A"?
El documento no lo dice y, de hecho, se cuida de ni siquiera dar pistas sobre su género al referirse en inglés como él/ella. Lo que sí queda claro es que fue la persona clave para hacer posible que la trama corrupta se pusiera en marcha.
"Al inicio de la conspiración, Saab se reunió con el Funcionario Gubernamental 1A y recibió su aprobación para llevar a cabo el esquema. A cambio del apoyo y la protección del Funcionario Gubernamental 1A, Saab realizó pagos a dicho funcionario tanto dentro como fuera de Venezuela. Saab y el Funcionario Gubernamental 1A también acordaron que el Coacusado 1 actuaría como representante o intermediario del funcionario y recibiría pagos ilícitos en nombre de este", señala el texto.
En el caso de Vielma-Mora, el documento es mucho más específico.
Indica que a inicios de 2016, Saab, el Funcionario Gubernamental 1A, Vielma Mora y otros hicieron arreglos secretos para la otorgación de un contrato para la distribución de 10 millones de cajas de comida.
Ese contrato fue otorgado y supervisado por la gobernación de Táchira y fue financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (Fonden), un fondo estatal creado durante el gobierno de Hugo Chávez.
"Como parte del acuerdo, Saab, Vielma-Mora y otras personas convinieron que, a cambio de la influencia de Vielma-Mora en la adjudicación del Contrato 1 y de otros contratos futuros a favor de los conspiradores, Vielma-Mora recibiría aproximadamente 17 millones de dólares en sobornos, comisiones ilegales y otros pagos ilícitos", apunta el texto.
En relación con Saab, el documento destaca que tras su regreso a Venezuela en 2003 se incorporó al gobierno en un cargo oficial (ministro de Industria) y recibió fondos procedentes de contratos previos del CLAP.
"Al mismo tiempo, continuó colaborando y actuando siguiendo instrucciones de funcionarios venezolanos y de sus representantes que estaban involucrados en otros esquemas ilegales, incluido el funcionario identificado como Funcionario Gubernamental 1A", concluye el documento.
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