En Chicago, Los Ángeles y Portland el debate sobre la inmigración se trasladó a las calles, provocando manifestaciones casi diarias mientras los agentes intensifican las detenciones.
Pero en El Paso, ciudad de Texas situada en la frontera entre Estados Unidos y México, las calles están inusualmente tranquilas.
Un año después de la última visita de la BBC a la frontera para comprender el impacto de la crisis migratoria, los lugares que antes rebosaban de migrantes permanecen prácticamente en silencio.
Hace apenas unos años, hasta 2.500 migrantes acampaban frente a la histórica iglesia católica del Sagrado Corazón.
Muchos dormían en las calles sobre mantas donadas, esperando a que las organizaciones benéficas locales distribuyeran comida y agua.
Ahora, solo se ve a un puñado de feligreses entrando y saliendo de la iglesia.
Lo mismo ocurre con un parque cercano y con los albergues de toda la ciudad, donde los migrantes solían reunirse para compartir sus experiencias del penoso viaje a través de selvas y desiertos, o de haber sido detenidos, robados o casi secuestrados durante sus largas travesías por Latinoamérica hasta la frontera.
La afluencia de migrantes llevó al gobierno de El Paso a declarar el estado de emergencia a finales de 2022, ya que los albergues locales se vieron desbordados.
Luego, cuando Donald Trump asumió la presidencia en enero —elegido en parte por su promesa de solucionar los problemas en la frontera—, el flujo habitual de migrantes hacia El Paso se redujo drásticamente.
Esta tendencia se ha repetido a lo largo de los 3.145 km de frontera, desde la costa del Pacífico en California hasta la costa del Golfo de Texas.
Las cifras de detenciones de personas que cruzan la frontera se encuentran en su nivel más bajo en 50 años.
Tan solo en septiembre —el último mes del que se dispone de datos completos—, 11.647 personas fueron detenidas a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México, en comparación con las 101.000 de septiembre de 2024 y las 269.700 del mismo mes de 2023.
La red de voluntarios Casa de la Anunciación llegó a gestionar hasta 22 albergues en toda la región, atendiendo principalmente a miles de migrantes que habían obtenido la libertad condicional en Estados Unidos para esperar a sus comparecencias ante un tribunal, a menudo años después.
Ahora solo quedan dos. El escaso flujo de migrantes —entre 15 y 20 en cada albergue cada noche— se compone, en parte, de personas que regresan a sus países de origen tras años en Estados Unidos.
"Tenemos personas que entraron al país y obtuvieron autorización de empleo o un estatus de protección temporal que Trump les revocó, y no pueden renovar su empleo. Entonces no pueden pagar el alquiler", le dijo a la BBC Rubén García, director de Casa de la Anunciación.
Otros, añadió, simplemente necesitan un lugar donde alojarse mientras "se encargan de la logística" para salir del país.
Un alivio
Para algunos que viven en la frontera, la nueva realidad representa un alivio.
Demesio Guerrero, ciudadano estadounidense naturalizado originario de México y residente en el este de Texas, describió la frontera como un "caos total" durante la administración de Joe Biden.
"Había campamentos por todas partes a lo largo de la frontera, con mujeres, niños y ancianos", dijo. "Era una situación totalmente fuera de control".
Ese caos había desaparecido, afirmó, porque Trump tenía una visión para solucionar el problema y la llevó a cabo. "Hizo lo que tenía que hacer, donde tenía que hacerlo".
Durante seis meses consecutivos, según funcionarios de la administración, ni un solo migrante indocumentado arrestado fue liberado en Estados Unidos.
Muchos han sido deportados, mientras que otros permanecen detenidos.
El zar de la frontera, Tom Homan, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, suelen declarar que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, el gobierno tiene pleno control operativo de la frontera.
Para la Casa Blanca, estas cifras representan una victoria: el cumplimiento de una promesa de campaña que el propio presidente promocionó como lo que le permitió regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato, en un momento en que muchos estadounidenses temían que Joe Biden había perdido el control.
"Hasta ahora, esta estrategia ha demostrado ser un éxito rotundo", le dijo a la BBC la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson.
"Estamos revirtiendo las políticas de inmigración ilegal de la administración Biden que permitieron la entrada de innumerables inmigrantes indocumentados al país. Hemos asegurado la frontera".
Las razones de las bajas cifras —que comenzaron a descender durante el último año de mandato de Biden y cuya caída se aceleró rápidamente bajo la presidencia de Trump— son complejas.
Funcionarios y expertos señalan diversos factores, como la mano dura de México contra el flujo migratorio hacia el norte, la eliminación de la mayoría de los programas de libertad condicional humanitaria, restricciones al asilo mucho más severas y una mayor vigilancia con la ayuda del ejército estadounidense.
La campaña de deportaciones de Trump en el interior de Estados Unidos también ha servido como elemento disuasorio para los posibles migrantes.
"No mucha gente cruza la frontera, y no hay muchos que siquiera lo intenten", afirmó un inmigrante indocumentado que pidió permanecer en el anonimato.
"Con Biden, la gente sabía que tarde o temprano podrían cruzar y quedarse. Ahora no es así".
"Muerte por todas partes"
Algunos simpatizantes de Trump que viven en El Paso dijeron que en ocasiones temían por su seguridad y acusaron al gobierno de Biden de crear un ambiente que ponía en peligro tanto a los residentes locales como a los migrantes.
"Ya no nos sentíamos cómodos saliendo solos", señaló Lorie Randazzo, residente de El Paso de toda la vida y presidenta de las Mujeres Republicanas del Gran El Paso. "Casi tan pronto como Biden asumió la presidencia, la situación empeoró".
"No es que no queramos que vengan los inmigrantes", añadió, "sino solo los mejores, los que quieren trabajar".
Elizabeth Amy Posada, originaria de El Paso y exasesora de un congresista republicano local, dijo que antes había "muerte por todas partes", refiriéndose a los migrantes que morían en el desierto o en el Río Bravo, y a quienes eran víctimas de los carteles.
"Todos deberían estar contentos con esto (la seguridad fronteriza), independientemente de su ideología política".
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Pero a otros, la política de seguridad fronteriza de Trump les genera sentimientos encontrados.
Muchos conservadores locales simpatizan con la difícil situación de los migrantes.
Otros residentes, vehementemente opuestos a Trump, afirman comprender la necesidad de reforzar la protección fronteriza y reconocen el importante papel que desempeñan los agentes federales en sus comunidades.
"Aquí vivimos en una zona gris", declaró Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas, una organización sin fines de lucro de El Paso que ofrece servicios legales gratuitos o a bajo costo a inmigrantes y refugiados.
"Enfrentar las consecuencias"
Según Garza, la posibilidad de que residentes de larga data sean deportados les resulta particularmente indignante a los habitantes de la frontera, muchos de los cuales tienen familia a ambos lados o provienen de familias inmigrantes que llegaron a Estados Unidos hace generaciones.
Si bien Trump y otros funcionarios han afirmado repetidamente que las autoridades de inmigración persiguen a "los peores delincuentes", los datos demuestran que no es así.
El Centro de Acceso a Datos Transnacionales Clearinghouse (CRACC), que recopila datos de inmigración, descubrió que más del 70% de las casi 60.000 personas detenidas a finales de septiembre no tenían antecedentes penales. Muchos llevan años en el país.
"Ahora sabemos que algunas personas están despertando y dándose cuenta de que fueron engañadas", señaló Garza, refiriéndose a los residentes que votaron por Trump.
"Se dan cuenta de que perjudicaron a sus familias, a sus seres queridos y a sus vecinos… y ahora tienen que enfrentar las consecuencias".
Ross Barrera, veterano del Ejército estadounidense con 29 años de servicio y republicano residente en Rio Grande City, le dijo a la BBC que la mayoría de los habitantes de su pequeña comunidad fronteriza están a favor de una mayor seguridad fronteriza, ya que el comercio y los viajes legales entre las ciudades estadounidenses y mexicanas, estrechamente vinculadas entre sí, continúan sin interrupción.
Sin embargo, Barrera añadió que las imágenes de las duras redadas migratorias en Estados Unidos "indignan a mucha gente" y han generado fricciones.
"A mi también me indignan", indicó. "Somos humanos. Nos molesta que deporten a la señora que lleva aquí 20 años o al padre que lleva aquí 40".
Otros son más directos.
"Mucha gente se está arrepintiendo de su voto", afirmó Jesse Fuentes, activista de Eagle Pass, otra ciudad que se vio en el centro del conflicto fronterizo estadounidense a mediados de 2023.
"Pero la gente tiene miedo de decir o hacer algo".
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