Donald Trump prometió en la campaña electoral que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca que acabaría con la inmigración irregular hacia Estados Unidos.
El entonces candidato aseguró que acometería la "mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos" para terminar con lo que describe como una "invasión" de "extranjeros ilegales" y "peligrosos criminales", a los que, en contra de lo que señalan los estudios sobre el tema, vincula con la delincuencia.
Pero los ocho primeros meses de su presidencia han puesto también en su punto de mira a la migración legal hacia Estados Unidos con el fin, asegura, de favorecer a los trabajadores estadounidenses.
Hay denuncias de que extranjeros con sus documentos en regla han sido detenidos en las redadas contra inmigrantes en situación irregular que proliferan en todo el país y el gobierno ha tomado decisiones políticas de alto impacto que han cerrado muchos caminos a quienes intentan migrar cumpliendo la ley.
Estados Unidos, que durante décadas fue visto en todo el mundo como una tierra de oportunidades y un imán para el talento mundial, está reduciendo -con Trump al mando- vías de llegada a su territorio y de permanencia legal en él.
La nueva política restrictiva de parte del gobierno coincide con las ideas del influyente activista trumpista Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre en un crimen que conmocionó a Estados Unidos.
Kirk había publicado unos días antes un mensaje contra la inmigración. "Estados Unidos está lleno" afirmó Kirk, que pidió: "Pongamos finalmente por delante a nuestra gente".
El activista conservador creía que Estados Unidos vivió su "mejor momento cuando detuvo la inmigración durante 40 años y redujo su porcentaje de nacidos en el extranjero al mínimo histórico".
"No deberíamos tener miedo de hacerlo", planteó.
Sus ideas se asemejan a las restricciones a la inmigración legal que impulsa ahora Trump.
Los expertos pronostican que tendrá profundas y duraderas consecuencias en la economía y la sociedad estadounidenses.
El asilo y los refugiados
En su primer día en la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que suspendió indefinidamente la admisión de refugiados porque, dijo, "en los últimos cuatro años, Estados Unidos ha sido inundado con niveles récord de inmigración" y "carece de la capacidad para absorber un gran número de inmigrantes".
Fue una de sus primeras decisiones y frustró, entre otros, las esperanzas de asilo de más de 1.600 afganos, muchos de ellos amenazados por el talibán, que habían completado el largo proceso legal para recibir asilo en EE.UU. y estaban solo a la espera de sus vuelos.
Entre ellos había incluso familiares de personal militar de Estados Unidos.
Fue solo el primer paso.
Trump aprobó también una orden que suprimía el derecho a la ciudadanía por nacimiento de los hijos nacidos en Estados Unidos de extranjeros en situación irregular o temporal en el país.
La decisión ha sido suspendida por un tribunal federal y probablemente el asunto no se resuelva hasta que no se pronuncie la Corte Suprema.
El gobierno de Trump también eliminó el derecho a acogerse al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos de Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal, Venezuela y Siria.
La situación de cada país se revisa periódicamente.
Excepto Sudán del Sur, todos los que ha tocado revisar desde que Trump regresó a la presidencia han sido eliminados de la lista.
La finalización de las protecciones temporales decididas por el gobierno de Trump también ha sido recurrida ante los tribunales.
Igualmente, el gobierno puso fin a otro programa provisional que evitaba la deportación de ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela y que, según estima la ONG Consejo Estadounidense de Inmigración, protegía a alrededor de medio millón de personas.
Además, Trump ha recuperado y ampliado una de las medidas más polémicas de su primer mandato, la prohibición de viaje a Estados Unidos de ciudadanos de una lista de países mayoritariamente musulmanes, a los que ahora se han sumado otros como Cuba y Venezuela, cuyos ciudadanos solo serán admitidos en EE.UU. si poseen algunas de las categorías específicas de visas aceptadas.
El gobierno justifica la medida por razones de "seguridad nacional".
Pero no son solo refugiados y solicitantes de asilo o inmigrantes procedentes de países en dificultades los afectados por las medidas de la segunda era Trump.
Estudiantes y trabajadores, también en la mira
En agosto, el Departamento de Estado anunció que había revocado las visas de 6.000 estudiantes extranjeros en el país por violaciones de las leyes de Estados Unidos, entre ellas "apoyo al terrorismo".
Las autoridades no especificaron en qué consistió ese supuesto "apoyo al terrorismo", pero el gobierno de Trump ha tomado medidas contra estudiantes extranjeros que han protestado contra la invasión israelí de Gaza.
BBC Mundo no obtuvo respuesta a una solicitud de información enviada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Desde junio, todos los solicitantes de visas deben facilitar la información de sus cuentas en redes sociales para que puedan ser examinadas en busca de "cualquier indicio de hostilidad hacia los ciudadanos, la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales de Estados Unidos".
El DHS publicó en agosto una propuesta que, de ser finalmente aprobada, limitará el tiempo de estancia de los estudiantes extranjeros en el país a la duración del programa académico en el que participen, con un máximo de cuatro años.
La misma propuesta que afecta a los estudiantes incluye limitar a 240 días la vigencia de la visa de los periodistas extranjeros en Estados Unidos. Para los periodistas chinos, el máximo será de 90 días.
La última vuelta de tuerca ha tenido como objetivo a los trabajadores calificados beneficiarios de la visa H-1B, creada bajo el gobierno de George Bush padre en 1990 para facilitar la inmigración de 85.000 profesionales cada año para cubrir puestos altamente especializados, un sistema utilizado asiduamente por gigantes tecnológicos como Amazon o Google.
Trump firmó el viernes 19 de septiembre una proclamación que establece que para obtener una de estas visas habrá que pagar una tasa de US$100.000.
Según el gobierno, la medida -que se aplicará a las nuevas visas y no a las vigentes- servirá para controlar un sistema del que se ha "abusado" para rebajar los salarios de los trabajadores estadounidenses.
Previsiblemente, la nueva tasa disuadirá a muchas de las compañías que ahora recurren a este sistema, lo que, según los críticos de la medida, perjudicará la capacidad de Estados Unidos para atraer talento global.
El sistema ha sido utilizado por muchas empresas para contratar informáticos y técnicos de India. Kirk dijo poco antes de morir que "quizá ninguna forma de inmigración legal ha hecho más daño a los trabajadores estadounidenses que la gente que ha venido de India".
Discrepancias en el gobierno
Trump puso todo el énfasis en la campaña en combatir la inmigración irregular, y su carrera política ha estado llena de mensajes sobre los "criminales extranjeros" que, según él, amenazan la seguridad de Estados Unidos.
Pero sobre la inmigración legal ha tenido mensajes contradictorios.
Pocas semanas antes de la últimas elecciones, prometió que como presidente concedería la residencia permanente a los estudiantes extranjeros que se graduaran en universidades de Estados Unidos.
Ya como presidente electo, respondió a una pregunta sobre las visas H-1B: "Necesitamos gente competente, necesitamos que llegue mucha gente, porque vamos a tener empleos como no hemos tenido nunca antes".
"Trump ha hablado mucho de cerrar el paso a la inmigración que él llama ilegal, pero también de abrir las vías para que la gente migre de forma legal, y lo que vemos ahora es totalmente opuesto", le dijo a BBC Mundo Andrew Seele, del Instituto de Política Migratoria, un centro de análisis con sede en Washington.
Muchos observadores atribuyen a discrepancias de criterio dentro de la élite gobernante las diferencias entre las palabras del Trump candidato y las obras del Trump presidente.
Seele explica que "hay un bando muy vinculado a Stephen Miller (jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, conocido por sus tesis ultraconservadoras), que rechaza la inmigración porque ve una competencia perjudicial para los estadounidenses, y otro, más vinculado a la economía, que aboga por que Estados Unidos pueda atraer profesionales calificados y que tenía en Elon Musk (magnate tecnológico) la cara más visible".
Pero Musk mantuvo discrepancias públicas con Trump y en mayo de 2025 dejó su puesto como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental creado por el presidente.
Desde entonces las tesis más contrarias a la inmigración legal parecen haberse impuesto.
Jorge Loweree, del Consejo Estadounidense de Inmigración, una ONG pro migrantes, le dijo a BBC Mundo que "este gobierno está aplicando las políticas más extremas y siguiendo el guion marcado en el Proyecto 2025", un polémico programa de gobierno elaborado por un centro de análisis conservador del que Trump se distanció en la campaña para finalmente incluir en su equipo de gobierno a varios de sus autores.
La gran incógnita es cómo se desarrollará a partir de ahora la política migratoria del gobierno de Trump.
El presidente ha lanzado ideas que todavía no se han concretado, como la visa que ha bautizado como gold card (tarjeta oro), que concedería la residencia permanente a los extranjeros que paguen US$1 millón.
El presidente firmó la proclamación para su puesta en práctica, pero aún no se conocen detalles ni cuándo será posible solicitarla.
Migración neta negativa
Muchas de las decisiones aprobadas por Trump han sido recurridas ante los tribunales, por lo que no está claro cuáles quedarán finalmente en vigor.
Pero su impacto ya se percibe.
Cientos de miles de personas y negocios viven en la incertidumbre mientras esperan a que se aclare el panorama migratorio.
Un estudio del centro de investigación independiente Pew publicado en junio arrojó que la población inmigrante en Estados Unidos se redujo por primera vez en más de 50 años, pasando de 53,3 millones a 51,9 en solo seis meses, debido que por primera vez en décadas son más los extranjeros que se marchan que los que llegan.
Un cambio de tendencia histórico que fue celebrado como un logro por la Casa Blanca. Trump publicó en su red Truth Social: "Promesas hechas. Promesas cumplidas. ¡Migración neta negativa por primera vez en 50 años!".
Stephen Miller se felicitó porque "todo el crecimiento de la población vino de la formación de familias" y reivindicó que las mejores etapas de la historia de Estados Unidos fueron las épocas de menor migración.
Según los cálculos del semanario británico The Economist, que analizó los datos de aeropuertos de Estados Unidos, este año han llegado al país un 3,8% menos de visitantes extranjeros de los que lo hicieron en 2024.
Y la Asociación de Educadores Internacionales Nafsa, una ONG global para la promoción de los intercambios educativos, prevé un descenso de entre un 30 y un 40% en el número de estudiantes extranjeros en los campus estadounidenses para el curso que acaba de empezar.
"Lo que estamos viendo en el primer año de su segunda presidencia es que Trump está usando todo el poder de la burocracia federal para ralentizar nuestro sistema de inmigración legal y haciendo todo lo que está en su mano para restringir y limitar el acceso de gente que en otras circunstancias calificaría para venir a Estados Unidos o permanecer legalmente aquí", resumió Loweree.
"El sistema actual obliga a las personas que buscan una forma de inmigración legal a pasar años, o a veces décadas, recorriéndolo, y estos cambios complicarán aún más las cosas para ellas", añadió.
Loweree pronostica que "si no se revierte, esto tendrá consecuencias durante años, porque va a limitar significativamente el número de inmigrantes que viven en Estados Unidos", actualmente un 15,4%% de la población, según las estimaciones del instituto Pew.
Según Loweree, "no puedes expulsar a toda esa cantidad de personas sin que eso tenga un impacto económico".
Muchas de estas personas ya trabajan en la economía del país y Loweree cree que su presencia ha servido para atenuar las presiones inflacionarias que en los últimos años han afectado a la economía de Estados Unidos.
La expectativa del gobierno es que el descenso de la inmigración deje libres puestos de trabajo para los estadounidenses.
Pero la tasa de desempleo actual en Estados Unidos se sitúa en un 4,3%, y lleva años en un nivel tan bajo que se acerca a lo que los economistas consideran pleno empleo, por lo que muchos expertos temen que, con menos inmigrantes, haya trabajos que se queden sin cubrir.
Seele, del Instituto de Política Migratoria, cree que el descenso de la inmigración puede contribuir a un aumento de los precios y al descenso de la productividad de las empresas en Estados Unidos.
Pero hay una potencial consecuencia a largo plazo que le preocupa más.
"Algunos de estos cambios se pueden revertir con este o con otro gobierno, pero Estados Unidos está perdiendo la imagen que tenía como un país al que uno podía llegar, tener éxito y acabar siendo un estadounidense más".
"Esa imagen de tierra de oportunidades y de acogida es mucho más difícil de recuperar".
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