
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) de México arrestaron al alcalde de Teuchitlán, en el estado occidental de Jalisco, por su presunta implicación en el caso del Rancho Izaguirre.
El arresto de José Murguía Santiago durante el fin de semana es parte de una investigación sobre este rancho, que era un campo de entrenamiento de cárteles del narcotráfico, en un caso que ha causado una fuerte conmoción en el país.
El alcalde, odontólogo de profesión con más de una década en la política, es sospechoso de conspiración con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), algo que él ha negado.
La FGR imputa a Murguía los cargos de delincuencia organizada y omisión, bajo el argumento de que fue notificado de las actividades que se realizaban en el rancho pero no hizo nada.

El caso del Rancho Izaguirre
La investigación comenzó después de que en marzo activistas descubrieran fragmentos de huesos humanos y cientos de zapatos, mochilas y prendas de vestir desechadas en el Rancho Izaguirre, a las afueras de la ciudad.
Grupos de defensa de derechos humanos sospecharon que el rancho hubiera sido utilizado como un "campo de exterminio" donde se reclutaba y entrenaba a la fuerza a personas, y se torturaba y asesinaba a quienes se oponían.
El descubrimiento de cadáveres de desaparecidos por parte de sus familiares en lo que parecían evidenciar asesinatos masivos en este lugar conmocionó al país, golpeado por la violencia de los cárteles.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, ofreció una conferencia de prensa la semana pasada para informar sobre la investigación federal del rancho.
Confirmó que el lugar había sido utilizado como centro de entrenamiento para reclutas del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las bandas transnacionales de narcotráfico más temidas y poderosas, con base en Jalisco.
Afirmó, sin embargo, que no había evidencia de que hubiera sido utilizado como lugar de exterminio y cremación.

Según el fiscal general, los fragmentos óseos descubiertos allí no eran recientes y las pruebas forenses sugerían que las hogueras en el rancho no habrían sido lo suficientemente calientes como para eliminar restos humanos.
Las declaraciones de Gertz provocaron la ira de los "buscadores", como se conoce a los familiares que tratan de hallar a las más de 120.000 personas reportadas como desaparecidas en México en las últimas dos décadas.
Estos aseguraron que la conferencia de prensa planteó más preguntas que respuestas y no abordó la cuestión de a quién pertenecían los numerosos zapatos abandonados encontrados en el rancho ni qué había sido de esas personas.
El alcalde defiende su inocencia
El fiscal general indicó que se "han iniciado 14 procesos por delincuencia organizada, por desaparición de personas vinculadas con el homicidio de la persona que se encontró ahí y todos esos casos ya están judicializados, las órdenes de aprehensión están cumplidas y vamos a seguir cumpliendo órdenes de aprehensión contra autoridades locales que hayan estado involucradas".
La detención de Murguía Santiago forma parte de esa investigación en curso.
Este tomó posesión del cargo de alcalde en 2021, el mismo en el que el Rancho Izaguirre comenzó a funcionar como un centro de reclutamiento del CJNG.

Antes de su detención, Murguía Santiago había declarado no tener nada que ocultar.
"Si quieren investigarme, que lo hagan. Estoy limpio y dispuesto a decir lo que sé", declaró a los medios locales.
Sin embargo, la fiscalía alega que conocía la existencia del centro de reclutamiento y no actuó en consecuencia.
Varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional, han exigido una investigación limpia y exhaustiva, que se escuche a los familiares de los desaparecidos.
"Exigimos que se reconozcan sus pruebas, se incluya a peritos independientes y se investigue a funcionarios por posibles omisiones. El país no puede tolerar más zonas de impunidad", declaró Amnistía Internacional en un comunicado difundido en redes sociales.

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