Las lesiones que no cuentan la historia completa: cómo la violencia de género puede perderse en los registros de salud

Cada hora, casi siete veces, una emergencia por violencia doméstica llega al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Entre enero y agosto de 2026, el sistema gestionó más de 41,000 casos de violencia doméstica, incluidos 22,307 en los que la víctima era una mujer.

En 243 días, esto equivale a un promedio de 168 casos diarios de violencia doméstica gestionados por el 9-1-1, una cifra que dimensiona la frecuencia con la que la violencia dentro de los hogares termina activando una respuesta de emergencia.

Los registros muestran además una concentración importante de estos casos en algunas demarcaciones. Santo Domingo encabeza la lista, con 14,069 casos gestionados, seguido de Santiago, con 4,299; el Distrito Nacional, con 3,738; La Altagracia, con 2,815, y San Cristóbal, con 2,634.

Entre 2014 y 2023 se registraron 4,931 atenciones por violación sexual en establecimientos de salud. De estas, 3,513 correspondieron a mujeres y 1,089 a hombres, por lo que las mujeres representaron alrededor de tres cuartas partes de las atenciones.

Durante ese mismo período se registraron 66,347 atenciones por agresiones físicas en establecimientos públicos y privados de salud. Las mujeres representaron el 50.1 % de los casos.

Los registros también muestran que la capacidad de detectar y notificar influye en las estadísticas. Entre 2015 y 2019 aumentaron los reportes de violencia, coincidiendo con la implementación gradual de la vigilancia epidemiológica en las provincias.

“Esto significa que las cifras disponibles representan los casos que fueron identificados y documentados por el sistema sanitario, no necesariamente toda la violencia que ocurre en el país”, indica el Ministerio de Salud Pública.

Además, la Organización Panamericana de Salud (OPS) exhorta a los países fortalecer la capacidad de los sistemas de salud para brindar atención y apoyo eficaces a las mujeres que han sufrido violencia de pareja o sexual.

“Esto solo se logra recopilando y rastreando datos administrativos de salud que reflejen la atención y el apoyo brindados a cada sobreviviente”.

Violetta Quezada, directora de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer, explica que existe coordinación con el Ministerio de Salud Pública para las mujeres que requieren atención médica o de salud mental.

En muchos casos, el 9-1-1 constituye el primer vínculo.

Entre enero y agosto de 2026, 41,579 casos de violencia doméstica fueron asignados a la Policía Nacional, mientras que 6,825 fueron derivados a servicios de salud.

Cuando se trató de casos en los que se registró violencia contra la mujer, 22,047 fueron asignados a la Policía Nacional y 4,558 a los servicios de salud.

La respuesta también incluyó atención médica antes de llegar a un centro de salud. En ese período se registraron 4,653 asignaciones de servicios de atención prehospitalaria, es decir, asistencia brindada en el lugar de la emergencia o durante el traslado, de las cuales 3,832 correspondieron a casos de violencia doméstica en los que se registró violencia contra la mujer.

Las mujeres que presentan golpes o heridas pueden ser trasladadas a un hospital, donde reciben atención inicial y son referidas al Ministerio de la Mujer para seguimiento de prevención, atención y protección, cuando corresponda.

No obstante, la coordinación también depende de la capacidad para compartir información y dar seguimiento a los casos.

“Nos estamos sentando para analizar dónde estuvo el fallo y, de manera conjunta, construir una solución que impida que ocurra ese error por segunda vez”, explica Quezada.

La activista social Virtudes Álvarez hace hincapié en las mujeres que permanecen en situaciones de violencia sin acudir a las instituciones porque no confían en los mecanismos estatales de protección. “¿Cuántas muertas en vida tenemos? ¿Cuántas muertas de miedo?”, cuestionó.

A su juicio, los protocolos de atención están destinados a fracasar si no se intervienen las causas de la violencia.

Plantea la necesidad de un debate nacional sobre el origen de la violencia feminicida y señaló entre sus factores una cultura machista en la que algunos hombres asumen que tienen control sobre la vida y el cuerpo de las mujeres.

“Ya sabemos que el feminicidio es un efecto, que hay que atacar las causas de esa tragedia”, comenta a Acento.

La salud puede detectar lo que la mujer todavía no puede nombrar

Una fractura, una quemadura o una contusión pueden llegar al sistema de salud sin que en el expediente quede registrado que detrás de esa lesión existe violencia. Esa brecha entre lo que ocurre y lo que el sistema logra identificar también se refleja en las estadísticas: los casos registrados son los que pudieron ser detectados y documentados, no necesariamente toda la violencia que viven las mujeres.

El Boletín Género y Salud, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, advierte precisamente sobre esta limitación: cuando la violencia no es identificada, tampoco puede quedar registrada en las estadísticas.

La abogada Senaya Hernández señala que una mujer puede llegar a una consulta médica por un problema de salud sin identificar que detrás de lo que está viviendo existe una situación de violencia.

Por eso, la detección exige que el personal conozca las señales y tenga condiciones para conversar con la paciente de manera privada.

ProFamilia estima que recibe entre 10 y 12 mujeres víctimas de violencia al mes, aunque la cifra varía entre las clínicas. La revelación no siempre ocurre de manera directa, indica el gerente de la ONG, Fernando Polanco, los casos también pueden requerir la participación de varias especialidades o referimientos cuando existen lesiones que deben ser atendidas.

Marianela Pinales, del Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-Mujer) reconoce que el sistema sanitario no solo debe reconocer una situación de violencia, también debe saber qué hacer una vez identificada.

Pero el desafío, explica, no consiste en preguntar si existe violencia, sino en saber cuándo preguntar, cómo hacerlo y qué hacer después.

“Cuando tú lo detectas en el sistema de salud, tú previenes el feminicidio”.

La Ley 42-01 establece que el personal de salud debe ofrecer una atención humana y de calidad y contempla acciones de promoción, prevención, detección, registro y atención integral. Asimismo, la Norma Nacional para la Atención Integral en Salud de la Violencia de Género e Intrafamiliar y Sexual está vigente desde noviembre de 2022.

La activista social Virtudes Álvarez advirtió que detrás de las cifras de feminicidios y denuncias por violencia de género hay mujeres asesinadas, familias rotas y niños y niñas que quedan en la orfandad.

Álvarez señaló que en 2026 32 dominicanas han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según datos que atribuyó al Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial. Agregó que durante el primer trimestre se registraron 17,500 denuncias por violencia de género, aunque advirtió que existe un subregistro.

“Las frías estadísticas no son números, son mujeres muertas, familias rotas, niñas y niños en la orfandad, duelos que quizás nunca cierren”, afirmó.

La importancia de detectar las señales antes de que escalen adquiere mayor dimensión al observar sus consecuencias más graves.

Entre 2009 y 2025, República Dominicana registró un promedio anual de 163 muertes de mujeres bajo condiciones de violencia letal.

En 2025 se registraron 141 muertes intencionales de mujeres, un 11.9 % más que en 2024. El 65.96 % de las víctimas tenía entre 15 y 49 años.

• El 47.52 % de esas muertes ocurrieron en contextos de conflicto familiar y/o violencia intrafamiliar de género.
• En el 42.55 % de los casos, la víctima y el agresor eran pareja actual o anterior.

Los datos muestran la importancia de identificar situaciones de violencia y riesgo antes de que lleguen a su desenlace más grave.

Ahí aparece una de las principales limitaciones de la respuesta, de acuerdo con Pinales: si una agresión no es identificada, tampoco entra oportunamente en la ruta de atención y protección.

La Red Pública cuenta con 20 Unidades de Género, en los que se ofrece asistencia enfocada en la promoción, detección, registros y atención integral específica al tipo de violencia.

El informe Documentación de casos de violencia contra mujeres y niñas y registro de la respuesta del sector de la salud destaca que “el sistema de salud desempeña un papel crucial, ya que la fortaleza está en la disponibilidad de datos sobre la magnitud de a la violencia, sus consecuencias, los tipos de violencia y el acceso de las sobrevivientes al apoyo”.

Estos datos son esenciales para monitorear la respuesta a la violencia, sensibilizar a otros y abogar por el cambio.

La violencia contra las mujeres no solo deja consecuencias físicas, psicológicas y sociales. También representa un costo económico para las víctimas, sus familias y el Estado.

Así lo plantea la investigación “Estimación del costo económico de la violencia contra la mujer en República Dominicana, período 2011-2015”, realizada por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El estudio estimó que entre 2011 y 2015 los costos acumulados de la violencia contra las mujeres en el país, incluidos los gastos institucionales destinados a la prevención, alcanzaron RD$ 14,945.45 millones. En promedio, esto representó RD$ 2,989.10 millones anuales, equivalentes al 0.12 % del producto interno bruto (PIB).

Para las mujeres que acudieron a hospitales, el gasto promedio asociado a la violencia fue de RD$ 52,419 durante un período de entre ocho meses y un año. En las clínica, el monto fue de RD$ 196,506 por mujer, casi cuatro veces el gasto registrado entre quienes recurrieron a servicios públicos.

El cálculo incluye costos médicos, psicológicos y legales, además de gastos de alimentación y transporte.

A nivel mundial, la violencia contra la mujer supone entre el 1 % y el 6 % del PIB, debido a los costos asociados a los servicios policiales, judiciales, de protección social y de salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero el impacto económico es una parte de las consecuencias que deja la violencia. Las lesiones físicas también evidencian la dimensión del problema.

Recursos para sostener la respuesta

La existencia de protocolos tampoco elimina las limitaciones materiales. Solange Alvarado, del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia (CASV), tiene 19 años de experiencia y ha trabajado con 9,727 mujeres entre julio de 2007 y julio de 2026.

Las mujeres llegan mediante interconsultas y referimientos, principalmente a través de Trabajo Social.

“Se necesita dinero”, insiste.

El Estado dominicano destinó RD$ 875.3 millones al programa de reducción integral de violencia de género e intrafamiliar durante 2025, de acuerdo con el Viceministerio de Planificación e Inversión Pública.

Para Alvarado, una respuesta efectiva requiere profesionales especializados, investigación, tecnología, medicamentos y mejores condiciones laborales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que los Gobiernos deben mejorar la coordinación dentro del sistema de salud y con otros sectores.

• Asignar presupuesto y recursos para prevenir y responder a la violencia de género.
• Integrar la prevención y la respuesta a la violencia contra la mujer en las políticas, planes, programas y presupuesto de salud.
• Reformar leyes y políticas de promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y de la igualdad de género.

La urgencia de afinar estos mecanismos responde a la letalidad del flagelo:

• Promedio anual (2009-2025): 163 muertes violentas de mujeres.
• Año 2025: 141 muertes intencionales (+11.9 % respecto a 2024).
• Rango de edad afectado: 65.96 % entre 15 y 49 años.
• Contexto: 47.52 % ocurrió en entornos intrafamiliares y el 42.55 % a manos de parejas o exparejas.

El CASV también enfrenta limitaciones para investigar de manera sistemática los procesos y datos documentados, además de dificultades tecnológicas y para aplicar evaluaciones estandarizadas.

Alvarado considera que República Dominicana aún no está haciendo lo necesario para cambiar una realidad que cada año cobra la vida de cientos de mujeres.

A su juicio, el trabajo no puede limitarse a contabilizar las víctimas y lamentar sus muertes. Alvarado plantea que se requiere transformar los patrones culturales mediante la educación, fortalecer el sistema de justicia con voluntad política y recursos, y garantizar que el Estado se haga cargo de cada mujer que ingresa a la ruta crítica tras presentar una denuncia.

También consideró necesario que todas las instituciones involucradas asuman la responsabilidad que les corresponde en la atención de las mujeres víctimas de violencia y de sus familias.

Y no es para menos. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) planteaba en 2012 que la seguridad ciudadana debe abordarse desde la prevención y la atención de las causas que generan la violencia en la convivencia social, incluida la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Para ello, establece la necesidad de articular de manera eficiente las políticas de prevención, persecución y sanción.

La estrategia también prioriza políticas públicas coordinadas que permitan que la población joven permanezca en el sistema educativo, participe en actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas, y reciba capacitación para su inserción en el mercado laboral, bajo un enfoque de igualdad y equidad.

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público, publicado en agosto de 2026 por el Ministerio de Hacienda y Economía, parte de una concepción similar al señalar que la violencia, aunque está vinculada a la delincuencia, tiene características particulares porque también está relacionada con la convivencia social.

• 134 feminicidios.
• 59,744 denuncias.
• 8.2 % de las emergencias atendidas por el 9-1-1 correspondió a casos de violencia doméstica.

El diagnóstico reconoce que el país ha registrado avances en la reducción de los homicidios, así como en la resolución judicial y los decomisos de drogas y armas.

Sin embargo, también identifica desafíos estructurales como “la normalización de la violencia de género y la baja confianza en las instituciones”.

Ante este panorama, el Plan plantea que el país debe mejorar la articulación intersectorial para abordar de manera integral los factores de riesgo.

“De cara a 2030, hay que mantener el avance hacia las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación, de manera que sea posible medir los cambios alcanzados en materia de seguridad ciudadana”.