La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, de los cuales 44 son extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Según el balance hay 452 hombres y 51 mujeres; 315 civiles y 188 militares.
Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, de acuerdo con la misma organización, han sido excarcelados también al menos 673 presos políticos, con liberaciones iniciadas el 8 de enero. Esta cifra incluye liberaciones verificadas tanto antes como después de la aprobación de la ley de amnistía en febrero, con al menos 166 directamente atribuibles a esta normativa, y abarca civiles, militares y personas de nacionalidad extranjera (como colombianos, chilenos y españoles, entre otros).
Mientras continúa el proceso de amnistía en Venezuela, impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, diversas ONG denuncian que cientos de personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, ya que esta ley no se aplica de forma automática.
El caso de Javier Tarazona, director de FundaREDES —una ONG que denuncia violaciones de derechos humanos en zonas fronterizas— ilustra esta situación. Tarazona fue detenido en 2021 junto a su hermano, Rafael Tarazona, y el abogado Omar de Dios García, acusados de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Los tres obtuvieron libertad condicional en febrero de 2026, tras más de cuatro años en prisión, pero su proceso judicial continúa abierto con medidas cautelares, como presentaciones periódicas.
Tarazona denunció la víspera que un tribunal de Caracas rechazó su solicitud de amnistía —es decir, el sobreseimiento total del caso— al considerar que los cargos no están cubiertos por la ley aprobada en febrero por el Parlamento.
Una decisión que no sorprende a Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, entrevistado por RFI.
"Lamentablemente, los tribunales, de forma discrecional, niegan u otorgan la amnistía sin justificar específicamente por qué. Eso ha caracterizado las decisiones habituales. No existe una motivación concreta. Incluso ha habido casos que, a pesar de poder beneficiarse de la amnistía, no la otorgan; y otros en los que la persona no está claramente incluida, pero sí se le concede. Esa ha sido la fórmula que han utilizado", explica Romero.
El gobierno venezolano no reconoce "presos políticos"
Para el jurista, la ley es "excluyente" y el problema de fondo es que el Gobierno "no reconoce la existencia de presos políticos", lo cual representa, para él, un obstáculo mayor.
"Hasta que no haya un reconocimiento de los presos políticos y una voluntad real de cambio y de desmantelamiento del sistema represivo, aunque se llame 'amnistía', no se va a lograr la liberación de todos ellos. Foro Penal verifica y registra presos políticos, pero el Gobierno dice que no existen. Por eso nos preguntamos qué criterio usan para liberar personas si no son presos políticos", apunta.
Romero considera que la norma presenta obstáculos estructurales.
"Es importante notar que esta amnistía no está pensada para la víctima. No fue hecha ni redactada para beneficiarla. El propio gobierno ha establecido que las personas a las que se les otorga han estado vinculadas a supuestos delitos y que la amnistía constituye una especie de olvido, pero sin excluir la idea de que esas personas habrían cometido delitos. Eso quiere decir que el problema sigue", afirma.
Otras ONG, como Justicia, Encuentro y Perdón, califican la amnistía como un "espejismo jurídico que busca legitimidad internacional para el Gobierno, lejos de una justicia y reparación reales".
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