Tribunal arbitral falla a favor de la petrolera Chevron y obliga a Ecuador a pagarle 220 millones de USD

El interminable litigio entre Ecuador y la compañía estadounidense Chevron Texaco vivió otro giro en noviembre pasado. La empresa que derramó miles de millones de galones de residuos de petróleo, que abandonó más de 900 piscinas de desechos líquidos en la selva tropical, aún no ha pagado el precio que le exige la justicia ecuatoriana.

Y a pesar de dejado un desastre ambiental apodado el Chernóbil Amazónico, la transnacional no solo evadió la justicia ecuatoriana que la condenó en 2011, sino que logró una hazaña judicial: ante un tribunal de arbitraje, la empresa obtuvo una condena del estado ecuatoriano que tendrá que pagarle 220 millones de dólares de indemnización. La noticia causó la indignación de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco. Para Deisy Torres, habitante de Lago Agrio e integrante del colectivo, “la Amazonía entera que sigue sangrando de petróleo. ¿Cómo es posible que el Estado ecuatoriano vaya a pagarle 220 millones de dólares a esta empresa?”, se pregunta.

Escuche este episodio de Vida en el planeta para entender por qué las víctimas de esta contaminación aún no han obtenido justicia a pesar de 30 años de litigios y de varias sentencias favorables:

Fue en 1992 cuando Texaco, hoy fusionada con Chevron concluyó sus actividades en Ecuador. Los habitantes de la Amazonía ecuatoriana demandaron entonces a la empresa estadounidense por contaminación medioambiental, y por los impactos en materia de salud. El juicio culminó en 2011 con una condena de la empresa a pagar una multa de 9500 millones de dólares. Pero Chevron nunca pagó esta cantidad. Y tres décadas después, la contaminación sigue haciéndole la vida imposible a los habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Así lo contó a RFI Natali Casigña, una madre de familia que vive a 500 metros de una instalación petrolera en el cantón de Joya de los Sachas, en el norte del país.  Casigña lucha hoy para que se reconozca que la alta incidencia de casos de cáncer en la región está relacionada con la actividad petrolera. Casigña cuenta como esta industria ha moldeado el paisaje con fugas recurrentes de petróleo, un olor penetrante a gasolina, las antorchas de gas, el agua contaminada y las piscinas de residuos petroleros que aún no se han limpiado.

“Estas piscinas fueron construidas por la empresa Texaco-Chevron para almacenar las aguas de formación con petróleo. Hace más de 20 años que no está la empresa petrolera en Ecuador. Sin embargo, estas piscinas todavía existen y se han cubierto de vegetación. Los animalitos corren por la selva, son atrapados por estas piscinas”, cuenta a RFI.

Y cuenta llueve abundantemente, “sube el nivel de estas piscinas y toda esa agua sucia se va a desembocar en el estero”, agrega.

Por su parte, la empresa Chevron-Texaco considera que ya ha pagado sumas suficientes para reparar los daños medioambientales. Un relato que contradice la realidad indica Pablo Fajardo, abogado principal de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT).

En conversación con RFI, el jurista recuerda las grandes etapas de este largo caso judicial que empezó en 1993 con una demanda de las poblaciones afectadas en una corte estadounidense.

“Luego de 9 años de litigio en Estados Unidos, en el año 2002, el caso Lago Agrio fue remitido a las cortes de Ecuador por pedido de Chevron. En el 2003 presentamos la demanda aquí en Ecuador, en corte de Sucumbíos donde Chevron operó y el 14 de febrero del 2011, el juez de primera instancia encontró culpable a Chevron y la condenó a pagar los 9.5 billones de dólares”, recuerda el abogado.

Chevron pide una indemnización por daño a su imagen

Y a pesar de las impugnaciones de la transnacional en instancias superiores, la condena fue ratificada tres veces. “En 2018 la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia ratificando lo dicho por los jueces anteriores”, subraya Fajardo.

A pesar de estas 4 sentencias condenatorias, la empresa estadounidense de hidrocarburos no pagó la multa y llevó el caso a un panel de arbitraje en La Haya y logró revertir la situación y presentarse como víctima del estado ecuatoriano que fue condenado a pagarle 220 millones de dólares.

En 2018, el panel de arbitrajes emitió un laudo arbitral que dispone al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso de Lago Agrio considerando que el país suramericano había violado un tratado bilateral de inversión con EE.UU al condenar a Chevron-Texaco. Una decisión que el jurista tilda de “insulto al derecho”.  “¿Cómo un gobierno puede decir, mire, esta sentencia no me gusta y voy a hacer todo para que no se ejecute? Sin embargo, en ese marco, el gobierno de Ecuador sí ha hecho todo lo posible para cumplir con eso”, denuncia Pablo Fajardo.

En noviembre de 2025, el panel de arbitraje impuso al Estado ecuatoriano que le pague a Chevron “las costas judiciales y el daño a su imagen que le hemos causado a los indígenas y campesinos en esos hasta ahora 30 años de juicio”, analiza Pablo Fajardo. “Esos 220 millones es, en teoría, lo que ha gastado Chevron en su defensa”.

Tras alegrarse inicialmente porque la multa “solo” será de 220 millones de dólares, lejos de los 3300 millones que reclamaba Chevron Texaco, a principios de enero de 2026, el procurador general del Estado ecuatoriano Juan Carlos Larrea, cambió de tono e indicó que el gobierno entablará un trámite para reducir el monto a pagar.

Los argumentos de Chevron que convencieron a los árbitros judiciales

A lo largo de los años, para justificar su negativa en cumplir las sentencias de la justicia ecuatoriana, la empresa ha argumentado que el Estado de Ecuador la había liberado de sus obligaciones de remediación ambiental.

Efectivamente, “en el año 1995, la transnacional firmó un contrato con el estado en el que se comprometió a remediar parte del daño ambiental a cambio de que el Estado se comprometiera a nunca más demandar a Chevron”, recuerda Pablo Fajardo.

“Texaco ‘invirtió’ 41 millones dólares para reparar en daño ambiental causado. Pero el asunto es que nunca hicieron una remediación en la zona y el costo de la remediación es de 9500 millones de dólares pues. Los 41 millones no alcanzaba para nada”, insiste el abogado de los damnificados.

Los tribunales de arbitraje, arma judicial de los inversionistas

La condena del estado ecuatoriano en un tribunal de arbitraje evidencia una vez más la impronta neocolonial de este tipo de mecanismos jurídicos que colocan a las empresas del norte global en una situación ventajosa en detrimento de países en desarrollo.

En un informe de 2025, el centro de análisis Transnational Institute con sede en Dinamarca, calculó que los inversionistas salen beneficiados en el 61% de los casos resueltos, ya sea por haber obtenido un laudo favorable con indemnización millonarias, o al cabo de un acuerdo de partes. El documento recalca también que el 85% de las demandas fueron iniciadas por empresas estadounidenses, canadienses o europeas y que las empresas de gas, petróleo y de minería representan el 23% de los litigios.

Fue para evitar precisamente esta desventaja que desde 2008, Ecuador prohíbe -en su Constitución- a los gobiernos recurrir a tribunales de arbitrajes. Es un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los contratos que suscriben esas empresas extranjeras en los países del sur global. Pero en la práctica, estos tratados bilaterales de inversión. han servido como un mecanismo para sobreproteger a las inversiones de extranjeras”, denuncia el exministro de Energía de Ecuador Alberto Acosta.

“Lo que se ha hecho es debilitar la justicia nacional porque se permite que una empresa transnacional que tiene algún diferendo con un estado de algún país del Sur Global, pueda recurrir a esta suerte de justicia paralela internacional, en la cual normalmente los países empobrecidos pierden”, insiste Acosta, quien también presidió la Asamblea Constituyente que elaboró la Carta Magna del 2008.

A pesar de la reciente victoria judicial de Chevron Texaco, las víctimas de este gigantesco escándalo de contaminación medioambiental no quieren rendirse. A través de sus abogados, presentaron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obligar al Estado ecuatoriano a exigir indemnizaciones a Chevron.