RFI. El Tribunal Constitucional (TK), la más alta jurisdicción de Polonia, debe celebrar una asamblea general este martes por la tarde, en un contexto de crisis política. Sin embargo, no está garantizado que la asamblea pueda adoptar decisiones, ya que no está asegurado el quórum necesario. La crisis en torno a la más alta jurisdicción del país se remonta a 2015. Los nombramientos en el tribunal se han vuelto eminentemente políticos y ya no permiten garantizar su independencia. Ya en 2015, el gobierno del PiS nombró a jueces políticamente comprometidos, cuya legitimidad no reconocen ni la Unión Europea ni el actual jefe de Gobierno, Donald Tusk, de centroderecha. La crisis se aceleró bruscamente el pasado viernes: la policía antidisturbios tomó el control de las instalaciones del tribunal para bloquear el acceso; el ministro de Justicia, que también ejerce como fiscal general, solicitó el levantamiento de la inmunidad del presidente nombrado por el PiS; y una magistrada recién designada por la actual mayoría anunció que asumiría la presidencia interina tras suspender a Bogdan Święczkowski. ¿Qué hay detrás de la pugna entre el primer ministro Tusk, que busca reformar ese tribunal, y el presidente Nawrocki?

"Estamos asistiendo a un nuevo enfrentamiento que no concierne solamente a dos bloques porque, en realidad, estamos hablando de un bloque conservador y un bloque ultraconservador. En el bloque conservador estaría el actual primer ministro, Donald Tusk, que además tiene una larga experiencia en puestos de responsabilidad comunitarios en la Unión Europea, y, por otro lado, la herencia que ha dejado la presidencia de Kaczyński, así como la penetración que ha tenido en el país el partido de ese dirigente político durante muchos años en el tejido judicial. Lo que ha ido haciendo Kaczyński desde 2015, prácticamente hasta 2023, ha sido tejer un órgano judicial supremo como es el Tribunal Constitucional acomodado a los intereses de su formación ultraconservadora. Lo que tenemos ahora es una reedición de ese tipo de conflicto".

RFI. ¿Qué está buscando Tusk?

"Desde que está en el cargo como primer ministro, Tusk está tratando de renovar parte de ese poder judicial que está absolutamente enquistado y diseñado, repito, de acuerdo con los intereses ultraconservadores de este partido que ha tenido la dirección política de Polonia durante muchos años. Esta disputa se ha traducido no solo en confrontaciones internas, sino sobre todo en enfrentamientos directos con el ordenamiento jurídico comunitario y con el propio "TJUE", el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en numerosas ocasiones. De hecho, en 2017, el TJUE ya había cuestionado en diversas sentencias al Tribunal Constitucional polaco, ya que directamente se situaba por encima el derecho interno polaco frente a la jerarquía judicial de la UE y al ordenamiento jurídico comunitario. Esto es algo que, a todas luces, es contrario al derecho comunitario y, sobre todo, al derecho primario, al derecho de los Tratados de la Unión Europea. Se ha llegado hasta ese punto: a cuestionar la validez de las sentencias del TJUE y poner por encima las sentencias del Tribunal Constitucional polaco".

RFI. ¿Qué tan lejos han llegado las instancias judiciales de la UE en su rechazo de las acciones de la justicia polaca?

"La Comisión Europea, en un momento determinado, tuvo que aplicar el artículo 7 contra uno de los Estados miembros e imponer sanciones diarias de un millón de euros contra Polonia, además de bloquear los fondos estructurales y los fondos de ayuda. Pues bien, todos estos fondos han sido recuperados precisamente hace poco más de año y medio por parte de Donald Tusk, con el compromiso de tratar de revisar los parámetros que, como Estado de derecho, tiene que cumplir Polonia dentro de la Unión Europea y que claramente, a juicio del ordenamiento jurídico comunitario y del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no cumplía en cuanto a la imparcialidad del poder judicial en Polonia".

RFI. ¿Es porque Polonia ha adquirido compromisos con la UE en materia jurídica? 

"Así es. Polonia es un Estado miembro de la Unión Europea y por eso tiene que cumplir los parámetros de un Estado democrático y de derecho, entre ellos, fundamentalmente, la división de poderes y que el poder judicial sea un poder democrático ajeno a los manejos políticos y, sobre todo, ajeno a los intereses de determinadas fuerzas políticas, cosa que claramente está siendo vulnerada en estos últimos años por parte del Tribunal Constitucional en Polonia y por parte de la fuerza política mayoritaria, que era el partido PiS, en el caso del poder ejecutivo.

La porosidad que no debería existir entre los nombramientos realizados por el Ejecutivo y los miembros del Tribunal Constitucional, desde el punto de vista de la defensa de intereses partidistas, se ha producido claramente por parte de los gobiernos y administraciones políticas anteriores. En ese sentido, yo creo que la intromisión, entre comillas, de las autoridades de la Unión Europea tiene su sentido".

RFI. Al mismo tiempo, Tusk parece haber ido muy lejos en su empeño de darle un giro a esta situación.

"Es verdad que hay determinadas cuestiones relacionadas con hechos recientes, desde finales de la semana pasada, que pueden ser muy cuestionables desde el punto de vista jurídico interno y desde el punto de vista constitucional de Polonia.

Por ejemplo, el hecho de que la jueza Anna Korwin-Piotrowska sea quien ha anunciado la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional y del vicepresidente es muy cuestionable. También es muy cuestionable que ella se arrogue este tipo de competencias, entre otras cosas porque lo que el propio estatuto del Tribunal Constitucional regula en estos casos es que quien tendría que hacerse cargo sería el juez o la jueza de mayor antigüedad, cosa que no sucede o que no aplica en el caso de esta jueza, porque ella computa todo su servicio en órganos judiciales que, en muchos casos, son distintos del periodo que ostenta como miembro del Tribunal Constitucional".

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