Exjefes de las FARC reciben una primera sentencia por miles de secuestros en Colombia

Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez este 16 de septiembre a ocho años de trabajos y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia. Se trata de la máxima pena posible según el Acuerdo de Paz de 2016.

Siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, recibieron este martes la máxima pena estipulada en el Acuerdo de Paz de 2016. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró victimarios a los excomandantes del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.

En adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.

"El secuestro se volvió una práctica sistemática"

Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces Gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.

Son culpables "en calidad de autores de responsabilidad por los crímenes de guerra, de tortura, tratos crueles", dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos.

Las investigaciones "mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país", agregó.

Más sentencias esperadas

El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del Acuerdo de Paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.

Se espera que la JEP, cuya vigencia se extiende máximo hasta 2037, dicte más sentencias sobre otros crímenes que involucran al Secretariado y a miembros de la fuerza pública imputados por el asesinado de civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Políticos y paramilitares que enfrentaron a la guerrilla también han acudido al tribunal para confesar sus delitos y así evitar la prisión.

Como parte del acuerdo que acogió a unos 13.000 combatientes y colaboradores, los rebeldes de las FARC se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas a cambio de participar en política y eludir la cárcel.

Pese al acuerdo, el secuestro sigue siendo una práctica de los grupos armados que siguen activos en Colombia. Los raptos aumentaron un 82% en lo corrido del año con respecto a 2024, según la policía.