Estados Unidos: la ejecución fallida de Christa Pike reaviva el debate sobre la pena capital

Ella iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1820. Una hora antes de la hora prevista, un tribunal federal de apelaciones ordenó la suspensión de la pena, el tiempo necesario para examinar la admisibilidad de un nuevo recurso presentado por la defensa. Una suspensión que el Tribunal Supremo anuló unas horas más tarde. Christa Pike, condenada a muerte por el asesinato de una estudiante en 1995, finalmente sobrevivió a dos inyecciones de pentobarbital que se suponía que la matarían. Ahora se encuentra hospitalizada, "en estado crítico", según declaró su abogado, Randy Spivey, el jueves 1 de octubre.

El gobernador de Tennessee anunció la suspensión de las ejecuciones previstas para este año y ordenó la apertura de una investigación. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a las autoridades locales a que desistieran de cualquier nuevo intento de ejecutar la sentencia. Este caso "pone de relieve varias razones por las que debería abolirse la pena de muerte", escribió en X.

Varios fallos

La inyección letal, que durante mucho tiempo se presentó como el método de ejecución "más indoloro", es hoy en día el preferido en Estados Unidos. Y esto a pesar de varios contratiempos. Antes de Christa Pike, siete personas se habían salvado, en cada caso porque el verdugo no había encontrado una vena que perforar. El pasado mes de mayo, también en Tennessee, se suspendió la ejecución de un condenado a muerte después de más de una hora buscando dónde inyectar el suero letal.

También se plantea la cuestión de su disponibilidad o la de la persona que lo administra —el Colegio de Médicos lo prohíbe—. Cuatro de los 27 estados que aún aplican la pena de muerte han suspendido todas las ejecuciones, alegando preocupaciones de carácter moral y logístico, señala la radio pública NPR. Entre ellas, la imposibilidad de obtener los medicamentos necesarios debido a la negativa de las empresas farmacéuticas a vendérselos para ese fin.

"Los estados que no han llevado a cabo ejecuciones se ven así obligados a vender los productos de los que disponen a los estados que sí quieren ejecutar. Esto ya se ha comprobado. Los estados gastan cientos de miles de dólares para conseguir dosis que no hayan vencido", informa Sandrine Ageorges-Skinner, miembro de la Junta Directiva de "Juntos contra la pena de muerte" y viuda de un condenado a muerte en Texas.

Algunos estados ofrecen alternativas: la silla eléctrica, la cámara de gas o incluso el pelotón de ejecución. De hecho, este último método era el que Christa Pike había solicitado. Pero no es posible en Tennessee, ya que la única alternativa es la silla eléctrica. "No nos da ninguna satisfacción haber tenido razón, pero las preocupaciones planteadas por la Pike resultaron fundadas: dificultad para acceder a las venas, venas rotas, pentobarbital en mal estado, falta de atención médica de emergencia cuando las cosas inevitablemente salen mal, todo ello bajo el amparo de un protocolo que sigue envuelto en el secreto", denunciaron sus abogados.

Décadas en el corredor de la muerte

Christa Pike, quien lleva 30 años en el corredor de la muerte, dista mucho de ser un caso excepcional. La multiplicación de los recursos y la lentitud de los tribunales pueden prolongar durante décadas este período de aislamiento total, en el que se espera una ejecución que, a veces, nunca llega. Así lo demuestra el caso de Francis Clifford Smith, condenado a la pena capital en 1950 y quien falleció por causas naturales en agosto a los 101 años, tras haber escapado de su ejecución en ocho ocasiones debido a dudas sobre su culpabilidad.

Otro ejemplo, con un final más feliz: el de Douglas Carter. Condenado por homicidio, fue liberado el lunes 30 de septiembre de una prisión de Utah después de que pruebas de ADN confirmaran su inocencia. Había permanecido 37 años en el corredor de la muerte. Según cifras de la organización "Juntos contra la pena de muerte", 204 personas condenadas a muerte han sido liberadas tras ser exoneradas.

Christa Pike no tuvo esa suerte. Sin embargo, sus abogados afirman que su defensa durante el juicio no había invocado las circunstancias atenuantes que deberían haberle beneficiado, entre ellas los traumas y la violencia sexual que sufrió desde muy pequeña. El estado de Tennessee había reconocido esa violencia por primera vez en agosto, sin por ello cambiar su postura. El lunes 28 de septiembre, el gobernador Bill Lee se negó a conmutarle la pena.

El giro de Trump

Y es que el tema es eminentemente político, entre un Partido Republicano tradicionalmente a favor de la pena de muerte y un Partido Demócrata oficialmente abolicionista. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se tradujo en un aumento de las ejecuciones: 47 en 2025, frente a unas veinte cada año en la década anterior. "La administración de Trump alienta a los tribunales a facilitar las ejecuciones en los estados que no han llevado a cabo ninguna desde hace mucho tiempo", denuncia Sandrine Ageorges-Skinner.

Oklahoma e Indiana ya habían reanudado sus ejecuciones tras haberlas suspendido durante años. California, donde rige una moratoria desde hace siete años, podría seguir el mismo camino en caso de que el republicano Steve Hilton gane el cargo de gobernador en las elecciones de mitad de mandato. Lo mismo ocurre en Ohio, donde el gobernador republicano Mike DeWine, partidario de la abolición, deja el cargo tras dos mandatos consecutivos. Todavía hay siete ejecuciones programadas en Estados Unidos hasta fin de año.