EE.UU. se beneficiará de los minerales del Congo tras mediar en el acuerdo de paz con Ruanda

Antes de firmar los llamados Acuerdos de Washington el pasado 4 de dicembre, el presidente congoleño Felix Tshisekedi ya había propuesto a su par Donald Trump un acceso preferencial a los inmensos recursos minerales de la RDC.  En la ceremonia de la firma, Trump anunció acuerdos bilaterales de EE. U.U. con ambos países africanos, en virtud de los cuales empresas estadounidenses tendrán acceso a los minerales críticos de la región.

“Sabemos cuál es la intención de Estados Unidos detrás de su implicación en la firma de estos acuerdos: acceder a estos recursos mineros. Pero no es claro cómo lo harán. Ese es el problema de estos acuerdos, solo tienen un marco referencial y principios generales.”, afirma Zobel BEHALAL, experto en actividades mineras ilegales de la ONG Global Initiative against Transnational Organized Crime,

Behalal precisa que, por diversas fuentes, “se sabe que hay operadores económicos estadounidenses interesados en las muy importantes y disputadas minas de coltán de Rubaya, en la provincia de Kivu del Norte, que producen el 15 % del coltán mundial. Esta mina ha sido la principal fuente de minerales que salen ilegalmente de RDC y se lavan en Ruanda para inundar el mercado internacional. La empresa estadounidense Cobalt Metal, también está a punto de obtener la licencia para la explotación de litio”.

El investigador subraya, sin embargo, que las empresas estadounidenses enfrentarán grandes dificultades en el terreno por tratarse de zonas bajo control de grupos armados que, según todas las normativas internacionales, no tienen derecho a controlar una explotación minera. “Incluso, si los estadounidenses lograran obtener ciertos títulos en la mina de Rubaya, por ejemplo, en poder de (la guerrilla) M23, la gran pregunta es: ¿cómo van a explotar esos minerales? ¿Van a expulsar al M23? ¿Van a convencer a los ruandeses?", se pregunta Behalal.  

Riqueza minera y grupos armados  

Hace varias décadas que el noreste de la República Democrática del Congo está sumido en una guerra en la que un centenar de grupos armados combaten entre sí o contra el Ejército. Una guerra cuyo telón de fondo es el control de un impresionante negocio: la explotación y venta de minerales como el coltán, el cobre, el cobalto, el tungsteno o el estaño, claves en la fabricación de teléfonos celulares y en la industria militar. Los llamados “los minerales tecnológicos de sangre” que abundan en RDC.    

Este escenario, según el experto, representa la batalla geopolítica a nivel mundial entre potencias, en torno a todos estos minerales denominados críticos que participan en la transición energética. “La RDC es un país que se encuentra en el centro de una batalla geopolítica que, lamentablemente, implica a grupos armados”, subraya.

La rebelión de la guerrilla Movimiento 23 de marzo (M23) -nombre que deriva de un acuerdo de paz frustrado-, ha derrotado -bajo el mando de Ruanda, según expertos de la ONU- al ejército congoleño, estructuralmente deficiente. Ocupa un territorio casi tan extenso como el propio Ruanda, a costa de una tragedia humanitaria difícil de cuantificar, pero que se cifra en miles de muertos y cientos de miles de personas desplazadas por la fuerza. Un balance macabro que se suma al de las fases anteriores del conflicto en la región de los Grandes Lagos.

De otra parte, desde el inicio de los enfrentamientos en 2022 en el este de la República Democrática entre el ejército congoleño y el M23, un movimiento de autodefensa formado principalmente por jóvenes del este del país lucha junto al ejército congoleño. Se hacen llamar Wazalendo.

"Congo y los países de la región de Los Grandes Lagos implicados en la crisis del este de la República Democrática del Congo están dominados por redes de delincuencia organizada transnacional, alimentadas en parte por élites políticas y que se enriquecen a costa de la población gracias al control de las redes de explotación y comercio ilícito de minerales. El M23 se ha extendido a varios frentes. También hay frentes que se bastan por sí mismos y que constituyen importantes retos de seguridad, son fuente de problemas para la población civil e involucran a otros países vecinos, como Uganda y Burundi en el caso de la provincia de Kivu del Sur".

Hoy en día, las operaciones y ambiciones de M23 ruandés y su ala política, la Alianza Río Congo (AFC), van más allá de proteger a la población de la amenaza que implican las FDLR, Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, grupo armado de oposición activo en el este de la RDC, compuesto principalmente por antiguos milicianos y sodados hutus que participaron en el genocidio en Ruanda de 1994 y, luego, huyeron al país vecino.  El presidente ruandés, Paul Kagame, ha calificado a las FDLR de «amenaza existencial» para su país y acusa a la RDC de apoyarlos. 

Drama humanitario

Tras ocho meses de esfuerzos diplomáticos por parte de Estados Unidos y Qatar para poner fin al conflicto en la República Democrática del Congo (RDC), la población civil sigue sufriendo graves violaciones de derechos humanos cometidas tanto por el M23 como por los Wazalendo. Amnistía Internacional (A.I.)  deplora que el Acuerdo de paz firmado el 4 de octubre no exhorte a los dirigentes de ambos países a comprometerse con el fin de los abusos y violaciones infligidos a los derechos humanos de la población.

“No vemos que el acuerdo ejerza una presión directa y consistente sobre los dirigentes de Ruanda y República Democrática del Congo para que dejen de apoyar a los grupos armados que cometen los abusos. Tampoco prevé consecuencias para los gobiernos que los respaldan al M23, que está respaldado por Uganda y los Wazalendo, una coalición de grupos armados respaldada por el gobierno y el Ejército congoleños”, afirma Olatz Cacho, responsable de Amnistía Internacional.

En el terreno la violencia sigue campeando. La ONG ha documentado abusos cometidos tanto por los combatientes de Wazalendo como homicidios perpetrados por el M23 contra personas sospechosas de colaborar con el primer grupo. “Decenas de miles de personas siguen desplazándose en masa    y algunas han optado por irse a vivir a la selva por temor a estos ataques armados”.