Con la corresponsal regional de RFI, Claire Bargelès

Nozizwe Ntesang está al frente de Legabibo, una asociación de defensa de las personas LGBTQ+ en Botsuana. Desde hace algún tiempo, se podría decir que su lucha y su defensa no han sido en vano. Aunque un tribunal de Botsuana había declarado “inconstitucionales” las disposiciones de una ley sobre las relaciones homosexuales en 2019, el Código Penal del país fue actualizado el pasado mes de marzo.

“Acogemos con alegría la decisión del representante legal del Gobierno de derogar formalmente estos artículos del Código Penal”, celebra Nozizwe Ntesang. Una señal “alentadora” por parte de un nuevo Gobierno “que se posiciona del lado de los derechos humanos, derechos que, por definición, conciernen a todo el mundo, incluidas las personas LGBT”, explica la defensora de la causa.

Según ella, se trata de la primera etapa del proceso. Dado que se ha entablado un diálogo con las instituciones y los representantes religiosos, “esto permite explicar todos estos avances en Botsuana”, lo que, según espera, servirá de ejemplo para otros países.

Hacia un endurecimiento de las leyes en el continente

Porque, si bien estos avances son motivo de alegría para los defensores de las libertades, y Angola y Gabón también han optado en los últimos años por la despenalización, en el conjunto del continente se observa, sin embargo, más bien un endurecimiento de la represión contra las personas LGBTQ+.

En Senegal, el pasado mes de marzo se promulgó una ley que endurece las penas por lo que se califica de “actos contra natura”. Las relaciones entre personas del mismo sexo ya no se castigan con penas de uno a cinco años de prisión, sino de cinco a 10 años, y desde entonces ya se han producido detenciones.

En Ghana, un texto aprobado en el Parlamento, aunque por el momento aún no promulgado, prevé una política penal más severa y fomenta la delación. Burkina Faso y Mali también han endurecido su legislación.

En un contexto de presiones religiosas, discursos soberanistas e influencias externas —estadounidenses y rusas—, cada vez resulta más difícil para las asociaciones de defensa de los derechos humanos llevar a cabo su labor, y se multiplican los casos de persecución o discriminación.

Según el Observatorio de las Desigualdades, un total de 31 países del continente siguen penalizando la homosexualidad, y en algunos casos la ley prevé incluso la pena de muerte, como en Mauritania, en Nigeria, en algunas zonas de Somalia o en Uganda, uno de los países africanos más represivos desde la adopción de una nueva legislación en 2023.

RFI

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