Conflicto en el Catatumbo colombiano: un año de soledad

María amamanta a su bebita enferma en el Centro Regional de Atención a Víctimas. No tiene cómo darle el biberón. Su familia huyó sin pertenencias de Tibú a Cúcuta por los grupos armados, que utilizan uniformes verdes como los del ejército, pero con botas de caucho. 

“Ella mira alguien uniformado y le da miedo”, cuenta a RFI. “Mis hijos han visto muertos allá. A veces el niño grande me pregunta “Mamá, ¿usted qué siente?” Y no normal, porque si uno se asusta, los niños también”. 

María, sus tres hijos y su esposo encontraron refugio en casa de una prima. Más de 800 familias del Catatumbo han sido desplazadas a Cúcuta en estas últimas semanas. Las que logran extraerse. 

No hay que hablar más de la cuenta. Incluso en la ciudad, hay informantes por todas partes, ya sea del ELN o de las disidencias de las FARC, las dos guerrillas que se enfrentan por el control territorial, ahora con drones. La primera crisis humanitaria tuvo lugar en enero de 2025. 

En diciembre se reactivó en dos municipios de la región: Tibú y El Tarra. “Se inició un paro armado por parte del grupo ELN en todo el país, pero en el Catatumbo no paró”, explica Ludy Páez, personera municipal. 

“No es contra ninguna fuerza del orden. Se enfrentan las dos fuerzas que están al margen de la ley. Con drones es más difícil para la población civil evadir los ataques, porque si ellos detectan calor humano en algún sitio de más de dos o tres personas, atacan", asegura. 

Los desplazados del conflicto y sus familias acuden la personería de Cúcuta, la entidad pública que monitorea los derechos de la ciudadanía. Deben registrarse para recibir ayuda humanitaria y mercados. “No se trata de que a mí me den el mercado para mí, sino que también para el sitio donde yo llego, porque voy a ocupar su cocina, estoy gastando su luz”, dice Páez.

"Él está dando plata a cambio de mi ubicación"

En este conflicto, los civiles se vuelven carne de cañón y los lideres de las comunidades un blanco. Los líderes de Juntas Comunales –que representan a la población en pequeñas localidades– fueron los primeros desplazados.  

En Cúcuta, se reúnen a escondidas. Comandantes de una u otra guerrilla los tienen amenazados. Uno de ellos muestra un video en el que se ve al comandante Richard Suárez, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, señalándolo como “instigador”.  "Él está dando plata a cambio de mi ubicación, porque dice que yo soy del ELN y que me tienen que matar”, explica bajo anonimato.  

La casa de otro líder fue blanco de tiros. Un maestro de obras recibió los disparos porque estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. 

“Hay puntos claves. Corregimiento o veredas estratégicas que buscan conquistar porque para son corredores y quieren llegar nuevamente a a retomarlas. Esos terrenos los habían perdido cuando la antigua guerrilla FARC se desmovilizó en el 2016. Desde 2018 los quieren tomar y de ahí es que está saliendo la población amenazada”, detallan. 

Las autoridades eclesiásticas gozan de mayor respeto en la región, en cierta medida. Negocian con los grupos armados para ayudar a los habitantes con ayuda de la de la Defensoría del Pueblo y de la ONU.  

“Hemos creado una comisión humanitaria”, dice a RFI el obispo de Tibú Israel Bravo Cortés. Habla con los grupos armados por ejemplo sobre temas de reclutamiento de menores. "Hay que hacer todo un proceso para que los puedan dejar salir de de las filas”. 

¿Institucionalidad?

“Cuando uno dice estas cosas, pues todo mundo piensa que la mayor presencia del Estado es llenar de tropas, llenar de militares el territorio”, dice el obispo. La soledad del Catatumbo no data del año pasado, explica, sino que tiene raíz en décadas de violencia y de abandono del gobierno. “La institucionalidad significa que la educación y la salud deben funcionar. Pero se le invierte poco a la región”. 

Destaca que incluso los programas de restitución de cultivos ilícitos son ineficaces en esta zona donde hay 50.000 hectáreas de coca. “Que el que esté mostrando deseos de cambiarse de cultivo pues tenga unas mejoras de condición de su casa, de su batería sanitaria, de sus aguas residuales. Cosas que en el contexto uno no ve que se estén haciendo”, lamenta. 

Para un líder comunal anónimo, no es solo la droga. Hay en el Catatumbo “minería ilegal, carbón y economía legal como ganadería o extracción de palma de aceite de palma. Es más, en Tibú hay campo de crudo, uno de los más antiguo en Colombia. Ellos tienen su seguridad, pero igual los actores armados les roban las camionetas a los vigilantes y perforan la tubería que saca el petróleo allá”. Así se financia el conflicto. 

Según él, sí falta fuerza armada. “En el casco urbano del municipio de Tibú, la policía tenía prohibido salir de la estación”, recuerda. Cinco policías fueron secuestrados en enero de 2026 y luego liberados. 

Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 más de 100.000 habitantes del Catatumbo fueron desplazados por la violencia, que está despoblando la región, hundiéndola en su soledad.