Con más de dos tercios de votos a favor, los diputados bolivianos siguieron los pasos del Senado y eliminaron el martes una norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de declarar estados de excepción.
Esta derogación, impulsada por el oficialista Partido Demócrata Cristiano, fue exonerada del proceso común para ser tramitada en solo una semana.
Tras medio año en el poder, el presidente Rodrigo Paz enfrenta desde inicios de mayo cortes de rutas y protestas para exigir medidas contra la crisis económica y ahora también su renuncia.
El estado de excepción limitaría las libertades de movilidad y reunión, vitales para protestar. Además, el mandatario podría sacar a los militares a las calles para apoyar a la policía en la contención de las manifestaciones.
Los críticos de esta revocación, alertan ante el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
Los defensores, en cambio, consideran que permitirá solucionar la situación en La Paz, que sufre un grave desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles por los bloqueos.
Tras asumir el poder la derechista Jeanine Añez, el Congreso, entonces aún controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, buscó atar de manos al gobierno en la aplicación de mecanismos de represión de las protestas.
Bajo esa ley, los estados de excepción debían ser aprobados por los parlamentarios, que además podían modificarlos para evitar posibles abusos de poder.
El gobierno de Paz asegura que las protestas buscan "alterar el orden democrático" y acusa a Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsarlas.
Con información de la AFP
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