La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello señaló que el caso de fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), “no es un fraude contable, sino una cadena de sufrimientos reales, silenciosos y no registrados, que alteraron la vida”.

En ese mismo orden, manifestó que el fraude en Senasa trasciende las irregularidades administrativas o los típicos esquemas de malversación para convertirse en el colapso ético, humano e institucional de un sistema creado para cuidar la vida de las personas.

“El impacto en la salud no se corrige con dinero ni se repara con prisión. Lo que se ha quebrado afecta la seguridad humana, la dignidad de miles de personas y la confianza en las instituciones. El impacto es profundo y, en muchos casos, difícil de reparar, imposible de compensar y éticamente inadmisible para cualquier sociedad”, enfatizó.

Bajo el título “El daño en salud no se corrige con dinero”, Cuello hizo un análisis en los medios digitales Acento y Vanguardia del Pueblo, del impacto de este esquema fraudulento y de corrupción, afectando vidas, con efectos que marcan profundamente a las personas.

Cuello indicó que durante cinco años se habría sostenido una estructura que comprometió el bienestar de miles de personas sin que nadie detuviera esas afectaciones.

“Esto no es simplemente un caso de corrupción: es una traición a la vocación más noble y un quiebre moral que golpea directamente a quienes confiaron en esta aseguradora para preservar su vida”, apuntó.

Asimismo, explicó que, al impacto humano del fraude, debe sumarse otro eslabón del sistema silenciosamente afectado: los prestadores de salud.

“El fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) deja en claro una incompetencia de gestión en la que se involucra Sisalril, el CNSS, el Gabinete de Salud, la Cámara de Cuentas, y Los comités internos de control, llamados a detectar alertas tempranas”, puntualizo la vicepresidenta del partido morado.

Además, resaltó que si un esquema irregular operó durante años sin una sola alarma, la cadena institucional no cumplió sus funciones básicas, como controles internos, regulación y supervisión financiera.

“El Gobierno en su responsabilidad indeclinable de garantizar que estas instituciones cumplieran su función. Cuando eso no ocurre, volvemos a identificar la incompetencia de gestión”, precisó.

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