La alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, volvió a colocar sobre la mesa un tema sensible para la organización oficialista: el acceso de la militancia a posiciones dentro del Gobierno.
Durante una actividad partidaria celebrada el fin de semana, Mejía sostuvo que los dirigentes y miembros del PRM que trabajaron para llevar al partido al poder deben tener oportunidades de participar en la gestión pública. La dirigente afirmó que ningún perremeísta debería sentirse "extraño" en un gobierno que ayudó a construir y defendió la necesidad de que la estructura partidaria encuentre espacios para servir desde el Estado.
Sus declaraciones se producen en un contexto en el que sectores de la base del PRM han manifestado inconformidad por la limitada presencia de dirigentes partidarios en determinadas áreas de la administración pública, una situación que ha generado tensiones internas desde la llegada de la organización al poder en 2020.
Aunque el presidente Luis Abinader ha defendido en distintas ocasiones la profesionalización de la gestión estatal y la incorporación de perfiles técnicos, dentro del partido persiste el debate sobre el equilibrio entre la eficiencia gubernamental y las expectativas de la militancia.
El planteamiento de Mejía también tiene una lectura política de cara al proceso de reconfiguración interna que vive el PRM. La alcaldesa figura entre las principales aspirantes presidenciales de la organización para las elecciones de 2028 y su discurso conecta con una demanda histórica de las bases partidarias: el reconocimiento político a quienes participaron en la construcción electoral del proyecto oficialista. En ese escenario, el llamado a abrir mayores espacios para la militancia trasciende la discusión administrativa y se inserta en la disputa por el liderazgo futuro del partido gobernante.
Mejía insistió además en que la unidad interna será determinante para la permanencia del PRM como principal fuerza política del país. Sin embargo, el debate sobre la distribución de cargos y la relación entre partido y Gobierno continúa siendo uno de los desafíos más complejos para una organización que, tras seis años en el poder, enfrenta el reto de administrar las expectativas de una militancia cada vez más numerosa mientras se prepara para la sucesión presidencial de 2028.
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