El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó este lunes la reforma impulsada por el Gobierno y la mayoría congresual del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que el proceso legislativo se desarrolla sin consultas suficientes y sin estudios técnicos que sustenten las modificaciones propuestas.
La posición fue expuesta en una rueda de prensa por Richard Medina, miembro del Comité Político del PLD, acompañado por dirigentes de la organización, entre ellos el vicepresidente Yvan Lorenzo, el exsenador Alejandro Montás y el exalcalde René Polanco. Durante el encuentro, celebrado en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, la organización sostuvo que la iniciativa reproduce el mismo método que, a su juicio, ha caracterizado otras reformas promovidas por el oficialismo.
El partido opositor recordó que hace apenas un año fue promulgada la Ley 98-25, que modificó la legislación sobre residuos sólidos, y afirmó que la nueva propuesta constituye un reconocimiento implícito de que aquella reforma presentaba deficiencias. También cuestionó que el proyecto haya sido aprobado en el Senado mediante un trámite de urgencia, sin un proceso amplio de consulta con los sectores involucrados.
El PLD aseguró que en junio de 2025 advirtió sobre aspectos que consideraba problemáticos en la reforma anterior, entre ellos posibles limitaciones a las competencias de los gobiernos locales y la necesidad de que las contribuciones ambientales respondieran a criterios técnicos, progresivos y vinculados a metas verificables. Según la organización, esas observaciones no fueron incorporadas al texto finalmente aprobado.
En ese contexto, la organización exhortó a la Cámara de Diputados a revisar el proyecto con mayor amplitud antes de su aprobación definitiva y afirmó que sus legisladores impulsarán modificaciones durante la discusión de la iniciativa.
El partido sostuvo que el país necesita una legislación que fortalezca el reciclaje, la reutilización y el aprovechamiento de los residuos, garantice la sostenibilidad financiera del sistema y proteja el medio ambiente sin afectar la competitividad. Asimismo, advirtió que las reformas en esta materia no deben limitarse a fines recaudatorios, sino orientarse a mejorar la gestión ambiental y la calidad de vida de la población.
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