El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) volvió a colocar bajo cuestionamiento los procesos de compra del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), esta vez por la adquisición de zapatos escolares, al advertir que las decisiones adoptadas por la institución podrían afectar a la industria nacional del calzado.
De acuerdo con una publicación de El Nacional, la organización opositora acusó al Inabie de perjudicar a fabricantes locales en el marco de los procesos vinculados a la utilería escolar, una denuncia que se suma a otros señalamientos realizados en meses anteriores sobre contrataciones, adjudicaciones y manejo de suplidores dentro de la entidad.
El tema adquiere relevancia porque los zapatos escolares forman parte de los kits que el Estado entrega a estudiantes del sistema público, un programa de alto impacto social que también mueve una parte importante de la producción textil y de calzado del país. Por esa razón, cualquier controversia sobre sus licitaciones no solo toca la entrega oportuna de utilería escolar, sino también la relación entre compras públicas, industria nacional, pequeñas empresas y transparencia administrativa.
Un proceso marcado por anulaciones y compras complementarias
La controversia no surge en el vacío. En agosto de 2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró la nulidad de 25 adjudicaciones realizadas en un proceso de licitación pública del Inabie para la confección y adquisición de zapatos escolares destinados a centros educativos públicos durante los períodos escolares 2025-2026 y 2026-2027. El órgano rector aclaró entonces que la medida afectaba únicamente los renglones en los que se habían identificado observaciones técnicas y administrativas.
Meses después, en marzo de 2026, el Inabie lanzó procesos de compra complementaria para adquirir poloshirts, pantalones, mochilas, kits escolares y zapatos. Según informó la Presidencia, esas contrataciones buscaban subsanar faltantes en las cantidades originalmente previstas para cubrir la demanda de utilería del próximo año escolar, luego de la anulación parcial de un proceso ejecutado en 2024 por la institución y dispuesta mediante resolución de Contrataciones Públicas.
Ese contexto explica por qué la denuncia del PLD vuelve a poner el foco sobre la planificación de las compras escolares. Aunque el Inabie ha defendido la necesidad de garantizar que los estudiantes reciban sus útiles a tiempo, la oposición insiste en que las decisiones administrativas deben ser revisadas por su posible impacto sobre proveedores nacionales y por las dudas que han acompañado algunos procesos.
Fabricantes habían pedido priorizar producción local
El debate también conecta con reclamos previos del sector productivo. En mayo de 2025, la Asociación Dominicana de Fabricantes de Calzados (Adocalza) solicitó al Inabie adquirir zapatos escolares de producción local para el próximo año escolar y afirmó que la industria nacional estaba en capacidad de suplir el 100 % de la demanda de calzados para estudiantes.
El gremio destacó entonces que las compras de calzado escolar habían pasado de 400,000 pares anuales a más de un millón de pares por año, un crecimiento que, según la entidad, beneficia a más estudiantes y dinamiza la industria local mediante generación de empleos, tecnificación y mayor actividad económica.
Ese planteamiento refuerza el punto sensible de la discusión: si el Estado cuenta con fabricantes nacionales capaces de suplir la demanda, cualquier apertura a calzado importado o cualquier exclusión de suplidores locales puede convertirse en motivo de tensión económica y política. Para la industria, el programa de utilería escolar representa una oportunidad de producción sostenida; para el Gobierno, una obligación logística que debe cumplirse antes del inicio del año escolar.
Inabie defiende avance en la entrega de utilería
Mientras se mantienen los cuestionamientos, el Inabie ha informado avances en la distribución de la utilería escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027. Según reportes recientes, la institución procura beneficiar a 1 millón 850 mil estudiantes del sistema educativo público con kits escolares completos, incluyendo uniformes y otros insumos básicos para el inicio de la docencia.
En una jornada realizada en el Distrito Educativo 10-07 de San Antonio de Guerra, el director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez, afirmó que la entidad trabaja para que cada niño, niña y adolescente reciba oportunamente su kit escolar desde el primer día de clases, con el propósito de asegurar igualdad de oportunidades y aliviar la carga económica de las familias dominicanas.
La institución también informó que, a aproximadamente tres meses del inicio del año escolar 2026-2027, había alcanzado un avance de 15 % en la distribución nacional de la utilería escolar. Ese dato muestra que el proceso ya está en marcha, aunque no elimina las preguntas sobre el origen de los productos, los suplidores seleccionados, las condiciones de las licitaciones y el cumplimiento de los criterios establecidos por Contrataciones Públicas.
Compras públicas, educación e industria
La compra de zapatos escolares reúne tres dimensiones sensibles: la educativa, la económica y la institucional. En lo educativo, se trata de garantizar que los estudiantes del sistema público reciban los insumos necesarios para asistir a clases en condiciones adecuadas. En lo económico, involucra a fabricantes, mipymes, empleos y capacidad productiva nacional. En lo institucional, exige procesos transparentes, oportunos y apegados a la normativa de compras y contrataciones.
Por eso, el cuestionamiento del PLD no se limita a una denuncia partidaria sobre un proceso específico. También abre una discusión más amplia sobre cómo el Estado debe equilibrar la eficiencia en la entrega de utilería escolar con la protección de la industria nacional y el cumplimiento riguroso de los procedimientos administrativos.
El antecedente de las 25 adjudicaciones anuladas por la DGCP refuerza la necesidad de que las instituciones involucradas ofrezcan explicaciones claras sobre los correctivos aplicados, los nuevos procesos lanzados y los criterios utilizados para garantizar que las compras respondan tanto a la demanda estudiantil como a la normativa vigente.
Un tema que seguirá bajo observación
La denuncia opositora coloca nuevamente al Inabie bajo presión pública en un área especialmente sensible para el Gobierno. La entrega de utilería escolar suele presentarse como una política social de alivio económico para las familias, pero su dimensión presupuestaria y productiva la convierte también en un terreno donde confluyen intereses empresariales, decisiones administrativas y escrutinio político.
En ese escenario, el punto central no es solo si los zapatos llegarán a tiempo a los estudiantes, sino si el proceso de compra garantiza transparencia, calidad, participación justa de suplidores y respaldo efectivo a la industria nacional. Esa será la prueba institucional para el Inabie en medio de una controversia que combina educación, compras públicas y producción local.
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