El movimiento cívico Participación Ciudadana cuestionó el proyecto de reforma al Código Penal aprobado en primera lectura por el Senado de la República, al considerar que incluye disposiciones que podrían vulnerar derechos humanos, debilitar la lucha contra la corrupción y limitar el acceso a la justicia.
Entre los puntos señalados figura la inclusión de una cláusula que exime de responsabilidad penal a instituciones como el Estado, los ayuntamientos, iglesias y partidos políticos, lo cual, según la organización, crea privilegios y reduce la rendición de cuentas.
También se rechaza la penalización absoluta del aborto, sin contemplar las tres causales y se limita la exención a profesionales médicos.
Participación Ciudadana advirtió sobre la omisión de la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, una propuesta que había sido presentada por diversos sectores para reforzar el combate a la corrupción administrativa.
El texto mantiene la jurisdicción militar para juzgar delitos penales de policías y militares, a pesar de una sentencia del Tribunal Constitucional que restringe esa competencia a faltas administrativas.
La organización también cuestionó un artículo sobre espionaje, cuya "redacción ambigua" podría afectar el ejercicio del periodismo, el acceso a la información y la protección de la privacidad.
En materia de discriminación, criticó que se excluye la orientación sexual como categoría protegida, se permiten excepciones basadas en conceptos como “libertad de conciencia” y se condiciona la persecución penal a la existencia de una denuncia formal.
Por último, advirtió que se mantienen penas de prisión por difamación e injuria, contrario a la tendencia internacional que aboga por tratar estos casos en la jurisdicción civil.
Participación Ciudadana pidió al Congreso Nacional abrir un espacio de diálogo para revisar el proyecto y exhortó al presidente Luis Abinader a observar la ley si es aprobada sin cambios.
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