El Foro Feminista Magaly Pineda denunció la implementación de un protocolo estatal que niega atención médica a personas migrantes sin documentos en la República Dominicana y facilita su deportación inmediata.
La medida, ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Migración, fue calificada por el colectivo como una política de terror que institucionaliza la crueldad hacia comunidades vulnerables.
Según el Foro, esta política viola el derecho humano a la salud, protegido por la Constitución dominicana y las leyes 42-01 y 87-01, que garantizan el acceso equitativo y continuo a servicios médicos para toda la población, sin discriminación.
Alertaron que, al perseguir a quienes buscan atención médica, se incrementan las complicaciones de salud, se sobrecargan los servicios de emergencia y se dificulta el control de enfermedades transmisibles como tuberculosis, VIH y malaria.
La organización reconoció el derecho del Estado a regular la migración, pero rechazó que se haga violando tratados internacionales y derechos fundamentales, lo que consideran una práctica violenta que criminaliza la pobreza y profundiza la exclusión.
Advirtieron que mujeres embarazadas migrantes han sido detenidas o deportadas incluso durante el parto, siendo separadas de sus hijos e hijas recién nacidos, lo que calificaron como una forma de tortura psicológica y posible desaparición forzada de familias.
“El gobierno del PRM, encabezado por Luis Abinader, ha normalizado la cacería de migrantes”, afirmó el Foro, al denunciar redadas, deportaciones exprés y abandono de menores como una mancha en su gestión.
La organización exigió la derogación inmediata del protocolo, garantía de atención médica sin discriminación, protección urgente para menores separados de sus madres y una política migratoria basada en la dignidad humana.
El Foro concluyó reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y grupos históricamente excluidos, y anunció que seguirá denunciando toda política que atente contra el derecho a una vida digna.
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