Abinader devuelve al Congreso ley que autoriza pago de obras ejecutadas sin contrato por riesgos fiscales y falta de control

El presidente Luis Abinader observó la ley que autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas sin contrato formal, acogiendo argumentos que la oposición había venido señalando durante el debate legislativo.

En una comunicación remitida a la Cámara de Diputados, el mandatario advirtió que la pieza presenta debilidades jurídicas y constitucionales, al ordenar pagos sin que las deudas sean “previamente ciertas, líquidas y exigibles”.

“La ley recientemente aprobada pretende reconocer deuda pública sin establecer previamente su certeza y exigibilidad, otorgando la calidad de acreedores del Estado a personas y empresas sin verificar de manera inequívoca la documentación que respalde dicha condición”, expone el presidente en sus observaciones.

Abinader subraya que la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad financiera, como principios constitucionales, obligan al Estado a administrar los recursos públicos con disciplina, transparencia y equilibrio, garantizando que los ingresos y gastos se mantengan en proporción adecuada y que la deuda pública sea manejada de forma sostenible en el tiempo.

El mandatario sostiene, además, que la normativa vulnera principios como la legalidad presupuestaria, al no identificar con claridad los montos a pagar ni establecer la fuente específica de los recursos, lo que podría generar impactos negativos en las finanzas públicas y afectar la seguridad jurídica del Estado.

Otro aspecto señalado es la ausencia de una delimitación temporal clara. Según advierte el jefe de Estado, no establecer una fecha a partir de la cual se consideren las obras a pagar podría generar imprecisiones legales y, en caso de judicialización, permitir que los tribunales reconozcan reclamaciones en perjuicio del Estado, incluso sobre obligaciones que podrían estar prescritas.

Durante la discusión legislativa, la oposición había advertido que la ley abría la puerta a pagos discrecionales y a la validación posterior de obras sin los debidos controles institucionales, cuestionamientos que ahora coinciden con las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. Con esta decisión, el presidente devuelve la pieza al Congreso Nacional para una nueva revisión, en la que los legisladores deberán rechazar o acoger las observaciones planteadas.

Consultados por acento.com.do, el diputado Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), y el diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), coincidieron en que el presidente dio la razón a la oposición, al utilizar los mismos argumentos expuestos por ambas bancadas durante la sesión en la que la iniciativa fue aprobada.

“La Fuerza del Pueblo no votó por este proyecto porque tenía graves falencias: no detallaba las obras, no establecía fechas ni montos individuales ni el monto global de la deuda, y además incluía grandes constructoras que supuestamente ejecutaron obras sin contrato, algo inverosímil. Esas deficiencias violan la Constitución, tal como hoy reconoce el propio Poder Ejecutivo”, afirmó Castillo.

En tanto, Díaz sostuvo que se trató de un proyecto aprobado de manera irregular, sin figurar en agenda ni ser enviado a comisión, que pretendía legalizar pagos por obras sin contrato, incluyó grandes empresas alejadas del supuesto objetivo social, individualizó beneficiarios y no cuantificó el impacto fiscal ni estableció responsabilidades, comprometiendo la legalidad y las finanzas del Estado.