Abinader confirma investigación contra director del FEDA por supuestos cobros irregulares a empleados

El presidente Luis Abinader aseguró que se están investigando las denuncias difundidas en medios de comunicación sobre presuntos cobros irregulares con fines políticos a empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), que dirige Hecmilio Galván.

El mandatario habló del tema en una entrevista con el grupo Panorama, luego de ser cuestionado sobre el reportaje periodístico que, entre otros señalamientos, apunta a que Galván exigía aportes mensuales de entre 3,000 y 20,000 pesos dominicanos a empleados de la entidad para movimientos políticos y que estos fondos eran enviados a cuentas personales de miembros de la directiva del movimiento.

Abinader afirmó que todas las denuncias se evalúan con seriedad y que los procesos de investigación son rigurosos antes de tomar decisiones sobre posibles acciones disciplinarias o penales. El jefe de Estado subrayó que no se puede destituir a ninguna persona sin agotar primero las pesquisas correspondientes y las pruebas pertinentes, y que cuando se evidencien faltas éticas o situaciones más graves, los casos serán remitidos al Ministerio Público.

El reportaje mediático que motivó las declaraciones del presidente indica que, además de los supuestos cobros obligatorios, habría presiones laborales, suspensiones sin salario y el uso de la estructura institucional para financiar un movimiento político identificado como “La Maquinaria del Cambio”, lo que ha generado inquietud tanto entre trabajadores como en sectores de la sociedad.

Abinader reiteró el compromiso de su administración con la lucha contra la impunidad, la corrupción y las malas prácticas en la función pública, asegurando que, concluidas las investigaciones, se adoptarán las medidas necesarias si se comprueban irregularidades.

La investigación forma parte de un contexto más amplio de escrutinio sobre la gestión pública en el país, en el que el gobierno ha reiterado su postura de actuar con transparencia y sancionar cualquier conducta contraria a la ética en la administración estatal.