El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez dijo hoy que respalda las iniciativas encaminadas a institucionalizar los debates electorales en República Dominicana, aunque planteó que estos encuentros deben regirse por reglas iguales para todos los candidatos y ajustarse a los períodos establecidos en la legislación electoral.
Martínez sostuvo que los debates ofrecen a los ciudadanos una oportunidad para conocer, contrastar y evaluar las propuestas de quienes aspiran a ocupar cargos públicos, especialmente la Presidencia de la República.
Recuerda el debate de 2024
El peledeísta recordó que en noviembre de 2023, cuando ya era candidato presidencial del PLD, manifestó su disposición a participar en un debate con el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, lo que se concretó al año siguiente por invitación de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
Martínez calificó ese encuentro como un precedente para la democracia dominicana y recordó que en aquella ocasión planteó que también fueran incluidos candidatos de partidos minoritarios.
El debate como mecanismo de comparación
Afirmó que quienes buscan ejercer responsabilidades públicas deben estar dispuestos a explicar sus planteamientos y responder ante la sociedad.
A su juicio, el objetivo de estos encuentros debe ser la confrontación de propuestas sobre los principales problemas nacionales y no su utilización como mecanismo circunstancial de promoción política.
En ese sentido, afirmó que institucionalizar esa práctica representa un paso positivo, siempre que prevalezcan la equidad, reglas transparentes y el respeto al ordenamiento electoral.
Reglas comunes para los candidatos
La posición expresada por Martínez coloca el énfasis no solo en la realización de debates, sino también en las condiciones bajo las cuales deben organizarse.
La existencia de reglas previamente definidas resulta especialmente relevante en períodos electorales, cuando las actividades de los candidatos están sujetas a disposiciones sobre campaña y propaganda.
La institucionalización de los debates, por tanto, implicaría establecer criterios comunes sobre participación, formatos, temas, tiempos y condiciones de igualdad, de modo que el mecanismo pueda ser aplicado independientemente de quiénes sean los candidatos o de qué partido provengan.
En el caso dominicano, la discusión sobre la institucionalización de los debates está vinculada con el papel de la Junta Central Electoral (JCE) y de las entidades que organizan estos encuentros, así como con el cumplimiento de las disposiciones que regulan los períodos electorales.
La propuesta defendida por Martínez apunta, en consecuencia, a que los debates dejen de depender exclusivamente de iniciativas particulares de organizaciones o de acuerdos coyunturales entre candidaturas y pasen a formar parte de una práctica regulada dentro del proceso electoral.
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