La pregunta que pocos países se están haciendo
Durante décadas, los países han competido por asegurar recursos estratégicos. Primero fue el petróleo. Luego, los minerales críticos. Más recientemente, la energía renovable. Sin embargo, una nueva carrera está tomando forma, una que será igual o incluso más importante para la prosperidad económica de las próximas décadas: la soberanía digital.
La pregunta es sencilla, pero profunda: ¿quién controla la tecnología de la que depende una nación?
Un escenario que ya no parece imposible
Para entender por qué esta discusión ha cobrado tanta relevancia, imaginemos un escenario aparentemente improbable, pero cada vez más plausible.
Supongamos que una parte significativa de la información de los ciudadanos dominicanos —registros gubernamentales, expedientes médicos, información tributaria o bases de datos de seguridad social— se encuentra almacenada en infraestructuras operadas por proveedores internacionales de servicios en la nube. O que bancos, aseguradoras y grandes empresas dominicanas dependen de plataformas extranjeras para procesar información estratégica y utilizar herramientas avanzadas de inteligencia artificial.
Ahora imaginemos que, por razones geopolíticas, regulatorias o de seguridad nacional, el país donde se encuentran esas plataformas decide restringir el acceso a determinadas tecnologías o funcionalidades.
No es una hipótesis teórica. Ya hemos visto casos recientes en los que tecnologías avanzadas de inteligencia artificial han sido puestas a disposición únicamente de usuarios estadounidenses o de un grupo limitado de países. El modelo “Claude Fable 5” de Anthropic es un ejemplo de cómo determinadas capacidades pueden ser restringidas por razones estratégicas o de seguridad nacional.
Cuando la dependencia se convierte en un riesgo estratégico
La pregunta entonces deja de ser tecnológica y se vuelve estratégica.
¿Qué ocurriría si una institución pública dominicana dependiera de una plataforma cuyos servicios ya no estuvieran disponibles para usuarios dominicanos? ¿Qué sucedería si una empresa local hubiera construido procesos críticos sobre herramientas que, de un día para otro, dejaran de estar accesibles?
Y existe una pregunta aún más sensible.
Aunque los proveedores internacionales operan bajo estrictos marcos legales y de seguridad, muchos gobiernos alrededor del mundo se preguntan qué grado de control real mantienen sobre la información de sus ciudadanos cuando esta se encuentra almacenada en infraestructuras sujetas a legislaciones extranjeras. ¿Quién puede acceder a esos datos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué capacidad tiene un país para proteger información considerada estratégica para su economía o su seguridad nacional?
Pensemos, por ejemplo, en la Junta Central Electoral. Esta institución administra información extremadamente sensible de millones de dominicanos: identidad, registros civiles, actas de nacimiento, matrimonios, defunciones y procesos electorales. Si una parte significativa de esta información o de las herramientas digitales que la gestionan dependiera de proveedores extranjeros, la discusión dejaría de ser puramente tecnológica. Pasaría a ser una cuestión de soberanía nacional, resiliencia institucional y confianza pública. No porque exista necesariamente una amenaza inmediata, sino porque los países responsables deben preguntarse qué ocurriría ante cambios regulatorios, conflictos geopolíticos o restricciones tecnológicas fuera de su control.
Precisamente, estas preguntas son las que están impulsando el debate global sobre soberanía digital.
La inteligencia artificial acelera el debate
Hoy, una parte creciente de nuestras vidas depende de plataformas digitales. Los correos electrónicos que enviamos, los documentos que almacenamos, las videoconferencias que realizamos y, cada vez más, los sistemas de inteligencia artificial que utilizamos, operan sobre infraestructuras que pertenecen a un pequeño grupo de empresas tecnológicas globales.
Durante muchos años, esto no parecía representar un problema. La nube ofrecía eficiencia, innovación y costos más bajos. Las empresas y los gobiernos se concentraron en aprovechar sus beneficios. Sin embargo, el contexto geopolítico ha cambiado.
Esta preocupación tampoco es exclusivamente teórica. En los Países Bajos surgió recientemente una fuerte controversia cuando la empresa Solvinity, vinculada a DigID, una infraestructura digital considerada estratégica para el Estado neerlandés, fue objeto de una posible adquisición por parte de un inversionista de los Estados Unidos. El debate trascendió rápidamente el ámbito empresarial y llegó al terreno de la seguridad nacional y la soberanía digital. La pregunta que surgió fue sencilla: si una plataforma resulta esencial para la identidad digital de millones de ciudadanos y para el acceso a servicios gubernamentales, ¿debe permanecer bajo control nacional o europeo? El caso puso de manifiesto una realidad cada vez más evidente: cuando una tecnología se vuelve crítica para el funcionamiento de un país, deja de ser un simple activo comercial y pasa a convertirse en un activo estratégico. Europa ha comenzado a preguntarse si es prudente depender casi por completo de proveedores extranjeros para funciones digitales críticas. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las restricciones tecnológicas, las sanciones económicas y las preocupaciones sobre privacidad y seguridad han llevado a muchos gobiernos a replantear una cuestión fundamental: ¿qué ocurre si la infraestructura digital de un país está controlada por actores externos?
La llegada de la inteligencia artificial ha acelerado esta discusión.
La IA no es simplemente una nueva aplicación informática. Es una capa tecnológica que comenzará a participar en decisiones empresariales, procesos gubernamentales, sistemas financieros, diagnósticos médicos y actividades educativas. Quien controle los modelos, los datos y la infraestructura computacional tendrá una influencia significativa sobre la economía digital del futuro.
Tres modelos, tres estrategias
Por esa razón, la conversación sobre soberanía digital ya no se limita a los centros de datos o a las redes de telecomunicaciones. Ahora incluye los modelos de inteligencia artificial, la capacidad de procesamiento, los datos nacionales y las plataformas que hacen posible la economía digital.
Estados Unidos domina actualmente gran parte de esta infraestructura a través de empresas como Microsoft, Amazon, Google, OpenAI y Anthropic.
China, por su parte, ha desarrollado su propio ecosistema tecnológico con plataformas nacionales, modelos de IA y una estrategia clara de autosuficiencia digital.
Europa intenta construir una tercera vía. No busca aislarse de la innovación global, sino reducir dependencias excesivas y asegurar que sectores estratégicos mantengan cierto nivel de autonomía tecnológica.
¿Qué significa esto para la República Dominicana?
A primera vista, podría parecer una discusión lejana, propia de grandes potencias. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria.
Los países pequeños suelen ser más dependientes de tecnologías importadas que las grandes economías. La mayoría de nuestras plataformas digitales, servicios en la nube, aplicaciones empresariales y futuras soluciones de inteligencia artificial provienen del exterior. Esto nos permite acceder rápidamente a innovación de clase mundial, pero también crea una dependencia estructural.
La pregunta no es si debemos utilizar tecnología internacional. Por supuesto que sí. Sería imposible y poco eficiente intentar desarrollar localmente todas las soluciones tecnológicas que necesita el país.
La verdadera pregunta es diferente: ¿qué capacidades estratégicas debemos desarrollar para mantener nuestra autonomía en un mundo cada vez más digital?
Una oportunidad para el país
La respuesta podría incluir varios elementos. Primero, fortalecer el talento digital local. Segundo, promover una infraestructura digital robusta y resiliente. Tercero, desarrollar capacidades nacionales en inteligencia artificial.
Y aquí surge una oportunidad que pocas veces se menciona. La República Dominicana reúne varias condiciones que podrían convertirla en un actor digital mucho más relevante de lo que su tamaño sugeriría. Cuenta con estabilidad macroeconómica, una ubicación estratégica entre Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, una infraestructura de telecomunicaciones relativamente avanzada y una creciente comunidad de emprendedores tecnológicos.
Mientras muchas economías de la región observan pasivamente la revolución digital, la República Dominicana podría aspirar a convertirse en un centro regional para servicios digitales, innovación e inteligencia artificial.
La decisión estratégica de la próxima década
Sin embargo, esa visión requiere una estrategia deliberada. Requiere invertir en educación STEM, fortalecer las capacidades de ciberseguridad, promover la adopción responsable de la inteligencia artificial y atraer inversiones en infraestructura digital avanzada.
Finalmente, es fundamental comprender que la soberanía digital no significa aislamiento. Significa capacidad de decisión. Significa poder elegir socios tecnológicos desde una posición de conocimiento y fortaleza, en lugar de una posición de dependencia.
La batalla por la soberanía digital apenas comienza.
Y aunque gran parte de la atención pública sigue concentrada en los avances espectaculares de la inteligencia artificial, la pregunta más importante podría no ser qué tan inteligente será la IA del futuro.
La pregunta verdaderamente estratégica es quién la controlará.
Y para países como la República Dominicana, quizás exista una pregunta aún más relevante: ¿seremos simples consumidores de la inteligencia artificial desarrollada por otros, o construiremos las capacidades necesarias para participar activamente en la economía digital del futuro?
La respuesta a esa pregunta podría determinar buena parte de nuestra competitividad durante las próximas décadas.
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