Verón-Punta Cana, municipio: Gobernabilidad necesaria para un ganar-ganar en La Altagracia

La posible elevación de Verón-Punta Cana a la categoría de municipio se ha convertido en un tema de vital importancia, no solo para la provincia La Altagracia, sino para todo el país. La aspiración de que Verón-Punta Cana se convierta en municipio ha sido un anhelo de sus ciudadanos y del sector turístico, quienes ven en esta transformación un fortalecimiento de la autonomía y una mejor gestión de los recursos que deberían recibir a través de arbitrios. Sin embargo, esta decisión plantea un delicado equilibrio que, si no se maneja con previsión, podría convertir una gran oportunidad en un escenario de perder-perder, en lugar de un ganar-ganar para toda la provincia de La Altagracia, y no solo para Verón-Punta Cana e Higüey.

La promesa de la autonomía: un potencial ganar-ganar para Verón-Punta Cana

Para las autoridades y residentes de Verón-Punta Cana, la elevación a municipio es una decisión lógica, ya que la zona cuenta con todas las condiciones sociales, económicas, culturales e institucionales para asumir dicha categoría. Actualmente, como distrito municipal, una porción considerable de los ingresos generados por su sólida industria turística, especialmente la dinámica inmobiliaria, es administrada desde la cabecera municipal, Higüey. Esta centralización, en ocasiones, puede frenar o ralentizar las inversiones en infraestructura y servicios, impidiendo que esos recursos se destinen directamente a las necesidades específicas de Verón-Punta Cana.

Al convertirse en municipio, Verón-Punta Cana obtendría control directo sobre sus finanzas, lo que teóricamente permitiría:

• Mayor eficiencia en la provisión de servicios esenciales.
• Una respuesta más ágil a las demandas locales, desde la regulación del desarrollo urbanístico hasta la planificación de servicios comunitarios que atiendan a su creciente población y al constante flujo de visitantes.

Además, esta nueva categoría reforzaría su identidad política y administrativa, otorgándole una voz más fuerte en las discusiones a nivel provincial y nacional. Este es el evidente "ganar" para Verón-Punta Cana.

El riesgo de perder-perder: el desafío financiero para Higüey

La otra cara de la moneda es el impacto que generaría la concentración de una fuente histórica de recaudación directa en las finanzas de Higüey. Este municipio, referente nacional con una rica historia y patrimonio cultural, ha dependido históricamente de una porción de los arbitrios generados por la riqueza del desarrollo turístico de Verón-Punta Cana. La separación implicaría la pérdida de una fuente vital de ingresos, lo que podría comprometer su capacidad para mantener los servicios públicos, financiar proyectos de desarrollo y cumplir con sus obligaciones administrativas. Esta situación es reconocida por todas las autoridades provinciales y nacionales.

Si Higüey pierde una base financiera crucial sin una compensación adecuada, la situación podría derivar en un "perder-perder": Verón-Punta Cana ganaría autonomía, lo cual es legal y legítimo, pero Higüey se vería debilitado, afectando su desarrollo y, potencialmente, la estabilidad de toda la provincia. Las autoridades de Higüey han expresado abiertamente su inquietud por un posible desequilibrio presupuestario que podría generar un escenario perjudicial para ambos: Higüey no podría seguir funcionando de manera óptima, y Verón-Punta Cana se enfrentaría a un entorno provincial debilitado que podría afectar indirectamente su propio desarrollo.

Principios fundamentales: subsidiariedad, solidaridad y la búsqueda del ganar-ganar

La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios contempla la creación de nuevas entidades municipales y la subsecuente distribución de bienes y obligaciones. Sin embargo, no prevé mecanismos específicos para una transferencia continua de ingresos después de la segregación.

Es aquí donde los principios de subsidiariedad y solidaridad cobran una relevancia fundamental para transformar el potencial escenario de perder-perder en un ganar-ganar para toda la provincia de La Altagracia:

• Subsidiariedad: Este principio aboga por que las decisiones y la gestión se tomen al nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos. Al elevar Verón-Punta Cana a municipio, se aplica directamente este principio, empoderando a la comunidad local para gestionar sus propios asuntos. En la puesta en marcha de este principio, tanto el nuevo municipio como el Gobierno Central juegan un rol fundamental.
• Solidaridad: Sin embargo, la subsidiariedad no debe interpretarse como aislamiento. La solidaridad exige que las entidades más fuertes apoyen a las más vulnerables para lograr un bienestar colectivo. En este caso, Verón-Punta Cana, como motor económico de la provincia, tiene una responsabilidad moral y estratégica de contribuir parcialmente a la sostenibilidad de Higüey. La prosperidad de una parte no debe significar el detrimento de la otra, especialmente cuando comparten una misma identidad provincial y una interdependencia económica.

La aplicación conjunta de estos principios es la clave para un "ganar-ganar", donde Verón-Punta Cana logra su autonomía y Higüey mantiene su estabilidad financiera, permitiendo que ambos coexistan y se desarrollen armónicamente. La propuesta que presento a continuación busca salvaguardar la estabilidad del funcionamiento de la institucionalidad municipal, pero que conllevará más análisis, reflexiones, debates y determinación de la consistencia con el marco jurídico nacional.

Contenidos clave del proyecto de ley: neutralizando conflictos y asegurando inversión eficiente

Para que la municipalización de Verón-Punta Cana sea un éxito y no genere nuevos conflictos, el proyecto de ley que se someta al Congreso Nacional debe ser meticulosamente elaborado e incluir cláusulas específicas para asegurar un proceso de gobernabilidad (transparente, eficaz, legítimo y eficiente), equitativo y sostenible, sin que viole la Constitución dominicana y la legislación municipal vigente. Además de la delimitación territorial precisa, el régimen de distribución de bienes y pasivos, y un plan de transición institucional con ejecución en abril de 2028, es fundamental que la propuesta legislativa contenga elementos para asegurar la correcta inversión de los fondos:

• Mecanismo de compensación financiera a Higüey con condicionalidades: Esta es la piedra angular para neutralizar el conflicto de recursos. El proyecto de ley debe detallar no solo el porcentaje y la base de cálculo de los ingresos propios del nuevo municipio de Verón-Punta Cana a transferir, así como su duración y revisión, sino también incorporar condicionalidades estrictas para el uso de esos fondos por parte de Higüey. Estas condicionalidades deberían incluir:

• • Creación de un Fondo Específico: Establecer la creación de un Fondo de Desarrollo Municipal de Higüey (FDMH), receptor exclusivo de estas transferencias, con la prohibición explícita de usarlo para gastos corrientes (nómina o funcionamiento). El gobierno central formaría parte de este Fondo, para lo cual haría reserva presupuestaria destinada a Higüey. La inversión en Higüey debe analizarse como inversión en desarrollo económico local.
  • Áreas Prioritarias de Inversión: Delimitar en la ley las categorías donde se deben invertir los fondos, priorizando infraestructura básica (calles, saneamiento), servicios públicos esenciales (gestión de residuos), desarrollo social (educación, salud), fomento productivo local y fortalecimiento institucional del ayuntamiento de Higüey. Un alto porcentaje de los trabajadores de Verón-Punta Cana residen en Higüey, lo que significa que, al aportar al desarrollo de Verón-Punta Cana, deberían ser beneficiarios de la ejecución de este Fondo.
  • Proyectos de Impacto Compartido para los Trabajadores. El fondo no solo beneficiaría a Higüey directamente, sino que también permitiría la ejecución de proyectos de impacto intermunicipal y beneficio compartido, especialmente pensados para los trabajadores de Verón-Punta Cana que residen en Higüey. Esto incluye iniciativas clave como la mejora del transporte público entre ambos municipios, el desarrollo de viviendas dignas, la creación de centros de cuidado infantil para sus hijos, y programas de capacitación técnica y profesional que beneficien a los trabajadores y a sus descendientes, fortaleciendo así el capital humano de toda la provincia.
  • Planificación y Aprobación de Proyectos: Requerir que Higüey elabore un Plan Anual de Inversión para estos fondos, con aprobación del Concejo de Regidores de ambos municipios (Higüey y Verón-Punta Cana), y que los proyectos a financiar cuenten con estudios técnicos y de factibilidad.
  • Supervisión, Monitoreo y Rendición de Cuentas: Exigir auditorías externas periódicas, informes detallados sobre la ejecución de los fondos accesibles al público, y la posible creación de un comité de veeduría ciudadana.
  • Sanciones por Incumplimiento: Establecer medidas correctivas y la suspensión de las transferencias en casos graves y recurrentes de incumplimiento o uso indebido de los fondos.
• Marco de coordinación y colaboración intermunicipal: El proyecto debe establecer la creación de mecanismos permanentes de colaboración entre ambos municipios. Esto podría incluir Comités de Coordinación para la gestión de servicios compartidos (seguridad, promoción turística regional) y la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial Asociativo que aseguren un crecimiento armónico de toda la provincia. El Plan de Ordenamiento Territorial de Verón-Punta Cana, con una ordenanza próxima a ser aprobada, debe estar orientado a la escala global de la provincia, incluyendo los distritos municipales de La Otra Banda, Las Lagunas de Nisibón, el municipio de Yuma y los distritos de Boca de Yuma y Bayahíbe.

Higüey y Verón-Punta Cana comparten una historia en común. El presente y el futuro demandan soluciones que trasciendan la legítima demanda de autonomía, garantizando también la estabilidad y el desarrollo equitativo de toda la provincia de La Altagracia. Solo a través de un proyecto de ley integral y bien pensado, que encarne los principios de subsidiariedad y solidaridad, y que asegure la transparencia y eficiencia en el uso de los fondos, esta transición puede ser verdaderamente beneficiosa y duradera para todos, sirviendo además de referencia para todo el régimen municipal dominicano.

Que el debate continúe, con la participación activa de todos los sectores, pues nada está escrito en piedra y la búsqueda de un verdadero 'ganar-ganar' es fundamental.