El 5 de noviembre de 2026 fue promulgada la Ley 88-26, que modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y difiere la aplicación de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, los cuales conforman el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y debían comenzar a aplicarse ese mismo día, pero ahora lo harán a partir del 5 de mayo de 2028. Aunque el proyecto aprobado por el Senado proponía un plazo de veinticuatro meses, la Cámara de Diputados lo redujo a dieciocho, y los considerandos de la ley explican que su propósito es dar tiempo para que las sociedades y las instituciones del sistema de justicia se preparen.
Es importante señalar, sin embargo, que esta nueva ley no elimina la responsabilidad penal de las empresas, no rebaja las exigencias del programa de cumplimiento y tampoco suspende el resto del Código, que rige desde agosto de 2026, de modo que directivos, gerentes y empleados ya pueden responder penalmente, de manera personal, por los hechos que cometan en nombre de la empresa.
Por eso sería un error pensar que hasta mayo de 2028 la empresa dominicana está fuera del alcance de la ley penal. La responsabilidad penal de las personas jurídicas existía en nuestro ordenamiento mucho antes del nuevo Código, aunque dispersa en leyes especiales, y lo que hace el Código es convertir en regla general lo que hasta ahora era la excepción. Así, la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas y prevé para ellas penas que pueden llegar hasta la disolución, mientras que la Ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales, la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y la Ley 249-17 del mercado de valores también la contemplan en sus respectivos ámbitos.
A esto se suma el frente tributario, en el que la defraudación sigue siendo un delito tipificado en los artículos 236 y siguientes del Código Tributario y donde, además, la Ley 25-24 modificó el artículo 11 de ese Código luego de que el Tribunal Constitucional anulara sus literales b) y c) mediante la sentencia TC/0943/23. Como resultado de esa reforma, los presidentes, directores, gerentes, administradores y representantes de las personas jurídicas pueden ser responsables solidarios de las obligaciones tributarias de la empresa cuando se pruebe dolo o negligencia, y los socios y beneficiarios finales también pueden serlo dentro de los límites que fija la norma. En otras palabras, el patrimonio personal de quienes dirigen la empresa ya está en juego, por lo que esperar a 2028 para ordenar la casa equivale a asumir un riesgo que existe desde hoy.
El tiempo adicional solo tiene valor si se usa, y hay tareas que toda empresa debería tener en marcha desde ya. La primera es mapear sus riesgos penales, porque la matriz de riesgos es el cimiento de todo el programa y debe partir de la operación concreta de la empresa, de sus procesos, de su relación con el Estado, de sus proveedores y de los delitos que podrían cometerse en su beneficio. La segunda es habilitar un canal de denuncias que realmente funcione, lo que exige mucho más que un correo electrónico genérico, pues el canal debe garantizar la confidencialidad, impedir las represalias y contar con un procedimiento claro de investigación y respuesta, sobre todo considerando que muchas veces es la primera señal de que algo anda mal.
La tercera tarea es elaborar un manual de cumplimiento a la medida, que recoja los once elementos mínimos que hoy exige la ley frente a los cuatro que contemplaba la versión original, como expliqué en un artículo reciente publicado en este mismo periódico, titulado “¿Ya tengo que modificar mi nuevo manual de cumplimiento?”, y que refleje sobre todo la realidad de la empresa. La cuarta es capacitar a toda la organización, puesto que un programa que solo conoce el departamento legal es, en la práctica, un programa que no existe, por lo que la capacitación debe llegar al consejo, a la gerencia y al personal operativo, con contenidos adaptados al riesgo de cada área y debidamente documentada. La quinta, finalmente, es poner a prueba el programa mediante auditorías internas, revisión de casos y simulacros de denuncia e investigación, porque solo probando el sistema se descubren los puntos ciegos, es decir, esos riesgos que nadie vio cuando todo estaba en el papel.
No se trata de un detalle menor, ya que el artículo 8 del Código atenúa la responsabilidad de la empresa cuando esta demuestra la existencia y la ejecución efectiva de su programa antes del hecho, y un programa que existe solo en el papel no atenúa nada.
Por ello, mi recomendación es trabajar con una fecha interna anterior a la legal y tener el programa listo para la aprobación del consejo en mayo de 2027, de manera que la empresa cuente con un año completo de puesta en práctica antes del 5 de mayo de 2028. Ese año es el verdadero regalo de la prórroga, porque permite que los empleados se familiaricen con las políticas, que el canal de denuncias reciba sus primeros reportes, que las investigaciones internas se ensayen y que los controles se ajusten a partir de la prueba y el error sin que cada falla tenga consecuencias penales. Un programa que llega a 2028 con un año de ejecución documentada se encuentra en una posición muy distinta frente al Ministerio Público que uno aprobado la semana anterior, pues el primero demuestra una cultura de cumplimiento mientras que el segundo apenas demuestra una intención.
La prórroga es, en definitiva, la oportunidad de construir un programa verdaderamente robusto, que responda a la realidad de cada empresa y no a una plantilla, y las empresas que aprovechen bien estos dieciocho meses no solo estarán protegidas en 2028, sino que contarán con mejores controles, una mejor gestión y una cultura de integridad que bancos, aseguradoras, inversionistas y socios comerciales ya valoran.
La ley nos dio más tiempo, pero lo que hagamos con él depende de cada empresa.
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