Una nueva fuerza política para una sociedad en transformación (2 de 2)

En la primera parte de este artículo expuse cómo el sistema político dominicano, lejos de colapsar, reproduce sus propias carencias y debilidades, manteniendo estructuras que perpetúan desigualdades y bloquean cualquier transformación profunda. Frente a ese panorama, surge la necesidad de construir una nueva fuerza política en la República Dominicana. Una fuerza enraizada que nazca del territorio hacia lo nacional, creciendo desde los municipios y barrios, acompañando procesos comunitarios, promoviendo liderazgo colectivo, fortaleciendo una democracia participativa que articule lo local con lo nacional y devuelva a la política su condición de servicio público.

El territorio no es solo geografía, es cultura, historia, identidad, economía y relaciones. Desde la cotidianidad del barrio, la comunidad campesina, la junta de vecinos, las iglesias, la escuela, el mercado, el sindicato y el grupo de jóvenes puede germinar una política diferente, arraigada y con propósito.

Esa legitimidad territorial debe hacerse visible en los grandes debates sobre el modelo económico, la concentración de la riqueza, la transición ecológica, la soberanía alimentaria, la reforma fiscal, la educación, la salud, la seguridad, la migración, la calidad democrática y los derechos humanos. Una fuerza así debe incomodar, iluminar y proponer, con presencia en el Congreso, en los medios de comunicación, las redes y en todos los espacios de poder como expresión genuina del país profundo.

La política no puede ser una jerga elitista ni un ejercicio divorciado de la cultura popular. Debe hablar el idioma del pueblo, conocer sus símbolos, beber de su memoria histórica y respetar sus creencias, sin renunciar a cambios estructurales. Lo cultural no es accesorio, da sentido, legitimidad y fuerza a un proyecto auténtico.

La tecnología debe convertirse en una herramienta de incidencia cotidiana. No solo altavoces de propaganda, sino plataformas de consulta, formación política, transparencia, movilización, vigilancia ciudadana, cartografías colaborativas, radios locales y laboratorios ciudadanos. Lo digital debe integrarse para distribuir poder, no para concentrarlo; para incluir, no para excluir; con uso ético e inclusivo, sin dejar fuera a quienes enfrentan brechas de conectividad.

La diáspora dominicana no puede seguir reducida a remesas o simbolismos de campaña. Es parte integral del cuerpo nacional y debe tener voz y voto en la deliberación política, con canales estables de participación y puentes organizativos hacia los territorios.

Nada de esto se logra en un ciclo electoral. Una fuerza así debe pensarse a más de diez o quince años. Es un proceso de siembra que exige organización, formación, ética, independencia financiera, transparencia y paciencia histórica. Hay que construir comunidad antes que aparato, independencia económica frente a capturas, formar cuadros con sensibilidad social y solvencia técnica, levantar una narrativa culturalmente situada y apostar por tecnologías abiertas al servicio de la participación. La cosecha vendrá si la siembra es honda, el arraigo real y la coherencia resiste el desgaste del tiempo.

La necesidad de esta fuerza no es una utopía para tiempos mejores del futuro. Es un imperativo de hoy. Porque la democracia dominicana corre el riesgo de ser devorada por la indiferencia, la corrupción, el autoritarismo o el espectáculo vacío; porque el dolor social —aunque silenciado— es profundo; porque la política no puede seguir siendo una herramienta de privilegios, sino un instrumento de justicia, equidad y dignidad.

Si esta fuerza se construye desde la raíz —desde los barrios y campos, desde la cultura y el sentido común, desde el dolor y la esperanza— entonces podrá florecer. Y no será una fuerza cualquiera: será el inicio de una nueva república, parida no desde el poder, sino desde el pueblo. El momento es ahora. El desafío es inmenso. La responsabilidad es de todos.

En el centro de la agenda de una nueva fuerza política debe estar el compromiso firme con la defensa y promoción de los derechos de la mujer, los discapacitados, la niñez y las personas envejecientes. No se trata de menciones aisladas, sino de políticas integrales que combatan la violencia de género, garanticen igualdad salarial, erradiquen el trabajo infantil, aseguren oportunidades educativas y de salud para todos los niños y niñas, y fortalezcan los sistemas de protección social para quienes han dado su vida al país y hoy requieren un retiro digno. Estos sectores, que representan buena parte de la población, no pueden seguir siendo tratados como asuntos secundarios; su inclusión plena es condición para cualquier proyecto verdaderamente transformador.

Asimismo, la clase media debe ocupar un lugar estratégico en esa agenda. Este sector, diverso y dinámico, enfrenta la degradación de los servicios públicos esenciales, la presión fiscal creciente y un mercado laboral que amenaza su movilidad social. Atender sus demandas no es un gesto electoral, sino una apuesta por la estabilidad y el fortalecimiento de un tejido social que puede convertirse en aliado fundamental de las transformaciones.

Para lograr una redistribución efectiva de la riqueza, es indispensable generar más riqueza; y ello requiere establecer alianzas transparentes y productivas con sectores económicos dispuestos a asumir un compromiso con el desarrollo nacional y la equidad social. Una nueva fuerza política que aspire a gobernar con legitimidad debe ofrecer a la clase media, y al conjunto de la sociedad, un horizonte de seguridad, oportunidades y participación en la construcción del bien común.