Una Constitución inconstitucional, tensión entre el principio de legalidad y la soberanía popular

La filosofía de Baruch Spinoza, aunque situada en un contexto histórico y cultural diferente, ofrece una serie de ideas que pueden ser relacionadas tanto con la política partidaria actual como con los cánones de consumo. A través de su concepción del determinismo, la razón, la libertad, la ética y la naturaleza humana, Spinoza nos invita a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder, las ideologías y las prácticas cotidianas, como el consumo, pueden influir en nuestras vidas de manera determinista y cómo, al mismo tiempo, podemos alcanzar un mayor grado de libertad y bienestar al comprender esas influencias.

Las ideas de Baruch Spinoza, aunque de otras épocas, pueden ser fácilmente extrapoladas a la realidad actual dominicana, en donde mediante la utilización de una narrativa pre planificada, se va sembrando una idea en el inconsciente colectivo que, aunque descabellada al principio, fruto de los pequeños movimientos mediáticos estratégicos, son aceptadas posteriormente con toda naturalidad.

Un ejemplo claro de esta estrategia se observa en la insistente campaña mediática del gobierno, enfocada en resaltar la popularidad del presidente de la república, quien, según la constitución, no podría repostularse. A esto se suman los encuentros semanales con la prensa, las visitas a los barrios y pueblos, actividades que no estaban previstas en los planes de gobierno y que parecen improvisadas, como si tuvieran un propósito oculto. Este propósito empieza a esclarecerse a raíz del reciente intento de impugnar constitucionalmente el artículo que prohíbe la reelección del presidente, lo que sugiere que dichas acciones pueden estar orientadas a preparar el terreno para una eventual modificación de la constitución.

La estrategia está en marcha. La solicitud de declarar la inconstitucionalidad del artículo que impide a Luis Abinader postularse tiene altas probabilidades de prosperar, violando flagrantemente los principios fundamentales del derecho. El presidente, al haber comprometido moralmente su palabra de no reelegirse y sabiendo que no sería reelegido por el pueblo, no se arriesgará a dar ese paso. Sin embargo, activará a Danilo Medina para generar una división interna dentro del PLD y polarizar la situación con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. De esta manera, la oposición se mantendrá fragmentada, mientras que el PRM, respaldado por la maquinaria económica del gobierno, continuará en el poder

El concepto de declarar una constitución «inconstitucional» plantea una serie de cuestiones filosóficas y jurídicas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la legitimidad y la justicia.

En primer lugar, la constitución es, en la mayoría de los sistemas jurídicos, la norma suprema de un Estado, y su función es establecer las bases para la convivencia y el funcionamiento del orden político, social y económico. Si aceptamos este principio, la idea de declarar la constitución inconstitucional parece una contradicción ontológica, una paradoja que desgarra la misma esencia del derecho y la estructura del Estado.

Si consideramos la constitución como el «fundamento de lo fundado», entonces una afirmación de su inconstitucionalidad es filosóficamente inquietante. La constitución no es simplemente una norma entre otras, sino que es la «norma fundante, la carta magna, la ley de leyes», y si esa norma es invalidada, el edificio jurídico que ella sostiene se desplomaría. Es como si se tratara de una obra de arte que se destruye desde su propio principio, como un pintor que decide destruir su propio lienzo.

La idea de que una constitución pueda ser declarada inconstitucional se enmarca en lo que podemos llamar una «paradoja del poder». En este caso, el poder que se funda en la constitución es el mismo que se usaría para invalidarla. Aquí surge una tensión entre el principio de legalidad y la soberanía popular.

Desde una perspectiva filosófica, esto nos lleva a la pregunta: ¿quién tiene la última palabra sobre la validez de la constitución? Si los órganos del poder estatal, como el poder judicial o legislativo, tienen la capacidad de declarar la constitución inconstitucional, ¿no sería este un ejercicio de poder absoluto, en donde las normas creadas por el pueblo podrían ser suspendidas o modificadas a voluntad de las élites gobernantes?

Metafóricamente, esto se asemeja a una serpiente que se muerde la cola, un ciclo interminable de autodestrucción que es alimentado por sí mismo. Si los guardianes de la constitución tienen el poder de destruirla, ¿quién puede garantizar que las decisiones no estén sometidas a intereses particulares y no a la justicia o al bien común?

La declaración de una constitución como inconstitucional por parte de un grupo de poder plantea otro dilema: el riesgo de que este acto no sea un ejercicio legítimo de la justicia, sino una forma de abuso del poder. La historia ha demostrado que los grupos de poder pueden alterar el orden constitucional para consolidar su dominio, manipular el sistema judicial o incluso pervertir los mecanismos democráticos.

Filosóficamente, esto plantea una reflexión sobre la corrupción del poder: cuando los mecanismos legales se convierten en herramientas de opresión, la legitimidad de la ley se ve erosionada. La constitución, que originalmente estaba diseñada para garantizar la libertad, la igualdad y los derechos de los ciudadanos, puede ser transformada en un instrumento de control.