Un país que merece ser contado con verdad

“Sin datos, solo eres otra persona con una opinión”, atribuida a W. Edwards Deming.

En todas las sociedades que aspiran al desarrollo, la información pública no es un trámite administrativo: es una herramienta de dirección. Las personas no necesitan memorizar cifras, pero sí saber que estas se generan con criterios claros, se verifican con rigor y se comunican de manera transparente. De esa certeza nace la confianza. Y es precisamente ahí donde la República Dominicana enfrenta hoy un desafío que exige atención.

Hace una semana señalé que las estadísticas oficiales de feminicidios en 2025 presentaban inconsistencias importantes. A partir de esa alerta y en un ejercicio responsable de ciudadanía, realicé una revisión sistemática de los casos reportados por los principales medios nacionales. Ese análisis arroja un total de 77 feminicidios entre enero y noviembre (sin registros en febrero). Los datos de 2025 reflejan un incremento del 15% frente a los 67 casos reportados por la Procuraduría al cierre de noviembre del 2024.

La información oficial difiere notablemente. El Ministerio de Interior y Policía informó una reducción del 30% basada en 49 casos. La diferencia entre una disminución del 30% frente a un aumento del 15% no puede considerarse un detalle técnico menor. Para especialistas y analistas, discrepancias de esta magnitud suelen evidenciar fallas estructurales en los sistemas de documentación y, en algunos sectores, generan la percepción de manipulación. Sea cual sea la causa, la distancia entre las cifras expone un problema de fondo que el país no puede pasar por alto.

La situación se complica más cuando observamos otros sectores esenciales para la vida y el desarrollo, empezando por la salud. El bienestar colectivo exige la capacidad estatal de disponer de insumos claros y actualizados. Por ejemplo, el Reglamento 42-05 sobre agua para consumo humano, en su artículo 59, exige la publicación periódica de informes sobre la calidad del agua. No existe un solo informe publicado en 2023, 2024 ni en lo que va de 2025 lo que no nos permite saber si se están realizando las revisiones y evaluaciones correspondientes. Tampoco se comparten los Indicadores Básicos de Salud desde 2020, y áreas tan sensibles como la salud mental carecen de estadísticas e informes de los últimos años en la página del ministerio. Sin evaluaciones, indicadores clave actualizados y seguimiento, no es posible identificar brechas, priorizar recursos ni diseñar políticas preventivas con un enfoque inclusivo. La prevención se debilita, la planificación (si existiera) pierde precisión y el país no tiene una guía clara que le permita mejorar en las áreas fundamentales.

Y para ir un poco más allá identificamos que este patrón no se limita al sector salud. Se repite en la seguridad ciudadana, otra columna vertebral del desarrollo y las necesidades básicas humanas. El Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana no publica registros desde 2023, y la Procuraduría General solo ha actualizado los homicidios y feminicidios a marzo de 2025. Sin estadísticas  actualizadas, las afirmaciones oficiales de una reducción en homicidios no pueden verificarse. La ciudadanía escucha declaraciones de mejoras, pero vive una realidad que no se puede contrastar con datos documentados y confiables. Y esto abre una pregunta legítima: si los indicadores de seguridad ciudadana presentan vacíos similares a los de los feminicidios, ¿cuál es, entonces, la situación real de la seguridad en el país?”

Cuando tenemos vacíos, inconsistencias o silencio estadístico, las explicaciones pueden ir desde problemas técnicos, deficiencias en los procesos, falta de coordinación institucional o el desconocimiento del valor estratégico de estas labores, pero también se abre espacio a la pregunta: ¿estamos ante errores, falta de prioridades o ante la construcción de narrativas que no reflejan la realidad completa?

Esa combinación de dudas técnicas, institucionales y de enfoque, merece atención. Un país como el nuestro no puede permitirse que se gobierne a ciegas o con información incorrecta. Las naciones que avanzan son aquellas que se atreven a medirse con rigor, que entienden que la transparencia no es solo un principio democrático, sino una herramienta para progresar, atraer inversiones, mejorar los servicios y planificar con precisión. Ninguna democracia sólida funciona con estadísticas descontinuadas, incorrectas o sin seguimiento a indicadores fundamentales.

En 2025, las verificaciones muestran 77 feminicidios (y pueden ser más). En 2024 fueron 67. Esa es la realidad. La pregunta que debe guiarnos no es solo por qué las cifras oficiales dicen algo distinto, sino por qué áreas tan sensibles —como salud, agua, seguridad, entre otras— presentan vacíos simultáneos.

Los datos no son fríos ni abstractos. Son la manera en que un país se reconoce, se entiende y decide su rumbo.  Creo profundamente en una República Dominicana que se mire de frente y avance con paso firme. Un país que confíe y progrese basado en evidencia. Un país que, al contar con la verdad, construya el futuro inclusivo, seguro y próspero que todas las personas merecen.