Trece años de 4% para reprobar

Desde 2013, en República Dominicana entró en vigencia la asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria. Desde hace ya trece años, la educación recibe más recursos que prácticamente cualquier otra política pública del país.

Para 2026, el Ministerio de Educación tiene asignados RD$332,030 millones, la segunda mayor partida institucional del presupuesto, solo 8% por debajo de los RD$362,550 millones destinados a la Administración de la Deuda Pública. Fuera de los compromisos de la deuda, ninguna institución recibe tanto dinero como Educación.

El esfuerzo también es elevado en términos regionales, ya que con un gasto educativo cercano al 4% del PIB, República Dominicana se encuentra entre los países que más recursos destinan a educación al compararse con las economías de Centroamérica. De acuerdo con los datos más recientes del Banco Mundial, correspondientes a 2023, solo Costa Rica y Honduras registran proporciones superiores.

Esta magnitud de recursos confirma que la educación ocupa un lugar prioritario dentro del presupuesto nacional. Sin embargo, ese esfuerzo financiero no se ha traducido en resultados equivalentes en materia de aprendizaje.

Cuando comenzó a aplicarse la asignación del 4% del PIB, esa cifra se convirtió en una especie de trofeo político. Cada gobierno la exhibe, presupuestada o ejecutada, como prueba de su compromiso con la educación, como si gastar más equivaliera automáticamente a enseñar mejor. El objetivo del 4% era ser el instrumento para mejorar la calidad del sistema, fortalecer a los docentes, adecuar las escuelas y, sobre todo, garantizar que los estudiantes aprendieran. Trece años después, cabe preguntarse si se logró ese objetivo.

Para evaluar el uso de los recursos, conviene observar primero su distribución. Cerca del 56% del presupuesto del Ministerio de Educación, equivalente al 2.2% del PIB, se destina a remuneraciones. Esto no constituye necesariamente un problema, pues los docentes son el principal recurso de cualquier sistema educativo. La pregunta relevante es si ese gasto está acompañado de mecanismos capaces de mejorar la formación, el desempeño y la rendición de cuentas dentro de las aulas.

La prueba PISA responde esto con toda crudeza. En su edición más reciente, correspondiente a 2022, apenas el 8% de los estudiantes dominicanos alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, frente a un promedio de 69% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es decir, nueve de cada diez estudiantes quedaron por debajo del nivel mínimo establecido por la prueba. En lectura, solo el 25% alcanzó ese umbral y, en ciencias, el 23%.

Es cierto que los resultados de 2022 mostraron una mejoría frente a 2018. Pero avanzar algunos puntos desde los últimos lugares no convierte el desempeño en satisfactorio. Cuando el 92% de los estudiantes continúa por debajo del nivel mínimo en matemáticas, celebrar una ligera mejoría puede terminar ocultando la magnitud del problema.

Después de trece años, la discusión ya no puede limitarse a cuánto se gasta en educación, sino a qué resultados produce ese gasto. República Dominicana ha demostrado que puede sostener un esfuerzo presupuestario considerable. Ahora debe demostrar que puede convertirlo en mejores docentes, escuelas más eficientes y estudiantes que realmente aprendan.