Transformación productiva y políticas públicas para combatir la pobreza y la desigualdad social en República Dominicana

La política pública para el desarrollo y la transformación productiva es una acción deliberada del Estado que articula capacidades institucionales, territoriales y éticas para reorganizar la estructura productiva, elevar la productividad y generar bienestar sostenible.

En esta misma perspectiva la política pública es el instrumento ético y estratégico del Estado para redistribuir oportunidades, reorganizar capacidades productivas y garantizar inclusión social, mediante la transformación estructural del aparato económico y la articulación territorial de actores, saberes y recursos.

Como hemos planteado en un artículo anterior esta articula el vínculo entre transformación productiva, equidad territorial y justicia distributiva en República Dominicana

En este sentido, la desigualdad y la pobreza en República Dominicana tiene raíces en la estructura productiva: baja productividad, informalidad, limitada innovación, escasos encadenamientos y concentración sectorial. El país requiere una política industrial moderna que articule competitividad, inclusión y sostenibilidad.

En la línea de promover algunas iniciativas de políticas públicas que permitan combatir la desigualdad y la pobreza, se presentan algunas sugerencias en formas de directrices considerando la necesidad de producir:

1. Estrategia nacional de desarrollo basada en la transformación productiva, que se enfoque a elevar la productividad, la diversificación económica y empleo de calidad.

En esta visión jugarán un rol fundamental el desarrollo de política industrial moderna basada en innovación, I+D y clústeres, fomento a MIPYMES con crédito, digitalización y asistencia técnica, los encadenamientos productivos territoriales (agroindustria, turismo, servicios), la implementación de incentivos focalizados para la formalización laboral y empresarial e impulso a la economía digital y 4.0 para cerrar brechas tecnológicas.

Y, sobre todo, la agregación de valor a la explotación de recursos minerales, ya que esto debe dejar de ser una aspiración retórica para convertirse en una política de Estado: una que promueva la industrialización aguas abajo, la transferencia tecnológica, la formación de capital humano especializado y la participación activa de los territorios en la gobernanza de sus recursos.

La transformación productiva debe estar orientada no solo al mercado interno, sino también al posicionamiento estratégico del país en las cadenas globales de valor, mediante una política comercial inteligente, una diplomacia económica activa y una narrativa país coherente con sus capacidades y aspiraciones.

2. Políticas laborales para la inclusión, la formalización y el trabajo decente, efectiva en la reducción de la informalidad y desigualdad salarial, mejorar calidad del empleo. En esta visión es relevante el desarrollo de sistema de salario mínimo vinculado a productividad, seguridad social para trabajadores informales, el fortalecimiento de la negociación colectiva y protección sindical la ejecución de programas de empleo joven y femenino, así como la capacitación técnica dual vinculada a sectores estratégicos.
3. Reforma fiscal progresiva para financiar el desarrollo social y productivo, que garantice la viabilidad del financiamiento al desarrollo social y productivo con justicia tributaria, para lo cual es necesario una reforma que aumente la progresividad del impuesto sobre la renta, revise las exenciones y gastos tributarios, combate a la evasión y a la elusión fiscal, el desarrollo de impuestos verdes alineados con la sostenibilidad y reoriente el gasto público hacia la educación, la salud y la protección social.
4. Políticas de protección social profunda, focalizadas y universales que reduzca las vulnerabilidades y genere movilidad social progresiva; es decir, que mejore la capacidad real y efectiva de los individuos y los hogares en favor de una mejor posición socioeconómica a lo largo del tiempo y entre generaciones, mediante oportunidades equitativas en educación, empleo, ingresos, patrimonio y bienestar. Se necesita articular de manera más integral los sistema articulado de subsidios, transferencias y servicios públicos, programas sociales como Supérate, INAIPI, SENASA, INFOTEP, modernizar, protección foscalizada para vejez, discapacidad y niñez y la incorporación de sistema tecnológico e inteligente en el desarrollo de los mismos.

Es necesario superar las barreras estructurales que bloquean la movilidad, rompiendo estas ataduras y logrando que esta sea progresiva, para los cuales son necesarias la educación de calidad, la lucha contra la desigualdad territorial, elevar la productividad, reducir las brechas digitales, reducir sustancialmente la desigualdad de género y etnia, reducir de manera drástica la informalidad económica, mejorar sustancialmente el acceso al crédito y crear las condiciones necesarias para que los más vulnerables y pobres dispongan de activos como tierra, vivienda, etc.

5. Políticas territoriales para cerrar la desigualdad regional que incluya a todas provincias y las zonas rurales. Para esto es necesario un plan de desarrollo regional enfocado a la producción y a la productividad, el desarrollo de inversiones públicas estratégicas, la implementación de incentivos regionales y territorios, fortalecer la planificación municipal y cerrar las brechas de salud, educación y de servicios básicos a nivel nacional.
6. Educación, salud y movilidad social como pilares para garantizar la igualdad de oportunidades, resultando atractivo el desarrollo de una reforma educativa centrada en calidad, innovación y formación docente, cobertura universal en salud con atención primaria fortalecida, alfabetización digital y tecnológica, becas y movilidad universitaria para jóvenes vulnerables.
7. Finalmente, instituciones inclusivas, transparencia y combate a la corrupción, y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, los cuales se constituyen en garantía de una sociedad adecentada, para los cuales se requiere garantizar los derechos humanos y recuperar la confianza, fortaleciendo los órganos de control y justicia, transparencia radical del gasto público, profesionalizar el servicio civil, lograr regulación efectiva de mercados y servicios y combate firme del crimen organizado, el feminicidio y la inequidad de género.

En este aspecto se considera necesario fortalecer al Ministerio Público, cámaras de cuentas y órganos reguladores, entre otros.