Sistema penitenciario

Según el artículo 40.16 de la Constitución dominicana la finalidad de las penas es la reeducación y reinserción, tal como se postula a continuación: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados;”

Por otra parte, el párrafo IV del artículo 28 de la Ley núm. 97-25, que instaura el nuevo Código Procesal Penal refiere que “El Estado garantiza condiciones mínimas de habitabilidad en los centros penitenciarios y provee los medios que permiten, mediante la aplicación de un sistema progresivo de ejecución penal, la reinserción social del condenado.”

Como podemos observar, la finalidad de la misma es que el condenado pueda reinsertarse en la sociedad tan pronto el mismo cumple condena, para lo que el Estado deberá garantizar que se implementen las medidas correspondientes para asegurar, dentro de la medida de lo posible, la reeducación de la persona que haya cumplido condena.

En ese sentido, el artículo 1 de la Ley Núm. 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana, establece como objeto de dicha ley, el siguiente: “La presente ley tiene por objeto la protección de la integridad y dignidad de las personas privadas de libertad; la reducción de las consecuencias negativas de su estado, proporcionar las condiciones adecuadas para su desarrollo personal, así como la corrección, reeducación y reinserción en la sociedad, impulsado por un mecanismo de control sustentado en la creación y funcionamiento de la estructura del medio libre, y evitando con ello la reincidencia.”

Respecto al Régimen Penitenciario, observamos que la ley establece la Clasificación por Grados, tal como se desprende de los artículos 65 y siguientes de la ley precitada. No obstante, evidentemente, no realiza la debida regulación de dicha Clasificación ameritando, por ende, la promulgación del Reglamento.

El Régimen de Clasificación por Grados es un régimen progresivo, cuya tendencia se ha venido produciendo en Europa. Por ejemplo, es el que se implementa en España a través de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) de 1979, denominado de individualización científica. Se le denomina de tal modo porque cada caso es abordado de manera individual. Y se denomina científico porque es evaluado por personas especializadas. Es decir, cada caso se determina de manera concreta para verificar el grado que le corresponde. No parte de criterios rígidos, pudiendo un condenado ingresar directamente al régimen de abierto (semilibertad y libertad condicional), sin tener que pasar por el cerrado (condenados más peligrosos e inadaptados).

En este sentido, es pertinente referirnos al Informe de las condiciones de detención y de prisión 2025 elaborado por la Oficina Nacional de Defensa Pública.

Dentro de los hallazgos, se hace constar el uso sostenido y que va mostrando aumento, de la pena de prisión indicando que el 64.57% de la población penitenciaria corresponde a presos preventivos, estableciendo dicho informe lo siguiente: “la población penitenciaria nacional ascendía a 23,270 personas privadas de libertad, de las cuales 15,025 (64.57%) permanecían bajo prisión preventiva, mientras que únicamente 8,156 (35.43%) cumplían condena definitiva.”

Otro hecho que se hace constar en el informe es el alarmante nivel de hacinamiento del sistema penitenciario. Esto aunado a las condiciones de salubridad deficiente que se registran en ciertos centros, muestran un panorama lúgubre.

Por igual, hace referencia a la insuficiente atención a la salud mental, atendiendo a la cantidad de condenados que padecen de trastornos mentales graves; entre otros hallazgos.

No obstante es preciso señalar que en el Código Procesal Penal se dispone de una serie de figuras como el Criterio de Oportunidad y la Suspensión Condicional del Procedimiento, que permitirían hacer un menor uso de la prisión preventiva la cual está dotada de un carácter excepcional.

Ciertamente, es preciso el desarrollo de esta figura que garantice que los presos preventivos y los condenados no cumplirán prisión bajo un mismo grado, por un lado, y que los condenados más peligrosos cumplirán condena en un grado distinto, por otro.

Entendemos que una parte que nos permitirá evaluar la necesidad imperiosa de la revisión de este esquema, y la promulgación del Reglamento, es cuantificar cuánto de los penados son reincidentes, se ha investigado sobre los efectos criminógenos de la pena de prisión, más aún de aquellas penas que se cumplen en condiciones de endurecimiento y en su totalidad.