Sistema eléctrico: talón de Aquiles de las finanzas públicas

Es evidente el déficit recurrente que sufre el sistema eléctrico nacional, cuya estructura —desde buena parte de la producción hasta la distribución a la población— es de propiedad pública. La ciudadanía percibe dicho déficit a través de los apagones, que continúan siendo frecuentes en la vida cotidiana.

En términos de producción, la central termoeléctrica Punta Catalina es, como sabemos, la planta de generación de energía más importante propiedad del Estado dominicano, con una capacidad de 752 megavatios. A ello se suman las plantas hidroeléctricas administradas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), que aportan el 13,8 % de la generación eléctrica total del país.

Gran parte de la energía, sin embargo, es producida por plantas operadas desde el sector privado, como es el caso de AES Dominicana, así como por empresas medianas y pequeñas dedicadas a la generación solar y eólica, entre ellas EGE Haina (de propiedad mixta público-privada), Poseidón Energía Renovable, Parques Eólicos del Caribe, entre otros. Todo ello evidencia que en el país se produce energía suficiente para cubrir la demanda de la población.

En líneas generales, el sector privado aporta el 51 % de la generación eléctrica; el sector estatal, el 29 %; y las asociaciones público-privadas (APP), el 20 %.

Sin embargo, el principal problema reside en la administración de las empresas de distribución eléctrica (EDE Este, EDE Norte y EDE Sur). Estas compañías estatales presentan deficiencias significativas en la comercialización del servicio. El déficit operativo de estas entidades se ha triplicado entre 2021 y 2025.

En 2021, el subsidio gubernamental ascendía a RD$23.050 millones; para septiembre de 2025, el déficit había aumentado a RD$71.441,4 millones, lo que implica un importante drenaje de recursos del presupuesto público. Solo entre enero y septiembre de 2025, el déficit creció más de un 11 % respecto al mismo periodo de 2024, lo que significa que las EDE perdieron más de RD$52.000 millones en esos nueve meses.

Llama la atención que, pese a que los gerentes de estas empresas perciben salarios muy elevados, la gestión no ha conseguido frenar las pérdidas eléctricas, que han pasado del 37,5 % en 2024 al 38,4 % en 2025. No obstante, la respuesta a esta situación no es tan sencilla.

En primer lugar, los gerentes de las EDE no suelen ser designados en función de un perfil profesional que garantice capacidades gerenciales y administrativas. La selección responde con frecuencia a criterios políticos y no a concursos de oposición que permitan elegir a candidatos con la formación y experiencia necesarias para dirigir empresas de esta naturaleza.

Pero esto, por sí solo, no basta: es imprescindible diseñar y ejecutar planes estratégicos, así como establecer metas y planes operativos con indicadores claros de medición del desempeño. Asimismo, debe terminarse con el seguimiento adecuado a los cobros por el servicio eléctrico suministrado.

Para ello es necesario establecer un modelo de incentivos que premie a los empleados administrativos y técnicos de las sucursales que logren mejorar los niveles de facturación y garantizar el mantenimiento adecuado de las redes residenciales y empresariales.

Pero, sobre todo, se requiere voluntad política para enfrentar la actual situación de subsidios y fraude eléctrico, que no se corresponde con el nivel de déficit que presentan las EDE.

Es fundamental respetar los criterios de una gerencia eficiente y eficaz, guiada por los principios de transparencia, ética del servicio público y apego a la carrera administrativa.