Dos evaluaciones recientes obligan a la República Dominicana a mirarse con honestidad. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la justicia dominicana y los resultados de PISA 2025 sobre el aprendizaje estudiantil examinan ámbitos distintos, pero llegan a una advertencia común: el crecimiento económico pierde sentido cuando las instituciones no garantizan derechos ni desarrollan las capacidades de las personas. Sin justicia efectiva y sin educación de calidad no hay desarrollo sostenible.
El PNUD reconoce avances importantes en el sistema de justicia. Entre 2021 y 2025, los asuntos resueltos por el Poder Judicial aumentaron de 452,869 a más de 1.1 millones; la tasa de resolución pasó de 90.8 % a 98.4 %, y el 87.8 % de los asuntos se decidió dentro del plazo establecido. El tiempo promedio para solucionar los procesos bajó de 95 a 75 días. También se consolidó la transformación digital: en 2025, el 91.8 % de las gestiones en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa se realizó en línea, más de tres millones de documentos habían sido firmados digitalmente y el 66 % de los documentos se procesaba de forma electrónica.
Estos datos merecen reconocimiento. Demuestran que la planificación, la tecnología y la evaluación pueden mejorar la capacidad de respuesta del Estado. Sin embargo, el propio informe advierte que el progreso institucional todavía convive con barreras territoriales, económicas y sociales. De las personas usuarias consultadas, un 39% dijo haber encontrado alguna dificultad en su proceso. Entre quienes reportaron obstáculos, el 63 % mencionó las demoras; el 46 %, los costos legales, y el 26 %, tanto la calidad de la atención como la distancia o las dificultades de traslado. Además, siete de cada diez personas consultadas desconocían la existencia de servicios judiciales digitales. Ahora bien, reducir la mora judicial no puede convertirse en un fin en sí mismo ni lograrse a costa de la calidad de las sentencias. Menos mora debe significar mejor justicia, no decisiones menos motivadas. La debida motivación es una garantía esencial del debido proceso, pues permite comprender las razones de hecho y de derecho que sustentan cada decisión judicial.
La lección es decisiva: una justicia puede producir más decisiones y, aun así, continuar distante para parte de la población. La eficiencia es indispensable, pero debe medirse también desde la experiencia humana. Una sentencia oportuna protege derechos; una demora excesiva puede destruir un empleo, una empresa, el patrimonio familiar o la seguridad de una víctima. La digitalización reduce tiempos, pero debe incluir orientación clara, accesibilidad y alternativas presenciales. El verdadero indicador de éxito consiste en que toda persona, sin importar su lugar de residencia o su condición económica, pueda comprender el sistema, acceder a él y recibir una respuesta imparcial en un plazo razonable.
La evaluación educativa presenta un reto todavía más severo. PISA 2025, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE) valora los resultados aproximadamente estables. Se evaluaron 7,080 estudiantes de 15 años pertenecientes a 257 centros educativos. La República Dominicana obtuvo 361 puntos en ciencias, 346 en lectura y 339 en matemáticas. En comparación con 2022, el resultado permaneció sin variación significativa en ciencias y matemáticas, mientras lectura disminuyó seis puntos. El 69.3 % de los estudiantes dominicanos se ubicó por debajo del nivel básico en las tres áreas y la proporción de estudiantes de alto desempeño fue prácticamente nula.
No se trata de convertir una prueba internacional en un juicio contra docentes o estudiantes. PISA funciona como una señal sobre la capacidad del sistema para enseñar a comprender textos, resolver problemas, usar evidencia y aplicar conocimientos a situaciones reales. Cuando una mayoría amplia no alcanza competencias fundamentales, se reducen sus oportunidades de continuar aprendiendo, acceder a empleos de calidad, participar de manera informada en la vida pública y defender sus derechos.
Aquí convergen ambas evaluaciones: educación y justicia se necesitan mutuamente. Una ciudadanía que conoce sus derechos está mejor preparada para exigirlos, mientras una justicia accesible y efectiva protege las condiciones para aprender, trabajar y vivir con dignidad. La educación forma ciudadanía; la justicia garantiza sus derechos.
La Constitución dominicana reconoce la educación como un derecho fundamental y exige una tutela judicial efectiva. La Agenda 2030 expresa esa relación en sus Objetivos 4 y 16: educación de calidad e instituciones sólidas con acceso a la justicia. Las reformas educativas y judiciales requieren continuidad más allá de los ciclos electorales, con acuerdos de Estado, recursos, evaluación y participación social.
El país necesita asumir estas evaluaciones como instrumentos de corrección y mejora, no como simples titulares. En justicia, corresponde cerrar las brechas territoriales, fortalecer la defensa pública, garantizar recursos suficientes, mejorar la atención a los grupos vulnerables y asegurar una transformación digital verdaderamente inclusiva. En educación, urge priorizar la alfabetización inicial, la comprensión lectora, el razonamiento matemático y científico, la formación docente y la recuperación de los estudiantes rezagados. En ambos ámbitos, cada política debe traducirse en metas verificables, responsables definidos y resultados públicos. Evaluar solo tiene sentido si los resultados sirven para corregir, transformar y avanzar.
La República Dominicana ha demostrado capacidad para modernizarse y mejorar sus indicadores. El reto es convertir esos avances en oportunidades y derechos efectivos, porque el desarrollo sostenible no es solo crecimiento económico, sino mejores condiciones para aprender, producir, decidir y vivir con dignidad.
La justicia garantiza derechos; la educación abre oportunidades. Ambas son pilares inseparables del desarrollo humano. Cuando una falla, el progreso se vuelve frágil, desigual e incompleto. Por eso, sin justicia y sin educación de calidad no hay verdadero desarrollo humano sostenible.
Fuentes principales
- PNUD República Dominicana. Transformando la Justicia del progreso institucional al desarrollo humano, 19 de agosto de 2026.
- OCDE. PISA 2025 Results Volume I Future Ready Students, 8 de septiembre de 2026.
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