Sin financiamiento y sin mujeres políticas

En medio del debate sobre la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la posición fijada recientemente por la Junta Central Electoral merece nuestra atención.

Comparto la preocupación. Y lo hago porque se trata de una discusión sobre la legalidad de la medida; se trata de cómo esta impacta el equilibrio de la democracia; se trata claramente de una medida que ha pretendido ser populista, sin éxito, pues desnuda el credo absolutista del gobierno de turno. Sin embargo, el problema es más complejo pues, además, profundiza las desigualdades estructurales, debilitando las condiciones materiales de la competencia política.

Esto nos obliga a preguntarnos: en una democracia, ¿quiénes quedan fuera cuando la política se vuelve todavía más desigual?

La Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece con claridad que en los años sin elecciones generales debe consignarse en el Presupuesto General del Estado un monto equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales para el financiamiento de los partidos políticos, en los siguientes términos:

Artículo 224.- Asignación de partida económica del Estado a los partidos. Se consignará en el Presupuesto General del Estado un monto equivalente al medio por ciento (1/2 %) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4 %) en los años que no haya elecciones generales.

La propia Ley 20-23 reconoce en su articulado, además, que el sistema electoral dominicano debe regirse por principios de equidad, inclusión y participación, procurando "la conformación de los poderes públicos de forma equitativa entre mujeres y hombres" (ver arts. 4.3, 199, 200.2), con el objeto de generar condiciones reales de acceso al poder político.

En sociedades profundamente desiguales, como la nuestra, el financiamiento público es necesario. Si este disminuye, quienes primero pierden espacio son precisamente quienes históricamente han enfrentado más obstáculos para participar en política: las mujeres. Especialmente las jóvenes, las mujeres en situación de pobreza, las mujeres campesinas, las mujeres racializadas o aquellas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.

La experiencia latinoamericana demuestra que las cuotas y reglas de paridad, por sí solas, no bastan. Las mujeres siguen enfrentando barreras estructurales para competir en igualdad de condiciones: menor acceso a redes de financiamiento, menos respaldo partidario, sobrecarga de tareas de cuidado, violencia política y una cultura política muy atravesada por patrones machistas.

La Recomendación General núm. 40 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advierte que las estructuras patriarcales siguen impidiendo una representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones, y subraya que la participación política paritaria requiere medidas legislativas, normativas y programáticas concretas. El Comité reconoce, además, que el poder político continúa distribuido de manera desigual y que ello afecta directamente la calidad democrática.

De acuerdo con la referida recomendación, "para crear formas de gobernanza más inclusivas, los Estados deberían abrir vías y eliminar cualquier obstáculo, poner fin al creciente cierre del espacio cívico, velar por que se protejan los derechos y brindar", a las mujeres, entre otras, "apoyo financiero […] con miras a que puedan participar de forma sustantiva en todos los ámbitos de la toma de decisiones".

En consecuencia, el debate sobre financiamiento público de la política partidaria no puede desvincularse de la igualdad de género, ya que cumple una función democrática esencial, que es reducir la dependencia de intereses económicos privados y crear condiciones mínimas de competencia relativamente equilibradas. Pero, además, desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de asegurar que esos recursos contribuyan efectivamente a remover las barreras que excluyen a las mujeres de la vida política.

El artículo 39, numeral 5, de la Constitución dominicana obliga al Estado a promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas y en las instancias de dirección y decisión públicas. Ese mandato constitucional se satisface cuando se crean las condiciones materiales reales para que las mujeres puedan competir, permanecer y ejercer poder en igualdad.

Así las cosas, debilitar el financiamiento público puede terminar fortaleciendo justamente aquello que más distorsiona la democracia: las redes informales de poder, el clientelismo, la dependencia económica, la captura privada de la política y la exclusión de las mujeres de los espacios políticos.