Símbolos patrios, soberanía y derechos constitucionales

Ha sido en la gestión del presidente Luis Abinader, que mayores cuestionamientos se han producido sobre el irrespeto a los símbolos patrios y la debilidad en la defensa de la soberanía de la República Dominicana.

Aunque Abinader ha manifestado que su gobierno mantiene un compromiso de honrar la memoria de los Padres de la Patria y respeto riguroso a los símbolos nacionales, los hechos acontecidos durante sus seis años de gobierno parecieran que revelan todo lo contrario.

Hace mucho tiempo que organismos internacionales presionan para que gobernantes dominicanos vulneren la soberanía del país, para ellos imponer su agenda globalista con facilidad.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son promotoras de la política de fronteras abiertas a nivel mundial que también auspicia el Foro Económico Mundial Davos.

Son injerencistas y críticos radicales de las políticas de deportación masiva de extranjeros indocumentados que, por seguridad nacional, ejecutan naciones para salvar la identidad nacional en sus regiones.

Ante acciones soberanas, amenazan con sanciones económicas y legales muy perjudiciales a los gobiernos comprometidos con ellos a través de acuerdos internacionales, por tomar iniciativas de seguridad fronteriza y aplicaciones de leyes migratorias internas.

Aprovechando que el Congreso Dominicano trabaja en la revisión de la Ley 74-25 que instituye el Código Penal, la ONU se atrevió a solicitar mediante una comunicación al Congreso se revisen algunos aspectos de ley sobre la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, el artículo 124 en su párrafo IV que legitima la disciplina física en el hogar y se consagre el respeto a la igualdad de género u orientación sexual.

Una flagrante injerencia extranjera en los asuntos internos de la República que debe ser rechazada por todos los dominicanos.

En 1994, durante la administración demócrata del presidente Bill Clinton, y con el respaldo de la ONU, desde EE.UU. se ejerció una intensa presión diplomática al gobierno de Joaquin Balaguer, para que permitiera el establecimiento de campamentos de refugiados haitianos en República Dominicana.

Balaguer rechazó con dureza esos planes tras considerar que ello ponía en grave peligro la soberanía del país.

Sin embargo, los gobiernos que le sucedieron han sido débiles ante esas presiones.

A pesar de los anuncios de reforzamiento militar de toda la región fronteriza, la permisividad durante los gobiernos del PLD, PRD y PRM para que ingresen al país miles de haitianos indocumentados, ha sido tal que hoy en día el país está saturado de ellos, sin haber sido creado un solo centro de refugiados.

Prueba de ello es que, el presidente Abinader, presionado por distintas organizaciones de la sociedad civil, organizó una cumbre con los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipolito Mejia, responsables por igual del problema, para supuestamente buscar una solución política a esa situación.

Ahora resulta que los congresistas dominicanos aprobaron por unanimidad varias leyes contenidas en el nuevo Código Penal, para proteger a los inmigrantes indocumentados de una posible persecución, actitudes racistas, deportación o apresamiento.

Esas leyes proteccionistas están contenidas en los artículos 173, 174 y 180 del Código Penal. hoy bajo modificación forzada en el Congreso Nacional.

Es al gobierno del PRM que más se le acusa de ser permisivo para que se viole la soberanía, símbolos patrios y los derechos fundamentales de los dominicanos.

Ya fue acusado de permitir que creadores de mensajes iconográficos realizaran un desplazamiento visual del Escudo o la Bandera Nacional en la publicidad oficial.

La regrabación del himno nacional hecha por el Ministerio de Cultura de manera incompleta, obvia ocho de las doce estrofas originales.

La supuesta alteración del escudo dominicano que viene impregnado en la parte superior izquierda de la nueva cedula de identificación y electoral de los dominicanos. Es algo que niega de la Junta Central Electoral.

Los críticos sobre este tema indican que el nuevo documento oficial fue diseñado por expertos de la inteligencia artificial, para que a simple vista se observe una imagen distorsionada de la Biblia situada al centro.

Otra controversia patriótica tiene que ver con la imagen de una estatua del patricio Francisco del Rosario Sánchez situada en el parque central de San Juan de la Maguana, región ubicada al Sur del país.

Dicen los sanjuaneros que la nueva estatua de Sánchez ha sido alterada de su imagen original, que los rasgos físicos y detalles de la obra fueron alterados y no representa la imagen del inmortal hombre de la patria.

Algo parecido ocurrió en el gobierno del expresidente Medina al develizar un busto del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, en la Plaza de la Bandera, en julio de 2018.

Al deslizar el manto blanco que cubría la efigie, la imagen del rostro del patricio tenía más parecido a Danilo que a la figura del fundador de la República Dominicana.

Y para acallar las críticas y señalamientos contra el gobierno de Abinader y sus funcionarios, los diputados y senadores introdujeron varios artículos en el nuevo Código Penal, los cuales atentan contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

Aún faltan dos años para que Abinader complete su periodo de gobierno. La preocupación es, ¿cuántas cosas más veremos de aquí al 2028?