La frase “se embarazó” aparece continuamente en los medios de comunicación y redes sociales. Casos de niñas que han sido víctimas de abuso sexual por familiares, padres, padrastros y otros hombres aparecen como si ellas fuesen responsables del embarazo producto de estas acciones y sus agresores no tienen ninguna responsabilidad.
El embarazo de una niña y/o adolescente no es su responsabilidad. “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho comprende el respeto a la dignidad, la inviolabilidad de la integridad física, síquica, moral y sexual, incluyendo la preservación de su imagen, identidad, autonomía de valores, ideas, creencias, espacio y objetos personales”. (Ley 136-03 art.12)
Varios actores son responsables del embarazo de una niña-adolescente siendo el principal el hombre o joven que la violó- abusó sexualmente de ella, a la que se agregan familias, contexto social y el Estado.
El ocultamiento y legitimación de los abusos y violaciones sexuales presente en los discursos que culpabilizan a las niñas, adolescentes y mujeres acompañado de la invisibilidad de estos actos contradicen lo establecido en el código del menor en el cual (artículo 396 inciso c) se establece el abuso sexual como “la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto o persona cinco años mayor, para su propia gratificación sexual, sin consideración del desarrollo sicosexual del niño, niña o adolescente y que puede ocurrir aún sin contacto físico”.
Otro aspecto es el despojo de la responsabilidad paterna en el abordaje de los embarazos de la niñez y adolescencia victimas de abuso sexual, actitud que refuerza la cultura patriarcal.
La problemática del embarazo de niñas y adolescentes en nuestra sociedad supone una lectura diferente a la que se realiza continuamente en los medios. El mensaje no debe ser desde “la niña que se embarazó”, sino la alarma por “los hombres que violan y embarazan niñas y adolescentes”.
El Estado Dominicano tiene la responsabilidad de protección de la niñez y la adolescencia como se contempla en la Ley 136-03.
Se deben analizar a profundidad las causas de las violaciones y abusos sexuales continuos y frecuentes de las que son víctimas niñas, adolescentes y mujeres en nuestra sociedad, identificar y erradicar la complicidad e impunidad de un tejido social que lo sostiene y el sistema de justicia que debe investigar y sancionar en todas sus consecuencias.
Las familias y comunidades deben ser educadas, orientadas y acompañadas en un proceso intenso y extenso de cambio cultural. Las familias no pueden ser juzgadas como únicas responsables de este proceso porque son parte de una sociedad que mantiene una cultura patriarcal de permisividad e impunidad frente a las violaciones de los derechos de la niñez desde distintos estamentos sociales y de poder.
El Estado Dominicano tiene la responsabilidad de protección de la niñez y la adolescencia como se contempla en la Ley 136-03. Esta ley establece sanciones hacia el uso de la violencia y el abuso en sus distintas manifestaciones hacia niños, niñas y adolescentes.
La población infantil y adolescente no cuenta con herramientas para prevenir estos abusos y reconocerse como víctima por los vacíos existentes con respecto a una educación sexual integral efectiva que les empodere de sus derechos y favorezca la denuncia de los mismos aun cuando sus agresores sean parte de su familia.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY
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