Conforme he abordado en las entregas anteriores, son muchos los desafíos y retos que enfrenta la actual procuradora general de la República. Luego de abordar, los desafíos más importantes, de eliminar el lastre de opacidad investigativa, de no disponer la carpeta fiscal para los imputados, y de asumir un liderazgo unificador y motivador, abordaré los retos y desafíos que enfrenta en la parte administrativa de la gestión.

Ciertamente, la gestión administrativa de la nueva procuradora de la República Dominicana enfrenta varios retos significativos, especialmente en un contexto de falta de recursos y uso ineficiente de los existentes. Contexto este que es bien conocido y que por mantenerse en el tiempo es caldo de cultivo para la acumulación de estos retos y desafíos. Aquí indico algunos.

Primero. Limitaciones presupuestarias. La falta de recursos financieros puede obstaculizar la implementación de programas y proyectos necesarios para el funcionamiento eficaz de la procuraduría. Precisamente, ello es parte esencial para hacer frente a los retos anteriormente abordados. Así, la nueva procuradora deberá estructurar planes eficientes que le faciliten el camino de encarar la gestión de la misión encomendada.

Segundo. Prioridades de recursos. Con recursos limitados, la procuradora deberá identificar y priorizar áreas críticas que requieren atención inmediata, lo que puede generar tensiones entre diferentes departamentos. Saber manejar y enfrentar estas tenciones es clave para lograr avanzar hacia el deber ser institucional de la Procuraduría General de la República.

Tercero. Optimización del personal. En adición a las estrategias efectivas, ya abordadas, para lograr superar la desidia y falta de motivación de muchos fiscales y procuradores del país, la procuradora debe lidiar con la gestión administrativa del personal. Indudablemente, la ineficiencia en el uso del personal puede resultar en una carga de trabajo desigual y en una baja moral. En ese orden, debe buscarse un equilibrio que maximice el talento disponible.

Cuarto. Falta de capacitación. Con recursos limitados, puede haber un escaso acceso a la formación y desarrollo profesional, lo que dificulta mejorar las habilidades del equipo. Ahí la importancia de hacerse de estrategias adecuadas que permitan aún en el contexto indicado hacer frente efectivo a los demás desafíos y, en este caso particular, optimizar el personal conforme a las capacidades con las que cuenten, determinando las necesidades básicas de capacitación en los tiempos y momentos adecuados.

Quinto. Tecnología. La falta de inversión en tecnología puede llevar a procesos administrativos ineficientes, dificultando la recopilación y análisis de datos importantes para la toma de decisiones. Así, parte de la efectividad puede ser conseguida haciendo el esfuerzo y sacrificio momentáneo para la modernización tecnológica, lo que a largo plazo redundará en la potenciación de tiempo y recursos.

Sexto. Corrupción y falta de transparencia. La escasez de recursos puede aumentar la vulnerabilidad a prácticas corruptas. La procuradora deberá establecer mecanismos de control y transparencia.

Séptimo. Gestión del cambio cultural. Implementar cambios en la administración puede ser difícil, especialmente si hay resistencia por parte del personal acostumbrado a formas tradicionales de trabajo. De ahí que es de suma importancia el ejercicio de un liderazgo motivador y unificador.

Octavo. Comunicación interna. La falta de recursos podría limitar las capacidades de comunicación interna efectiva, lo que puede resultar en malentendidos y desmotivación del personal. Incentivar la cultura institucional de visión colectiva, podría auxiliar a la nueva procuradora a enfrentar el reto comunicacional.

Noveno. Expectativas de la ciudadanía. La presión por satisfacer las expectativas de la ciudadanía en cuanto a la justicia puede aumentar en un contexto de recursos limitados, llevando a tensiones en la gestión. Contar con un norte concreto, siempre respetando y haciendo respetar los derechos ciudadanos, es un buen medio para encarar la gestión. Siempre considerando que cumplir con las expectativas ciudadanas nunca debe ser sinónimo de elogios y que estos son el propósito de las misiones institucionales.

Décimo. Fomento de la colaboración. Promover la colaboración interinstitucional puede ser un desafío si los recursos no están alineados, dificultando los esfuerzos conjuntos para abordar problemas comunes. Abrir puentes de colaboración es la labor administrativa que asegura, al margen de recursos presupuestarios, el cumplimiento de objetivos institucionales generales.

Para navegar con estos retos, la procuradora necesita desarrollar una estrategia clara que priorice la eficiencia, fomente la innovación, optimice el uso de recursos y promueva una cultura de responsabilidad y transparencia. Así, una posición positiva es que, como queda evidenciado, al estar estos retos y desafíos entrelazados, da la oportunidad de utilizar una estrategia común que los aborde de forma integral y pertinente dentro de las circunstancias con las que se cuentan.

Carlos Salcedo Camacho

Abogado

Abogado, litigante, asesor jurídico, estratégico e institucional de diversas personas, empresas e instituciones. Dirige desde 1987 su firma de abogado, Salcedo y Astacio, con oficinas en Moca y Santo Domingo. Tiene varios diplomados, postgrados y maestrías, en diversas ramas del derecho, como la constitucional, corporativa, penal y laboral. Autor y coautor de varias obras de derecho y en el área institucional. Columnista y colaborador de las revistas Estudios Jurídicos, Ciencias Jurídicas y Gaceta Judicial y periódicos nacionales y de obras internacionales como el Anuario de Derecho Constitucional, de la Fundación alemana Konrad Adenauer. Desde el año 2010 es articulista fijo del periódico El Día. Ha sido redactor y coredactor de diversas, leyes y reglamentos. Ha sido profesor en la PUCMM y en diversas universidades, tanto en grado como en maestrías. Conferencista en el país y en el extranjero, en diferentes ramas de las ciencias jurídicas y sociales. Fue Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) (2001-2003). Director Estratégico del Senado de la República y Jefe del Gabinete del Presidente del Senado de la República (2004-2006). Fue asesor ejecutivo y el jefe del Gabinete del Ministerio de Cultura (2012-2016).

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