Responsabilidad social y psicosis. ¿Quién protege a la sociedad cuando el culpable no es culpable?

Recientemente escuché unas declaraciones de un psicólogo analizando el caso de un asesinato de tres niños estrangulados por su madre, quien padecía psicosis postparto. El psicólogo consideró que realmente la culpa no era de la madre sino del sistema. Vamos a presentar los detalles del hecho para poder analizarlos.

Es el caso de Lindsay Clancy, una enfermera de Massachusetts que en enero de 2023 estranguló a sus tres hijos mientras sufría una psicosis postparto. En septiembre de 2026, el jurado no logró un veredicto unánime, por lo que el juez William Sullivan declaró el proceso nulo. Clancy no fue absuelta, pero tampoco condenada. De manera que sigue enfrentando cargos de asesinato y permanece internada en un hospital psiquiátrico estatal bajo custodia.

Al matar a los niños, también intentó matarse cortándose y lanzándose por la ventana por lo que está permanentemente parapléjica y necesita utilizar una silla de ruedas para desplazarse.

Muchos consideran que es un crimen horrendo y que simplemente le corresponde cadena perpetua, y en algunos países incluso la ejecución. Otros consideran que era una mujer enferma que no sabía lo que hacía por lo que no es realmente culpable.

El psicólogo mencionado decía que la culpa era del sistema, porque ella sabía que estaba mal y estaba buscando ayuda, ya que tuvo muchas consultas de psiquiatría e incluso utilizó muchos psicofármacos. Según decía: ella hizo lo que pudo, buscó ayuda, pero la ayuda le falló.

Por otro lado, se estuvo evaluando a la psiquiatra que la estuvo tratando. La defensa estuvo señalando que era una psiquiatra correctamente certificada pero muy joven, con poca experiencia. En un intento de cargar responsabilidad sobre los hombros de su terapeuta. Según esto, el crimen podría haberse evitado de haber sido tratada por un médico más capacitado, por lo que, ante un manejo insuficiente, se hablaría de inimputabilidad.

Las opciones que se plantean en su caso son: cadena perpetua por crímenes en primer grado o reclusión en un hospital psiquiátrico hasta que sus médicos consideren que está curada.

Finalmente, hay otro aspecto que justifica reclusión (ya sea en la cárcel o en un hospital psiquiátrico) y es la protección de la sociedad. Alguien con riesgo de agredir, debe estar recluido para proteger a la población.

Las medidas de coerción transmiten también un fuerte mensaje disuasorio que intentaría ser una contención al crimen. Un ejemplo de las posibles consecuencias al matar a alguien; esto favorecería que las personas no se maten unos a otros.

El conflicto surge, cuando alguien que cometió un crimen horrendo es etiquetado como enfermo mental, permanece en tratamiento uno o dos años en un hospital psiquiátrico, y luego los médicos lo declaran en remisión y le dan de alta para reanudar su vida anterior.

Ante ese descargo por trastornos mentales, la sociedad se pregunta: ¿es justo? ¿es seguro? ¿dónde está la frontera que establece si el asesino estaba consciente o no? Quien padeció esa psicosis y según su médico se curó: ¿representa menos peligro que una persona simplemente violenta?

Existió un caso real, con características muy similares al que estamos comentando, corresponde a Constance Fisher también en EE. UU., quien en 1954 ahogó en la bañera a sus tres hijos, fue declarada inimputable por padecer psicosis postparto. Estuvo durante años en un hospital psiquiátrico y luego dada de alta. Tuvo otros tres hijos los cuales los mató de la misma forma en 1966.

Obviamente en el actual caso de Clancy, ha salido a relucir el de Fisher, aunque algunos alegan que Clancy está discapacitada, por lo que supuestamente reduciría su peligrosidad. Debemos señalar que el caso Fisher es un caso excepcional y muy extremo, pero posible.

Ante esta situación surge el interrogante: ¿Desaparece el riesgo para la sociedad simplemente porque la psicosis que produjo el delito se ha controlado?

La inimputabilidad puede excluir la responsabilidad penal por el acto cometido, pero no debería confundirse con ausencia de peligrosidad ni con ausencia de necesidad de protección de la sociedad.

Ni la medicina ni la psicología son ciencias exactas, por lo que el hecho de que los especialistas declaren al paciente controlado no da suficientes garantías de seguridad para la población. Al psiquiatra que diga lo contrario se le podría preguntar si se atrevería a hacerse responsable de los actos futuros de su paciente.

A nuestro modo de ver, la persona considerada “normal” que comete un horrendo crimen está mentalmente trastornada y también se beneficia de apoyo psicológico. Siendo justo que reciba un castigo proporcional que la eduque.

La sociedad busca la disuasión general, pero en el brote psicótico la disuasión convencional pierde efectividad, por lo que se enfocará principalmente en la protección de la población.

“Perdí la razón” no puede convertirse en una especie de cheque en blanco que asegure inimputabilidad o impunidad, en caso de agredir a la sociedad. Sea usted el jurado.

Referencias:

Esbec, E., y Echeburúa, E. (2014). La evaluación de la peligrosidad en la valoración del riesgo de reincidencia criminal: Valoración forense. Anuario de Psicología Jurídica, 24(1), 65–77. https://doi.org/10.1016/j.apj.2014.07.001

Smart, J. J. C. (1973). An outline of a system of utilitarian ethics. En J. J. C. Smart & B. Williams (Eds.), Utilitarianism: For and against (pp. 3–74). Cambridge University Press.

Spinelli, M. G. (2009). Postpartum psychosis: Detection of risk and management. American Journal of Psychiatry, 166(4), 405–408. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2008.08121899