República Dominicana frente al shock global

Un shock en economía está vinculado a eventos repentinos que cambian la economía de alguna manera y en diferente medida. Es global cuando los eventos que ocurren causan una incertidumbre sobre los valores fundamentales en el sistema macroeconómico mundial. Muchos de estos hechos pueden fundamentarse en diferentes fuentes. En la historia hemos tenido varios shocks, destacándose los de petróleo, monetario, de salud, geopolítico, tecnológico y de cadena de suministro, entre otros.

Ejemplos de ellos fueron la crisis del petróleo en los años setenta; el aumento en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, como ocurrió con Volcker, pasado presidente de la Reserva, donde en la década de los setenta la tasa de interés subió cercano al 20 %, tratando de sofocar una inflación superior al 13 %; el covid-19, cuyos impactos humanos y económicos fueron totalmente disruptivos; las guerras actuales que involucran a Rusia y Ucrania, así como la del Medio Oriente. Otros son los de inteligencia artificial, el bloqueo del canal de Suez en 2021 y todas las crisis relevantes, incluida la crisis subprime.

La economía global actual se caracteriza por la profundización de los riesgos de inestabilidad macroeconómica: altos precios del petróleo, inflación persistente, elevada incertidumbre y, entre otros factores, elevado endeudamiento externo. En este contexto, la República Dominicana enfrenta grandes incertidumbres para mantener la salud macroeconómica del país, sin que a su vez se afecte a la población y las empresas más vulnerables.

A diferencia de los países exportadores de petróleo, la economía dominicana depende de importaciones clave en materia de bienes de consumo, energía y demás materias primas, lo que nos coloca en una situación de riesgo sobre la meta de inflación.

En el entorno global actual se han activado fuerzas agresoras con impactos negativos en los mercados de materias primas, de consumo y financieros. Si se analiza desde el punto de vista forense, las grandes víctimas han sido humanas en todas las miradas: pérdida de vidas, desplazamiento, colapsos en los sistemas sanitarios, crecimiento de los precios, contaminación ambiental y, entre otros, grandes destrucciones de infraestructuras y pérdida de capitalización en los mercados financieros. En este último caso, la pérdida de capitalización ronda el 4,55 % en el S&P 500 en las primeras tres semanas del mes de marzo, con una caída del 6 % en los mercados europeos, y en solo un día las pérdidas en la capitalización en Corea del Sur fueron del 12 %, por solo citar unos casos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala, como parte de este contexto, que "el aumento de los precios de la energía y las interrupciones en las cadenas de suministro se producen en un momento en que la inflación se mantiene por encima del objetivo en algunas de las principales economías, como Brasil, México, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos. Las expectativas de inflación a mediano plazo también han aumentado tras el repunte de los precios de la energía".

Este organismo prevé una desaceleración de la economía mundial hasta el 2,9 %, combinada con una mayor inflación y costos de suministros que podrían impactar negativamente en la demanda, y estima que la inflación proyectada de los países del G20 será 1,2 puntos porcentuales más elevada de lo que previamente se esperaba para el año 2026.

En este sentido, las políticas públicas deben ser cautelosas, independientemente de las nuevas noticias que puedan surgir, ya que los daños de las guerras son irreversibles. Es necesario empezar un proceso de reconstrucción en los países afectados y de nuevas inversiones para reparar las destrucciones ocurridas.

Todo gobierno ha encontrado este escenario político violento cuando ya había formulado su presupuesto del año 2026, y los efectos implican revisar al menos varias partidas presupuestarias, a fin de poder dar apoyo a los sectores afectados. En este sentido, han sido golpeados los hogares de menores ingresos, de clase media y, entre otros, los trabajadores informales. Esto ha ocurrido por vía de los alimentos, el transporte y los precios de las mercancías.

En el contexto actual es recomendable amortiguar el impacto a la población fortaleciendo la focalización de los subsidios hacia combustibles y transportes, así como los mecanismos de transferencias condicionadas, y dar apoyo a las pymes, prestando especial atención a las productoras de energía. Entendemos que la actualización del diagnóstico sobre la eficiencia y calidad de las empresas y entidades del sector energético, para mejorarlas significativamente, es un tema de mucha relevancia.

Es conveniente que, con prudencia, se utilicen combinaciones de políticas convencionales y no convencionales. En el plano monetario, además de los cambios que sean necesarios sobre la tasa de interés y el encaje legal, las operaciones de mercado abierto e intervenciones en el mercado cambiario ayudan a los propósitos de estabilidad del Banco Central.

El fortalecimiento del crédito a la agricultura, las mipymes y el apoyo al transporte y a la inversión pública contribuyen a mitigar los efectos en la economía dominicana. Este contexto es propicio para que se revise y mejore la calidad del gasto y se inicie un proceso de diálogo respecto a las reformas estructurales que son necesarias para que la economía dominicana disponga de un sistema económico más inclusivo, sostenible y con justicia social.

La indexación, aunque sea parcial, del salario exento ayudaría en los ingresos de los segmentos cuyos sueldos y salarios están por encima de RD$36.865, además de empezar un proceso más intenso para el cambio de la matriz energética del país.

Es conveniente prestar especial atención a los sectores y actividades pilares del crecimiento de la economía en los últimos años, destacando el turismo, la manufactura local y de zona franca, y la agricultura, entre otros.

La necesidad de continuar fortaleciendo los marcos legales y la institucionalidad ayuda con la imagen del país en el exterior para promover relaciones económicas, incluyendo la atracción de inversiones, pero también para combatir la corrupción, el soborno, el fraude fiscal, la evasión de impuestos e incentivar la entrada de capitales colocados en paraísos fiscales por los dominicanos que tienen recursos en estas locaciones.