República Dominicana: de la presencia internacional a la capacidad nacional

República Dominicana: de la presencia internacional a la capacidad nacional

Por José Manuel Jerez

Una decisión comercial adoptada en Washington puede alterar las expectativas de una empresa dominicana; la violencia en Haití repercute sobre nuestra frontera; una interrupción del transporte marítimo encarece bienes indispensables. La política exterior incide en problemas que terminan sintiéndose en el empleo, los precios y la seguridad de las familias. La cuestión decisiva para la República Dominicana es cuánto puede hacer para anticipar esos impactos, negociar sus consecuencias y conservar opciones cuando otros actores modifican las condiciones de su desarrollo.

Convertir la presencia internacional en capacidad nacional debe ser el propósito de esa política. Poder, desarrollo y dignidad ofrecen una orientación valiosa, siempre que expliquemos su relación. El poder proporciona instrumentos para negociar y proteger; el desarrollo amplía las capacidades productivas y sociales que permiten sostener decisiones; la dignidad exige que la acción exterior respete la soberanía democrática y los derechos de las personas. Esos componentes pueden reforzarse, pero también entrar en conflicto. Una estrategia comienza a ser seria cuando reconoce los costos de conciliarlos.

Para nuestro país, el poder internacional consiste en conseguir mejores condiciones de las que obtendría con una actuación desarticulada: remover una barrera comercial, asegurar cooperación útil, reunir apoyos para una posición o reducir el costo de una crisis. Es una capacidad relativa, vinculada a asuntos concretos. La denominación de «Estado de tamaño medio» puede resultar equívoca si sugiere una influencia global que no poseemos. La República Dominicana tiene relevancia en su entorno caribeño y capacidades limitadas frente a las grandes potencias. Su ambición debe guardar proporción con esa realidad.

La ubicación geográfica, la actividad económica y la diáspora constituyen recursos potenciales. Su rendimiento depende de lo que el país construya sobre ellos. La proximidad a grandes mercados favorece la producción y la logística cuando existen energía confiable, trabajadores preparados, aduanas eficientes y seguridad jurídica. Sin esas condiciones, una oportunidad de inversión puede desplazarse hacia un competidor. La calidad diplomática ayuda a convertir ventajas en resultados, pero difícilmente compensa de manera duradera las deficiencias de la organización interna.

Tampoco sería riguroso describir toda nuestra trayectoria internacional como una sucesión de ceremonias. La participación dominicana como miembro elegido del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2019 y 2020 demuestra que el país ha tenido acceso a espacios relevantes de deliberación. Ese antecedente acredita presencia institucional; por sí solo no prueba cuánto modificó las decisiones adoptadas. Precisamente ahí debe situarse la exigencia crítica: identificar qué capacidades se acumularon, qué objetivos se alcanzaron y cómo conservar la experiencia después de concluir una representación.

La relación con Estados Unidos permite apreciar tanto las oportunidades como los límites. Según el MIREX, ese mercado recibió el 48,6 % de las exportaciones dominicanas en 2025. El Banco Central informa, por su parte, que durante el primer semestre de 2026 el 82,2 % de los flujos formales de remesas procedió de Estados Unidos. Son indicadores distintos, pero ambos revelan la profundidad de esa vinculación. Explican por qué las condiciones económicas y regulatorias estadounidenses importan tanto para el país, aunque no permiten deducir que Washington determine automáticamente cada decisión dominicana.

Un internacionalista realista formularía aquí una objeción difícil de eludir: para una economía caribeña tan vinculada a Estados Unidos, la prioridad racional puede ser una relación especialmente confiable con esa potencia. La búsqueda de mayor autonomía podría encarecer inversiones, generar incertidumbre o suscitar conflictos cuyo costo recaería sobre trabajadores y consumidores. Además, ningún nuevo socio está en condiciones de sustituir de inmediato los mercados, las redes humanas y los vínculos productivos construidos durante décadas. La prudencia estratégica obliga a tomar en serio este argumento.

La objeción limita la tesis y mejora su alcance. La relación estadounidense debe ocupar un lugar prioritario, junto con el aprovechamiento del DR-CAFTA, vigente para la República Dominicana desde 2007. Pero confiar toda capacidad de respuesta a la continuidad de decisiones ajenas deja al país expuesto. La autonomía relevante consiste en disponer de alternativas viables dentro de una cooperación estrecha: nuevos compradores, fuentes alternativas de suministro y coaliciones para negociar, respaldados por conocimiento especializado. Su valor se mide por las opciones que pueden utilizarse y por su costo, no por la distancia retórica respecto de un socio.

La diversificación requiere, por ello, una selección cuidadosa. El acuerdo de asociación económica entre el CARIFORUM y la Unión Europea ofrece un marco ya existente para ampliar oportunidades. Aprovecharlo exige empresas capaces de cumplir estándares y sostener entregas, además de promoción diplomática. Los vínculos económicos con China y otros actores deben examinarse según las condiciones de cada operación. Un contrato sobre infraestructura crítica plantea riesgos distintos de una compraventa ordinaria: importan el control de la operación, los datos, la continuidad del servicio y el costo de cambiar de proveedor. La nacionalidad del socio puede ser relevante; el análisis debe abarcar, además, el contrato y sus efectos.

Conviene, asimismo, desconfiar de la idea de que una multipolaridad en formación garantiza libertad para los países de menores capacidades. La distribución del poder varía entre seguridad, finanzas, comercio y tecnología; no existe un único mapa que explique todas las relaciones. Si la competencia entre potencias se endurece, determinadas inversiones podrían exigir exclusividades o generar incompatibilidades con otros vínculos. Si aumentan los espacios de cooperación, podrían ampliarse las oportunidades. Son escenarios ante los cuales conviene preparar decisiones. Presentarlos como un destino favorable asegurado confundiría expectativa con estrategia.

Un economista añadiría otra objeción: especializarse y comerciar supone aceptar interdependencias, y reducirlas indiscriminadamente puede disminuir el bienestar. Tiene razón. Optar por una alternativa más costosa exige justificar qué riesgo reduce y quién pagará esa protección. El problema aparece cuando una relación concentra un servicio o suministro esencial, carece de sustitutos oportunos y permite que una interrupción imponga daños difíciles de absorber. Varios proveedores podrían depender de un mismo insumo o una misma ruta. La vulnerabilidad exige examinar esas conexiones. Una dependencia administrable puede ser preferible a una diversificación cara e ineficaz.

Ese criterio modifica la evaluación de la diplomacia económica. Una inversión debe examinarse por el empleo y el aprendizaje que genera, sus vínculos con proveedores nacionales y sus efectos fiscales y ambientales. También deben valorarse las obligaciones que traslada al Estado. Negociar garantías razonables puede atraer capital; aceptar compromisos desproporcionados puede reducir la capacidad futura de regular o financiar servicios. El juicio estratégico exige comparar beneficios, riesgos y alternativas durante la vida del proyecto. El monto anunciado de una inversión no contiene, por sí mismo, esa respuesta.

La capacidad negociadora se forma antes de sentarse a la mesa. Requiere conocer el sector, calcular los compromisos y coordinar a quienes promoverán, autorizarán y supervisarán la operación. Una embajada puede facilitar contactos y remover obstáculos, mientras las autoridades nacionales deben asegurar las condiciones para ejecutar lo convenido. Si esa coordinación falla, resulta engañoso atribuir a la diplomacia todo aumento de inversión o responsabilizarla de cualquier estancamiento. Su contribución debe identificarse dentro de una política de desarrollo que involucra a más instituciones y actores.

El tercer componente de la tesis, la dignidad nacional, necesita una precisión jurídica. La soberanía reconoce al Estado una posición de independencia e igualdad jurídica; la autonomía describe el margen efectivo de decisión que consigue ejercer. Son dimensiones relacionadas, aunque diferentes. La primera no desaparece por participar en acuerdos, ni la segunda aumenta necesariamente al rechazarlos. Asumir compromisos recíprocos puede restringir algunas opciones y, al mismo tiempo, proteger al país frente a decisiones arbitrarias de actores más poderosos.

La Constitución dominicana sitúa esa discusión dentro de límites definidos. Su artículo 3 consagra la inviolabilidad de la soberanía y el principio de no intervención; el artículo 26 vincula las relaciones internacionales con los valores e intereses nacionales, los derechos humanos y el derecho internacional. La dignidad nacional, entendida como criterio político, debe ser compatible con la dignidad humana que funda nuestro orden constitucional. Un beneficio económico no justifica el incumplimiento de las obligaciones de proteger los derechos. La política exterior debe evaluar sus opciones dentro de esos límites.

El derecho no neutraliza por sí solo la desigualdad de poder. Un socio dominante puede incumplir compromisos, y la defensa jurídica exige tiempo, recursos y mecanismos eficaces. Sin embargo, las reglas ofrecen fundamentos para reclamar, reunir apoyos y elevar el costo político de la arbitrariedad. Su utilidad para un Estado de capacidades limitadas depende también de la consistencia con que las invoque. La credibilidad se debilita cuando un principio se exige al adversario y se vuelve prescindible frente al aliado.

La relación con Haití somete estas ideas a su prueba más cercana. La inseguridad y el deterioro institucional del país vecino plantean riesgos que una política dominicana responsable debe atender. La seguridad fronteriza, la prevención del tráfico ilícito y la gestión migratoria requieren recursos y coordinación. Al mismo tiempo, la vida económica fronteriza y los vínculos humanos hacen necesario mantener canales de comunicación y mecanismos para atender problemas compartidos. Reducir toda esa relación a una sola dimensión empobrece el diagnóstico y deja riesgos sin respuesta.

Nuestra capacidad para contribuir a la estabilidad regional depende de distinguir responsabilidades. La República Dominicana debe proteger su territorio y puede exigir una participación internacional efectiva, compatible con la soberanía haitiana. La recuperación de las instituciones de Haití corresponde primordialmente a la sociedad haitiana y a sus autoridades, con apoyo externo. Plantear compromisos verificables de cooperación y asistencia permite defender esa distribución de responsabilidades sin asumir que nuestro país puede resolver por sí solo la crisis vecina.

La gestión de esa relación contiene, además, decisiones distributivas. Ante una amenaza concreta, una restricción fronteriza puede resultar necesaria; su alcance, duración y revisión requieren evaluar también los efectos sobre productores, comerciantes y comunidades. La aplicación de la política migratoria debe respetar las garantías de las personas. Sostener ambas exigencias fortalece la legitimidad de las medidas y permite explicar con mayor precisión qué problema buscan resolver. La firmeza gana consistencia cuando puede justificar sus instrumentos y sus límites.

La misma atención a las personas debe orientar nuestra relación con la diáspora. Sus integrantes son titulares de derechos y proyectos propios, además de una fuente de vínculos económicos y culturales. Una política de protección consular debe facilitar documentación, asistencia ante situaciones de vulnerabilidad y orientación accesible. La cooperación con profesionales, investigadores y empresarios dominicanos en el exterior puede ampliar capacidades nacionales, siempre sobre la base de una participación voluntaria. Su diversidad política y social exige evitar que la representación del Estado se confunda con la adhesión al gobierno de turno.

El entorno caribeño ofrece también posibilidades de iniciativa. La cooperación sobre desastres, seguridad marítima y adaptación climática responde a problemas que varios países comparten y que difícilmente resuelven solos. La República Dominicana podría concentrar esfuerzos en propuestas concretas, respaldadas por información y socios dispuestos a sostenerlas. Una coalición aumenta la capacidad negociadora cuando coordina demandas, aporta soluciones y da seguimiento a los compromisos. Multiplicar declaraciones sin esa preparación consume recursos y puede diluir la credibilidad que se pretende construir.

La objeción del diplomático de carrera merece igual atención: buena parte de lo propuesto ya figura en el ordenamiento y en la planificación institucional. La Ley Orgánica 630-16 atribuye al MIREX la aplicación y coordinación de la política exterior, contempla la formulación de un plan estratégico y regula la carrera diplomática. Su Plan Estratégico Institucional 2025-2028 incorpora objetivos relativos a la protección de nacionales, el comercio, los derechos humanos y la modernización. Reconocer ese punto de partida evita presentar como descubrimiento lo que ya constituye un deber público. La exigencia de transformación debe centrarse en la calidad de su cumplimiento, sustentada en evidencia de desempeño.

La Cancillería necesita capacidad efectiva para analizar escenarios, preparar negociaciones y articular a las instituciones que actúan internacionalmente. Esa función debe ejercerse bajo la dirección presidencial y con los controles constitucionales correspondientes. No bastaría una nueva unidad con nombre ambicioso si las decisiones continuaran desconectadas de ese análisis. El conocimiento adquiere utilidad cuando llega a tiempo, incorpora las objeciones más difíciles y permite escoger entre alternativas cuyo costo ha sido examinado.

La profesionalización debe sostener ese trabajo mediante ingreso y promoción por mérito, formación continua y evaluación pertinente. Requiere archivos utilizables, entrega ordenada de expedientes y continuidad de los equipos que conservan experiencia en asuntos complejos. Los nombramientos políticos previstos por el ordenamiento deben cumplir exigencias de idoneidad y rendir cuentas. La estabilidad profesional protege la memoria del Estado; la legitimidad de la carrera depende, a su vez, de servir con competencia a las autoridades democráticamente constituidas y de estar sujeta a responsabilidad.

Una estrategia también debe decidir dónde concentrar recursos escasos. La protección consular donde existe mayor demanda, la relación con los socios económicos decisivos y la atención al entorno haitiano y caribeño justifican una prioridad sostenida. Otras iniciativas necesitan acreditar su contribución y el costo de oportunidad de financiarlas. Abrir o mantener una representación puede ser razonable por motivos económicos, políticos o de protección; su justificación debe explicar qué función cumple y si existen medios menos costosos para desempeñarla adecuadamente.

La expresión «interés nacional» tampoco resuelve por sí sola esas decisiones. Un acuerdo puede beneficiar a exportadores y perjudicar a productores expuestos a nueva competencia; un proyecto puede crear empleo y trasladar costos ambientales a una comunidad. Determinar el interés público exige hacer visibles esos efectos y justificar cómo se distribuyen. La consulta a sectores productivos debe acompañarse de la participación de trabajadores, la academia, comunidades afectadas y organizaciones sociales. Ningún actor privado representa por sí solo el conjunto de la nación.

Existen principios cuya continuidad deriva de la Constitución, como la soberanía y la protección de los derechos. En cambio, las prioridades comerciales, la intensidad de determinados vínculos o los instrumentos de cooperación admiten diferencias legítimas entre gobiernos. Una política de Estado debe conservar información, capacidades y compromisos jurídicos, mientras permite revisar decisiones por los procedimientos aplicables. Exigir unanimidad sobre toda la agenda exterior podría convertir la continuidad en un mecanismo para impedir la alternancia y sustraer opciones al debate democrático.

El control público tiene que corresponder a esa distinción. La Constitución atribuye al presidente la dirección de las negociaciones diplomáticas y al Congreso funciones de aprobación de tratados y fiscalización. La reserva necesaria para negociar asuntos concretos debe coexistir con la explicación de los objetivos y la rendición de cuentas. Un consenso entre dirigentes, por amplio que sea, no sustituye esos controles ni transforma automáticamente un interés sectorial en una obligación de Estado.

Medir resultados exige prudencia semejante. Las visitas, reuniones y acuerdos firmados registran actividad; el desempeño requiere examinar obstáculos efectivamente removidos, servicios consulares oportunos y compromisos ejecutados. La inversión efectivamente realizada importa más que el anuncio, aunque también debe establecerse cuál fue la contribución diplomática. La prevención de una crisis puede carecer de visibilidad y merece evaluación cualitativa. Una medición seria combina esos elementos y evita premiar únicamente lo que es fácil contar.

La tesis debe aceptar, por último, su propia posibilidad de fracaso. Una agenda de diversificación que encarezca operaciones sin reducir vulnerabilidades tendría que corregirse, al igual que una ampliación del servicio exterior cuyos resultados no justifiquen el gasto. La profesionalización y las coaliciones pueden mejorar nuestra capacidad de actuar, pero su rendimiento depende de ejecución, recursos y condiciones externas. Reconocer esa dependencia permite someter la propuesta a prueba y evita convertirla en una promesa inmune a los hechos.

La República Dominicana puede aspirar a una política exterior más influyente si convierte esa ambición en decisiones sostenibles. La prueba será concreta: cuánto mejora sus condiciones de negociación, cómo contribuye al bienestar y qué capacidad conserva para proteger derechos y decidir conforme a su Constitución frente a presiones externas. Poder, desarrollo y dignidad adquieren contenido en esa exigencia. Convertir la presencia internacional en capacidad nacional significa demostrar que la actuación del Estado amplió las opciones de la sociedad dominicana y que los beneficios obtenidos justifican los compromisos asumidos.