Renuncia, juicio político y senaduría vitalicia en Paraguay

El 2 de noviembre de 2026 el Banco Central intervino el Ueno Bank, con el que el presidente Santiago Peña mantenía vínculos empresariales. El jueves 5, Peña presentó su renuncia mientras la Cámara de Diputados aprobaba por unanimidad la acusación de juicio político.

La sesión del Congreso sobre la renuncia se cayó por falta de quórum y Peña siguió en el cargo. El viernes 6, el Senado rechazó su pedido de 72 horas para preparar la defensa y, con 44 votos a favor y ninguno en contra, lo declaró culpable de mal desempeño y lo destituyó. El Congreso no rechazó la renuncia con una votación: no llegó a resolverla.

El art. 225 permite el juicio político al Presidente solo por mal desempeño, delitos en el ejercicio del cargo o delitos comunes. El «mal desempeño» no está definido en la Constitución, esta establece que los diputados acusan por dos tercios (54 de 80) y el Senado declara la culpabilidad por mayoría absoluta de dos tercios (30 de 45). La Constitución no fija plazos ni etapas: el Senado los determina en cada caso. La condena solo separa del cargo, y si hay delitos los antecedentes pasan a la justicia ordinaria.

El art. 189 hace senadores vitalicios a los expresidentes electos democráticamente, salvo que hayan sido hallados culpables en juicio político. El art. 202 faculta al Congreso a aceptar o rechazar la renuncia. No se resolvió por tres razones:

• No es un acto unilateral: hasta que se acepta, el presidente sigue en el cargo.
• Aceptarla lo habría convertido en expresidente sin condena y con la senaduría vitalicia; si esta lo cubre con fueros es una cuestión discutida, y su suspensión exigiría dos tercios del Senado (art. 191).
• Habría vaciado el procedimiento del art. 225, ya en marcha.

La falta de quórum es una técnica conocida: se usó en 2008 con Duarte Frutos y en 2018 con Cartes.

Leído al pie de la letra, el art. 189 excluye solo a quien fue hallado culpable, y esa es la brecha que incentiva renunciar a mitad del juicio. Mi tesis es que la senaduría no se adquiere por presentar la renuncia, sino cuando el Congreso la acepta, y que con un juicio en curso puede no resolverla sin violar la Constitución. Las objeciones serias son que la falta de quórum no es una decisión motivada y que la exclusión del art. 189 debe interpretarse de forma restrictiva.

La Constitución declara inviolable la defensa en juicio (art. 16) y reconoce los derechos procesales en cualquier proceso del que pueda derivarse sanción (art. 17). La Convención Americana exige tiempo y medios adecuados para la defensa (art. 8). La Corte IDH aplicó esas garantías a destituciones decididas por órganos legislativos en Tribunal Constitucional vs. Perú, Camba Campos, Quintana Coello y Ríos Avalos vs. Paraguay.

En Ríos Avalos (2021), sobre dos ministros de la Corte Suprema destituidos en 2003 por sus sentencias, la Corte declaró violados los arts. 8.1 y 25.2.c): los cargos se basaban en el contenido de sus fallos, había un acuerdo político previo y se prohibía recusar senadores, las sentencias que anularon la destitución no se ejecutaron y las acciones de inconstitucionalidad tardaron unos seis años. Ese «plazo razonable» se refiere a la duración de los recursos, no al tiempo para preparar la defensa. Sí confirma que el juicio político está sujeto al art. 8. Aquel juicio duró unas tres semanas y media desde la acusación; el de Peña, un día. A Lugo, en 2012, le dieron dos horas.

El Senado puede alegar la naturaleza política del juicio, la comparecencia de los abogados, la urgencia y la unanimidad. Mi lectura es que la restricción debe ser proporcionada y motivada, y que el riesgo de fuga se enfrenta con medidas cautelares. La Corte IDH aplicó este estándar a jueces, no a un presidente electo.

El art. 189 depende de una condena y el art. 202 deja la renuncia en manos del Congreso. Resolver a favor de la continuidad del juicio es defendible, pero la negativa de las 72 horas es el flanco más débil de la destitución. Si la culpabilidad cayera por vicios de procedimiento, se reabriría la discusión sobre la senaduría vitalicia.