Es imposible sustraerse a la intensa dinámica que viene desarrollando la sociedad dominicana en estos días: una concatenación de eventos mediáticos que van desde la gran tragedia del Jet Set hasta denuncias (falsas o verdaderas) contra funcionarios, así como la captura y apresamiento de comunicadores. No se puede negar que todo lo que está sucediendo tenga repercusiones serias para el destino del país.
La gravedad de los hechos cotidianos es un síntoma claro del estado social en el cual se encuentra una nación. Algunos articulistas, como Luis Tavera (Diario Libre, 22.5.2025), sintetizan “la insoportable convivencia dominicana” en una sociedad tocada por la anomia.
Nuestras carencias educativas, el libertinaje, la corrupción y la improvisación han alertado sobre el hecho de que hemos institucionalizado la indisciplina y el desorden, en plena crisis ética y moral. Vivimos amenazados desde fuera y secuestrados por dentro.
Una ya no tiene nada que decir, sino preguntar: ¿Qué podemos hacer para entender la gravedad que nos ocupa?
La desmesura de los hechos se ha manifestado en las reacciones de algunos grupos contra la migración haitiana y la supuesta pérdida de soberanía, así como en las políticas aplicadas para frenar dicha migración, activa desde hace más de un siglo. Haití se ha convertido en nuestro problema central, como si no hubiese estado allí desde siempre.
Como estudiosa del tema migratorio, observamos las acciones que se han llevado a cabo, inspiradas en la idea de una “nación en peligro”: redadas, deportaciones, persecuciones, violaciones, protocolos hospitalarios, etc.
Abinader declaró (26-5-2025) en su cita de los lunes: “Haití es un problema para la región, nosotros lo sabemos y nos estamos protegiendo”.
El país parece haber perdido el norte. Su imagen a nivel internacional ha pasado de la de una sociedad acogedora a la de una sociedad persecutora, violadora de derechos humanos, racista y xenófoba. Se ha opacado así el largo historial de solidaridad del pueblo dominicano con su vecino, y todo el esfuerzo que realiza el presidente Luis Abinader desde el asesinato de Jovenel Moïse (21 de julio de 2021), solicitando ayuda internacional para Haití.
Al mismo tiempo, asistimos a la culminación de la descomposición del Estado haitiano, que en apenas cuatro años dejó de ser “débil”, “disfuncional”, “fallido” y “asistido” para convertirse en un Estado colapsado, incapaz de defender su propio territorio, controlado por bandas criminales en complicidad con diversos sectores, incluso religiosos.
Para frenar esta situación, los políticos haitianos solicitaron la presencia de una fuerza multinacional liderada por Kenia, que no ha contado con todo lo prometido. Se requiere una fuerza militar bien pagada, equipada, conocedora del territorio y magistralmente dirigida, algo que los kenianos no han podido ni podrán hacer.
Pero nadie conoce cabalmente lo que está pasando en esa realidad. Las estadísticas de la desgracia haitiana solo las conocen ellos, con su enorme resiliencia: más de 4,000 muertos en solo seis meses del 2025 (ONU), víctimas de la violencia de las bandas; miles de cuerpos quemados en las calles; niños famélicos, heridos; mujeres violadas; venta de órganos; 800,000 desplazados y un solo hospital funcionando para 11 millones de personas amenazadas. Todo bajo un gobierno provisional incapaz de ponerse de acuerdo y de integridad cuestionable. ¿Acaso eso no es una realidad en guerra?
En ese contexto, el presidente Abinader declaró (26-5-2025) en su cita de los lunes: “Haití es un problema para la región, nosotros lo sabemos y nos estamos protegiendo”.
Faltó declararnos en estado de emergencia ante un vecino en guerra, como lo reconoció el 31 de marzo Fritz Alphonse Jean, presidente del Consejo Presidencial de Transición: “El país está en situación de guerra”, y llamó a la población a unirse con las autoridades para enfrentar la tragedia.
¿Estamos preparados para vivir al lado de un vecino en guerra?
El presidente Abinader parece presentir lo que esto representa, al hacer un llamado a los tres expresidentes y al Consejo Económico y Social para enfrentar la crisis con objetividad. Aunque no creemos que sirva de mucho, porque lo peor de la presión migratoria aún está por llegar.
Con un territorio 85 % controlado por bandas, la negativa de EE. UU. a otorgar visas a los haitianos, la incapacidad de la fuerza pacificadora y la inminente hambruna, todo presagia un aumento en la presión migratoria hacia nuestro país. A ello se suma la posibilidad de una confrontación armada para eliminar las bandas, que al no negociar, se escudan en la población civil, intensificando el derramamiento de sangre.
Mientras tanto, en la sociedad dominicana están dadas las condiciones para que se instale un clima de ingobernabilidad, dada la frágil institucionalidad, la corrupción, la escasa conciencia ciudadana y el discurso de odio hacia el migrante haitiano.
Es necesaria una política migratoria integral que regule objetivamente la migración, ya que las demandas de ciudadanos que salen de un país en guerra son distintas.
Necesitamos una política migratoria basada en el respeto al ser humano, sostenida en la noción de seguridad humana, planteada en el informe del PNUD de 1994. Estos elementos fueron brillantemente presentados en el editorial de Acento el 16.6.2025: “Adoptar la seguridad humana como eje de las políticas migratorias no es sólo un imperativo ético: es también una estrategia más realista, sostenible y coherente con los compromisos internacionales en derechos humanos, desarrollo y paz.”
Debe cumplirse rigurosamente la ley y castigarse a quienes negocian con el tráfico de personas, porque perseguir y deportar al haitiano desesperado mientras otros lucran con su desgracia, puede generar un conflicto interétnico cuya magnitud no hemos dimensionado. Ellos defenderán el espacio adquirido en todos estos años de indiferencia institucional y falta de control.
Las autoridades dominicanas deben tomarle la palabra a Albert Ramdin, secretario general de la OEA, quien ha dicho: “Haití es mi prioridad”, y observar las críticas del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el protocolo de verificación migratoria adoptado en los hospitales de República Dominicana, que pone en riesgo la vida de miles de parturientas haitianas.
Exigir en los foros internacionales una acción inmediata para frenar la violencia en Haití, mientras se continúa maltratando al haitiano en República Dominicana de la forma en que se está haciendo, es una dicotomía que nos descalifica internacionalmente y pone en duda nuestra buena voluntad.
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